20170915

Confebask ha formalizado su adhesión a la Alianza Europea de Aprendices (EAFA) creada por la Comisión Europea para impulsar la formación dual y la movilidad internacional de los estudiantes para facilitarles prácticas en diferentes países. En Euskadi en 25 años de colaboración entre empresas, Gobierno y centros de FP cerca de 200.000 estudiantes han podido formarse en 8.000 empresas.

El número de alumnos matriculados en FP Dual ha crecido un 48% en Euskadi en el curso 2017-2018, según desveló ayer la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, quien precisó que el 81,73% de los estudiantes firman un contrato de trabajo al día siguiente de finalizar este tipo de formación. En números absolutos, los alumnos que participan en este programa han pasado de los 124 del curso 2012-2013, a los 1.804 que están participando durante este curso 2017-2018. Los datos fueron comunicados durante las Jornadas Internacionales de Formación Profesional, que bajo el lema ‘Avanzamos’ se celebran ayer y hoy en San Sebastián. Uriarte subrayó que la evolución ha sido también muy importante en el número de empresas participantes en la FP dual, que han pasado de las 95 iniciales a las 1.023 actuales. Del curso pasado al actual, el incremento del número de empresas participantes ha crecido un 38%.

Las haciendas vascas cerrarán este ejercicio con una recaudación que batirá todos los récords históricos y se situará por encima de los 13.772 millones de euros que las diputaciones consiguieron ingresar en el mejor año antes del inicio de la crisis, en 2007. Los datos de ingresos fiscales desde el pasado mes de enero son, simplemente, espectaculares y superan todas las previsiones. A finales del mes de agosto y con el cómputo de los ocho primeros meses del año en la mano, las diputaciones han recaudado un total de 9.100 millones de euros, lo que representa un 13,8% más que en el mismo periodo del pasado año. Esto es, 1.107 millones más que en el periodo de enero a agosto de 2016. La estimación oficial apuntaba a un aumento de la recaudación de tan sólo el 4,21%, lo que supone 9,6 puntos menos de la evolución real de los ocho primeros meses.

El despegue en la recaudación de impuestos en el País Vasco ha coincidido con la recta final de la reforma fiscal, aunque sus principales protagonistas, PNV y PSE, coinciden en señalar que quedará reducido a unos cuantos «retoques». Eso sí, en una dirección clara, que no es sino la de incrementar la presión fiscal porque los poderes públicos consideran que no han alcanzado aún el nivel de gasto que desean tener. PNV y PSE mantienen estos días una intensa negociación para cerrar la propuesta final, que se trasladará a las tres diputaciones forales para iniciar su tramitación en las respectivas Juntas Generales. Fuentes socialistas aseguran ya que han conseguido imponer al PNV un aumento de la presión fiscal sobre las empresas –impulsado también por el consejero jeltzale de Hacienda, Pedro Azpiazu–, que incluiría el mantenimiento del 28% como tipo general en el Impuesto de Sociedades. Un tipo que se sitúa tres puntos por encima del que aplica la Administración central y que supone ya un claro atractivo para las inversiones en las comunidades autónomas limítrofes, como Cantabria y La Rioja.

La economía pierde fuelle después de una primera mitad del año en un marcado proceso de aceleración. BBVA Research alertó ayer de que el crecimiento del PIB se podría moderar al 0,7% en el tercer trimestre del año entre julio y septiembre. Con ello, la actividad se frenaría dos décimas respecto al avance registrado en el segundo trimestre del ejercicio. En un informe, el servicio de estudios de BBVA indica que esta desaceleración se debe a que «el mercado laboral ha perdido dinamismo a lo largo del trimestre». A la debilidad del dato en julio hay que añadir que «la afiliación a la Seguridad Social volvió a moderar el ritmo de recuperación en agosto».

La protección especial frente a los despidos que tienen las trabajadoras embarazadas durante la gestación no desaparece en los ERE. Por tanto, las empresas que acometen una reducción de plantilla deben tener presente que el despido de embarazadas Las conclusiones elaboradas por la abogada general europea contestan a una cuestión prejudicial que fue planteada por el despido, en noviembre de 2013, de una trabajadora de banco que estaba embarazada. El caso ha llegado hasta la Corte de Luxemburgo desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que elevó la cuestión prejudicial. Lo hizo tras recibir el recurso de la empleada, que había denunciado su despido ante un juzgado de Mataró que se pronunció a favor de Bankia.

La Comisión Europea propuso ayer crear un sistema de vigilancia de inversiones de terceros países en sectores estratégicos de la Unión Europea. El proyecto de reglamento prevé permitir a los Estados que veten inversiones y operaciones corporativas de otras empresas comunitarias en industrias sensibles cuando quien esté detrás del comprador sea realmente un inversor foráneo. Aunque oficialmente nadie lo menciona por su nombre, el principal temor del Ejecutivo comunitario y de muchos Estados Miembros es la entrada de empresas chinas en sectores como la energía, el transporte, la tecnología y la investigación y el desarrollo europeos

El Ministerio de Hacienda avisó ayer a los representantes de los funcionarios de que el alza salarial para 2018, 2019 y 2010 que están negociando no podrá superar el 2% en cada ejercicio antes las obligaciones de contención del déficit que tiene España. Así lo alertó ayer en una reunión entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y CCOO, UGT y CSIF para negociar la subida salarial en 2018 en la que el Fisco no concretó más cuál es su propuesta salarial. El Gobierno dará a conocer la próxima semana su oferta, previsiblemente en la reunión que se ha convocado para el martes, aunque podría retrasarse a la Mesa General de Función Pública que se convocará el jueves, el día antes de que el Consejo de Ministros apruebe los Presupuestos para su remisión a las Cortes.

Los jueces en prácticas designados para llevar los casos sobre cláusulas abusivas en Euskadi están asestando un duro golpe a la banca al pronunciarse de forma clara a favor de los consumidores. Los primeros fallos dictados a primeros de septiembre en Bilbao sobre gastos hipotecarios atienden casi de forma íntegra las pretensiones de los demandantes. Pero los togados están trabajando a buen ritmo y ya han emitido varias decenas de sentencias tanto en la capital vizcaína (23) como en Vitoria (18) y San Sebastián en una línea muy similar. Dada su posición en favor de los intereses de los clientes, es de esperar que la cifra de 2.383 reclamaciones contra entidades financieras ya presentadas en el País Vasco crezca a toda velocidad.

Un informe de Goldman Sachs, en el que advierte de los recortes que podría sufrir el sector eléctrico en los ingresos que recibe por parte del Gobierno, disparó ayer la alarma en Bolsa entre los grupos energéticos españoles, que lideraron las caídas del Ibex. Iberdrola cedió un 1,75%, Gas Natural se dejó un 3,15%, Endesa perdió un 2,29%, Red Eléctrica cedió un 2,46%, y Acciona, con fuertes intereses en renovables, perdió un 2,33%. Goldman Sachs explicó en un informe restringido a inversores que el mercado «parece no estar teniendo en cuenta» algunos factores negativos que afectarán a las eléctricas próximamente, entre ellos, los recortes que prepara el Gobierno en la retribución a las redes de distribución y las subvenciones.

Por Xabier Gurrutxaga

La confrontación por la situación de Cataluña se intensifica cada día que pasa y extiende su influencia impregnando toda la vida política y social con su poderosísima vis atractiva. Las partes enfrentadas están inmensas ciegamente en sus respectivas estrategias basadas en la irreversibilidad de sus actuaciones y donde no se contempla, ni siquiera como mero ejercicio de prudencia, un dispositivo de ‘tregua’ que permita sosegar o suspender la espiral de acción-reacción. No hay estrategias ni instancias para el diálogo y el acuerdo, sólo se actúa en base a la dinámica de vencedores y vencidos. Sin embargo, el hecho curioso es que tanto unos como otros saben que el llamado problema catalán, ciertamente de difícil arreglo, solo se puede abordar desde el diálogo y el acuerdo.

La rectora, Nekane Balluerka, quiere más implicación «de las instituciones, las entidades sociales, empresariales y culturales» y una mayor financiación para la Universidad del País Vasco. Ofreció la garantía de «hacer un uso riguroso de los fondos públicos» y el esfuerzo para lograr «una docencia e investigación de calidad». Es el mensaje que lanzó ayer durante el acto de apertura de curso, presidido por el lehendakari y en el que estuvo presente también la consejera de Educación, Cristina Uriarte. Urkullu le respondió con otra petición a la UPV/EHU: que participe en el reto de «avanzar» en la empleabilidad de los jóvenes, uno de las prioridades de su Gobierno. Y defendió la inversión del Ejecutivo vasco en investigación universitaria.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró ayer que su Gobierno «aboga y cree en la continuidad» de La Naval y por ello, además de contribuir con «créditos participativos» y otras vías de inversión, dijo ver «posible» la toma de una «participación pequeña» en el accionariado del astillero. En una entrevista radiofónica, Urkullu, expresó su deseo de que a partir del 7 de octubre se desarrolle «un proceso concursal lo más ordenado posible y que la actividad de La Naval tenga continuidad». Aunque se hizo la pregunta retórica sobre si «el Gobierno vasco tendría que entrar en el accionariado de todas las empresas en crisis», en el caso del emblemático astillero de Sestao reconoció que «estamos analizando» la posibilidad de entrar con una «participación pequeña».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que hay que ser honestos con los ciudadanos y reconocer que, se celebre lo que se celebre el día 1 de octubre en Cataluña, «no tiene las garantías debidas». En su opinión y, aunque está seguro de que el Gobierno catalán no va a renunciar a las decisiones adoptadas, todavía hay espacio para el diálogo, por cuanto desde el Ejecutivo catalán «ha habido pronunciamientos de estar dispuestos a hablar».

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, abogó ayer por buscar una «vía intermedia» para solucionar el desafío del independentismo catalán. Una vía que esté «entre la independencia y el acatamiento porque sí, y una sumisión total [del Gobierno catalán al ordenamiento jurídico]». Rosell defendió su propuesta de reformar la Constitución para dar cabida a las reivindicaciones del nacionalismo catalán. El líder de los empresarios suavizó así el comunicado que la propia patronal hizo el martes sobre la cuestión. Entonces, la Junta Directiva de la CEOE obligó a Rosell a mostrar el rechazo contundente de los empresarios a la pretensión de la Generalitat de Cataluña de celebrar, el próximo 1 de octubre un referéndum ilegal sobre la independencia.

La amenaza de insumisión fiscal de Cataluña se ha cumplido. El miércoles por la noche, el Gobierno recibió una carta de Junqueras en la que informa de que la Generalitat dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará el mensual, con lo que no remitirá ninguna información hasta pasado el referéndum. El Gobierno ha estado preparando en las últimas horas una batería de medidas que aprobará hoy el Consejo de Ministros entre las que se prevé la creación de un instrumento para que Hacienda asuma directamente los pagos del sistema de financiación a Cataluña. Entre las medidas que se prevé incluir está la gestión directa del gasto social de la Generalitat, el grueso del Presupuesto de la región, en forma de pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica.

«Creo sinceramente que nadie duda de que el diálogo social constituye hoy una de las señas de identidad de las sociedades más democráticas y desarrolladas. […] Pero para sentar de forma sólida las bases de una acción política y de gobierno que incorpore este diálogo social como uno de sus elementos centrales creo que debemos comenzar por hacer un esfuerzo compartido para precisar correctamente y de forma consensuada su alcance. […] Creo también honestamente que necesitamos de una reflexión profunda y pausada sobre nuestro nivel de compromiso, como gobierno y como agentes sociales, con un diálogo social que haga de la concertación no solo una proclama formal, sino un método real de trabajo en la búsqueda de soluciones eficaces y consensuadas y una práctica que nos permita ir asentando progresivamente una nueva cultura de gobierno y de gestión de lo público. Y este objetivo pasa por garantizar de forma previa un espacio estable y jurídicamente protegido que posibilite la intervención de sindicatos y organizaciones empresariales más representativos en los procesos de elaboración y diseño de las políticas públicas».