20170916

Cuando la industria pesada vasca empezaba a confiar en que en 2018 su tarifa electica iba a asemejarse a la de la mayor parte del Estado, solventando así una reivindicación histórica, el tejido económico catalán ha puesto en riesgo esa posibilidad pactada en el acuerdo presupuestario firmado por PP y PNV. El Síndic de Greuges (defensor del pueblo de Cataluña) solicitó el pasado mes de julio a la Comisión Europea que investigase si la reforma del peaje eléctrico puede esconder «una ayuda de Estado encubierta», El caso condiciona seriamente la aprobación de esa modificación tarifaria, ya que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, supeditó su aceptación a que fuera validada tanto por la Comisión Europea como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde Confebask, su director general, Eduardo Arechaga, dijo estar «absolutamente sorprendido» ya que el acuerdo entre PP y PNV «es para aliviar una desventaja» con respecto al resto de España, y no para «dar ventaja» a las firmas vascas. Además, apuntó que el recurso crea una preocupante «inseguridad jurídica» y una incertidumbre porque se inicia una proceso largo que nadie sabe cómo va a terminar.

Los salarios vascos, que han sido tradicionalmente los más elevados del Estado, hace tiempo que dejaron el primer puesto del podium en favor de Madrid para conformarse con la medalla de plata. Pero trimestre a trimestre la distancia que mantiene Euskadi respecto a otras comunidades se va reduciendo paulatinamente, como lo revela una vez más la Encuestra trimestral de Costes Laborales, que dio a conocer ayer el INE. Entre abril y junio los sueldos se redujeron en el País Vasco un 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que le sitúa como la tercera comunidad con el mayor descenso empatada con Cantabria y solo precedida por Castilla y León (-3,3%) y por Murcia (-3%). Una caída muy superior a la media estatal, que se limita a una décima. Así, con un coste salarial de 2.163 euros por trabajador y mes, aumenta la brecha respecto a Madrid, donde asciende a 2.296 euros.

Según la Encuesta Trimestral de Costes Laborales que ayer hizo pública el Instituto Nacional de Estadística (INE), referida al segundo trimestre, a las empresas españolas cada empleado les cuesta de media 2.584,58 euros, un 0,2% menos que hace un año. En esa cifra están incluidas tanto remuneraciones como cotizaciones sociales. Si se toma en cuenta sólo los costes salariales (1.942 euros), la bajada interanual es del 0,1%. Una contracción que se produce cuando el PIB está creciendo a un ritmo del 3,1%, lo que implica gran pérdida de poder de compra de los asalariados. De esta forma, el coste laboral retorna de nuevo a terreno negativo después del estancamiento registrado en el primer trimestre, con el que ponía fin a doce meses consecutivos de retrocesos interanuales tras haber cedido un 0,2% en el primer trimestre de 2016, un 0,1% en el segundo, un 0,5% en el tercero y un 0,8% en el cuarto del año pasado.

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, advirtió ayer de que «difícilmente» se puede sostener el crecimiento de la economía «si no crecen los salarios», y abogó por poner en marcha una «agenda reformista de largo plazo» en ese sentido. En su intervención en un desayuno con empresarios, el ejecutivo afirmó que la política monetaria expansiva «genera crecimiento, pero no se traduce en incremento de salarios», y eso es la primera vez que pasa. «En España se puede decir que no suben los salarios porque la tasa de paro aún es alta», señaló, pero alertó de que «si el mundo no resuelve eso, que mejoren los salarios, será un problema de mucho calibre».

El director general de economía y estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, presentó ayer en Londres un estudio en el que valora positivamente la política monetaria no convencional seguida por el Banco Central Europeo (BCE). Las conclusiones del documento, que fue leído en el marco de la Conferencia Anual de la Society of Business Economists, destacaba que los estímulos han permitido que la eurozona disfrute de «una robusta recuperación» que ha resistido las convulsiones políticas. Una situación que contrasta notablemente con la que se vivía en 2014, cuando la baja inflación coexistía con una tímida recuperación de las economías del euro, que se habían contraído durante los dos años anteriores.

Solamente el mercado laboral de otros dos países europeos tiene tan pocos puestos de trabajo disponibles como los que hay en España. Se trata de Bulgaria y Chipre, donde la tasa de empleos vacantes se situó también en el 0,8% en el segundo trimestre, según Eurostat. En el caso español, esta referencia no ha sufrido variaciones en ese periodo. Entre los 28 miembros de la UE, la media de esta estadística se encuentra en el 2%, frente al 1,9% anotada entre enero y marzo, y dos décimas más que el dato obtenido en el último trimestre del año pasado. Si solo se tienen en cuenta las economías de la zona euro, la tasa de vacantes disponibles se encuentra en el 1,9%, dos décimas más que a finales de 2016.

El sindicato CC OO reclamó ayer al Gobierno vasco que impulse un «plan de choque», acordado con los agentes sociales, que prevea situaciones de crisis en las empresas y establezca mecanismos y «recetas» para combatirlas. En conferencia de prensa en Bilbao, la secretaria general de CCOO de Euskadi, Loli García, mostró su preocupación por la delicada situación por la que atraviesan algunas empresas industriales vascas, en concurso o preconcurso de acreedores y con Expedientes de Regulación de Empleo presentados, en una situación que calificó «de emergencia» y necesitada de «medidas inmediatas». Según advirtió, algunas situaciones son fruto de «una mala gestión o planificación que se puede llevar por delante la vida laboral de muchos trabajadores».

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) van a estudiar cómo abordar la tributación de las grandes multinacionales de la economía digital. Muchos de ellos piensan que empresas como Google, Amazon o Facebook no pagan todos los impuestos que deberían pagar y están estudiando maneras de corregir esa situación. De momento, va cogiendo fuerza la idea que presentaron Alemania, Francia, Italia y España la semana pasada: que estas empresas paguen un «impuesto de compensación» en función de sus ingresos. Los ministros del Ecofin se encuentran hoy en Tallín (Estonia), para una reunión informal. Según dijo ayer el representante francés, Bruno Le Maire, ya habría al menos nueve países apoyando la propuesta.

Jarro de agua fría sobre los planes de la Comisión Juncker para ampliar el euro. Bruselas propone una ambiciosa agenda de reformas, que incluye un Fondo Monetario, un presupuesto anticrisis y la ampliación exprés del euro a todos los países de la UE. La cuestión es si hay voluntad política para ello. Y la primera respuesta política es desfavorable: «La expansión del euro debe ser un proceso natural, sin forzar a nadie, una vez se cumplan los criterios de convergencia», explicó el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Alemania, Francia, Italia y España presentarán sus planes, probablemente menos ambiciosos, en otoño.

El ramal guipuzcoano de la ‘Y’ vasca estará finalizado en el primer trimestre de 2019, un año antes de la última previsión que el Gobierno vasco manejaba hasta ahora. Así lo ha dicho el departamento que encabeza Arantxa Tapia, que ha decidido imprimir máxima velocidad a las obras bajo su gestión y ha reestructurado el mapa de ruta para acelerar unos tiempos siempre sujetos a imprevistos y que ya han obligado, en muchas ocasiones y tramos, a alargar plazos, rehacer proyectos y modificar los planes de una infraestructura, que a día de hoy, tiene fijada su fecha de inauguración en 2023.

Las administraciones públicas pueden hacer por impulsar la innovación mucho más que conceder ayudas propias o gestionar las procedentes de instituciones supranacionales. Pueden convertirse en agentes activos a través de sus decisiones de compra, en un movimiento que se encuentra fuertemente implantado en Estados Unidos o Israel, y que en el Estado comienza a arraigarse. El experto en compra pública innovadora Manuel Varela profundizó en esta práctica durante su intervención en la entrega de los Premios Toribio Echevarria que, precisamente, reconocen la apuesta empresarial por la innovación. Varela considera que un 3% de inversión en compra pública innovadora es un buen porcentaje para impulsar la actividad de I+D en una economía

El astillero La Naval de Sestao nombró ayer un nuevo consejo de administración, que será el encargado de conducir la empresa durante las próximas semanas, hasta que se produzca la intervención judicial como consecuencia del procedimiento concursal en el que está inmersa. Astilleros Murueta, en la práctica, ha tomado el control de la sociedad en esta recta final previa a la presentación del concurso de acreedores, al tiempo que la consultora Norgestión ha sido designada como asesores legales del proceso.

La apuesta del fondo de inversión Columbus por el parque tecnológico de Miramón es firme. Así lo asegura el científico y empresario valenciano Javier García, fundador de la firma junto a otro investigador, Damià Tormo. Ambos convencieron a la biotecnológica estadounidense Asklepios para asentarse en Donostia, creando conjuntamente la compañía Viralgen. García afirma que el ecosistema científico-tecnológico de Miramón es de primer orden y añade que está analizando nuevas inversiones.

El Gobierno dio ayer un ultimátum de 48 horas a la Generalitat: o se compromete por escrito a no desviar un euro de su presupuesto a la organización del referéndum, o desde el lunes Montoro intervendrá todas las cuentas públicas de Cataluña. La advertencia llegó después de anunciar el ministro de Hacienda que intervenía los pagos de servicios esenciales como sanidad, educación y gastos sociales, además del abono de las nóminas a los funcionarios. El control será total si Puigdemont no cumple lo pactado en un plazo máximo de 48 horas

«Uno de los temas que despierta más controversia entre los economistas y que resulta más sensible para la opinión pública son los salarios. […] Los salarios no crecen porque tampoco lo hace la productividad, es decir porque no aumenta la producción por trabajador. Y ello se debe a que una buena parte del empleo que se crea en España es precario, de baja cualificación profesional y en sectores donde es difícil que aumente la productividad».