20170917

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se reunió ayer por sorpresa con el presidente catalán, Carles Puigdemont, en un encuentro en el que ambos políticos coincidieron en que el diálogo «es necesario antes y después» del referéndum del 1-O. Aunque en público el PNV ha evitado abrir una brecha con el nacionalismo catalán por el recurso presentado contra la tarifa eléctrica vasca pactada con el Gobierno central, en privado Ortuzar sí trasladó al president el malestar de su formación por el paso dado por la Generalitat en Bruselas. Puigdemont alegó que con ese movimiento sólo han buscado la «defensa de los intereses catalanes» porque consideran que la rebaja de los costes eléctricos es una «ayuda de Estado».

El pasado 30 de agosto, en el donostiarra Palacio de Miramar, el lehendakari, Iñigo Urkullu explicó que el Gobierno vasco monitoriza mediante «un seguimiento puntual» y constante a 36 empresas que, de una u otra manera, están pasándolo realmente mal. Pero, ¿cómo se abordan esas situaciones, muchas veces extremas?, ¿quién en el Ejecutivo se enfrenta a esa tarea tan ingrata? Según han explicado sus protagonistas, esa ‘UCI de las compañías vascas en apuros’ se encuadra en el gabinete de Arantxa Tapia. Ese grupo de rescate está coordinado por Alejandro López Cárcamo, cuya labor como director de Desarrollo Industrial es la de «promover medidas de apoyo para los sectores y empresas». Junto a él, Javier Zarraonaindia, viceconsejero de Industria, que hace las veces de conexión con el resto del departamento de Tapia, con el conjunto del Ejecutivo y con Diputaciones y ayuntamientos. Ese equipo tiene identificadas de forma constante a una serie de empresas a las que seguir la pista. Es esa lista a la que hacía referencia el lehendakari y en la que ya hay 40 empresas, pues en las últimas semanas se han sumado cuatro.

España siempre se ha caracterizado por ser uno de los estados de la Unión Europea que menos gasto público acarrea, muy por debajo de la media comunitaria. Y así se ha mantenido también durante la última década, pese a que la Gran Recesión ha sido aquí especialmente virulenta. Bien es verdad que la diferencia se ha ido reduciendo de forma progresiva en los últimos 20 años: desde los casi siete puntos de distancia que había en 1995 hasta los cuatro puntos actuales. En 2007, justo un año antes de que estallara la crisis, la Administración pública española destinaba el 39% de su PIB al denominado estado de bienestar, 5,7 puntos menos que la media europea (44,7%) y 6,3 puntos menos que la eurozona, según datos de Eurostat. Diez años después, España ha aumentado su gasto público un 3,4% hasta representar el 42,4% de su PIB en 2016, casi el doble que la media europea (1,9%). Sigue por debajo de la media comunitaria aunque, como la UE ha disminuido su gasto, se ha acercado hasta los 4,2 puntos de diferencia, que se elevan hasta un 5,4% sobre la zona euro.

Cuenta atrás para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que el Consejo de Ministros aprobará el viernes próximo. Para entonces el Gobierno habrá finalizado ya las primeras  negociaciones con sus aliados para aprobar esas cuentas públicas, empezando por Ciudadanos. Esta vez el respaldo del partido de Albert Rivera parece logrado de antemano tras dar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su brazo a torcer a finales de junio. Habrá rebaja fiscal el año próximo, pese a que el titular del área prefería retrasarla hasta final de legislatura. El coste estimado de esa reducción tributaria será de 2.000 millones de euros –el Ejecutivo trata aún de aminorar algo esa cantidad, mientras Ciudadanos querría estirarla– y se centrará en los trabajadores que ganan menos de 14.000 euros anuales (elevando el mínimo exento).

En un momento en que empresas como La Naval o Fagor navegan por aguas turbulentas, el responsable de la principal industria vasca –el 4,2% del PIB– podría sacar pecho tras el anuncio de que la planta alavesa de Mercedes contratará este año a 1.350 trabajadores indefinidos. Pero Titos opta por la prudencia y, en esta entrevista, prefiere poner en valor el peso que tiene la actitud positiva de la parte social para la competitividad de la empresa. El alto directivo no oculta su temor a que una reforma fiscal penalice a la industria vasca, y se opone frontalmente a una subida del Impuesto de Sociedades que supondría «claramente reducir el empleo». Afirma que sin «colaboración de la parte social» son imposibles acuerdos como el que permitirá hacer 1.350 contratos fijos en su empresa

Desde el punto de vista académico, Emilio Titos, director de la planta de Mercedes Benz en Vitoria, se define como un «producto» de la formación dual que desarrolló en Alemania para convertirse en ingeniero. Ahora apuesta de manera decidida por ese modelo que empieza a dar resultados en la planta de Mercedes en Vitoria.

¿Cuál será el  modelo energético de España en 2050? Esta cuestión es precisamente la que desde este mes de septiembre está estudiando una comisión de expertos creada por el Gobierno para analizar e impulsar el proceso de transición energética del país. Varios de sus integrantes analizan los principales retos en esta materia y proyectan cómo será el nuevo entorno energético. La firma del Acuerdo de París obliga a que en la mitad del siglo XXI las emisiones contaminantes se hayan reducido entre un 80% y un 95% con respecto a los niveles de 1990. Y tres cuartas partes de esas emisiones proceden hoy de usos energéticos.

El ritmo de constitución de sociedades en Gipuzkoa el pasado año fue a contracorriente de la media vasca, en sentido positivo. Durante 2016, las 1.011 nuevas firmas creadas significaron un incremento del 10% en un periodo en el que en Euskadi esta tendencia fue la opuesta, al caer un 4% la iniciativa emprendedora. La recuperación de compañías que nutran el tejido empresarial guipuzcoano es un dato positivo después de que en 2015 sufriera un parón significativo, ya que se redujo un 12% después de haber vivido dos años de aumentos que hacían pensar en una recuperación de la confianza en la mejoría de la economía.

Los ministros de Finanzas de la Unión dieron ayer en Tallin un primer paso para desarrollar una nueva forma de gravar a empresas como Google, Amazon, Facebook o Apple, a quienes acusan de hacer negocios «pagando importes mínimos en impuestos». Francia lideró una propuesta que suscriben también Alemania, Italia y España, para reclamar a la Comisión Europea que diseñe la manera de imponer una tasa sobre la facturación de las empresas tecnológicas a mediados de 2018. Hasta 10 países suscriben ya esa petición. Y una veintena de ministros del Ecofin se declararon a favor. El problema es que cualquier paso en esta línea choca con Luxemburgo, Malta o Irlanda, como se vio en la reunión informal del Ecofin en Estonia.

El edificio principal del Parque Miramon y Eureka! Zientzia Museoa acogerán el 29 de septiembre la segunda edición de STARTinnova Summit. Se trata de una jornada que tiene como objetivo unir al mundo de la Educación, las grandes empresas y las startups, con el fin de trabajar juntos por una sociedad emprendedora, reflexionar sobre modelos educativos que promuevan las habilidades para emprender, asistir a diálogos entre directivos de grandes empresas y fundadores de startups, de las que se conoceran algunas de las más prometedoras en sectores clave.

Analistas y servicios de estudios se esfuerzan por cuantificar los daños de las catástrofes naturales. Pero, aunque el impacto a corto plazo sobre la actividad es sin duda negativo, el saldo final no está tan claro. Diversos economistas llevan años analizando qué ocurre cuando la naturaleza pierde el control; y estiman que, bajo determinadas circunstancias, las catástrofes pueden incluso servir como un estímulo en el PIB. Como sintetiza Mark Skidmore, uno de los expertos que más ha escrito sobre esto, «los desastres naturales juegan un papel importante en la actividad macroeconómica». Pero, añade, «no siempre en la forma en la que uno esperaría». Skidmore insiste en diferenciar los efectos iniciales y los que tardan unos años en llegar. Nada más producirse una catástrofe, las consecuencias son siempre negativas. «Pero en el medio y largo plazo hay factores que pueden resultar beneficiosos: la reconstrucción, los fondos que aportan las aseguradoras y las ayudas estatales pueden generar un efecto positivo», sostiene.

El sector de la promoción de viviendas en España está de vuelta tras una década a la deriva en la que muchas de las grandes firmas se han ido a pique. Entre concursos de acreedores, absorciones o liquidaciones, gigantes históricos como Parquesol o Martinsa-Fadesa se han quedado en el camino. La crisis económica ha puesto fin a la actividad de numerosas compañías endeudadas con grandes bolsas de suelo devaluadas y, en algunos casos, poco profesionales y carentes de transparencia. Pero la misma crisis también ha dado a luz a un nuevo sector productivo, más institucionalizado, que proclama haber aprendido de los errores de sus antecesoras.  Por delante tienen desafíos importantes, como facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, reducir costes, la industrialización del sector, poner en el centro al cliente para evitar los desmanes pasados, y mejorar la imagen del ramo siendo intolerantes con toda forma de corrupción.

Euskadi se miró ayer, por unas horas, en el espejo catalán. El tiempo dirá si la imagen de unidad abertzale en pro del derecho a decidir que PNV y EH Bildu proyectaron al caminar de la mano por las calles de Bilbao en defensa del referéndum ilegal del 1 de octubre es flor de un día o un proyecto naciente. En cualquier caso, el PNV echó el resto para cerrar filas con el independentismo catalán y envió una amplísima delegación política –y, lo que resulta más llamativo, también institucional– a la marcha convocada por Gure Esku Dago bajo el lema ‘Votar para decidir. Democracia. Cataluña, estamos con vosotros’. La fotografía resultante recordó vivamente a la que ha impulsado el ‘procés’: la de la colaboración política entre el nacionalismo institucional y la izquierda independentista, bajo la batuta de plataformas sociales de cariz soberanista.