20170908

La industria vasca aumentó su actividad el pasado mes de julio un 0,8% respecto al mismo mes de 2016, con lo que el índice de producción industrial acumuló un crecimiento del 2,2% en los siete primeros meses del año. Comparado con el mes anterior, junio, la producción industrial de la comunidad autónoma vasca bajó un 1%, según informó ayer el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). La energía se ha convertido en lo que va de año en el auténtico motor de la producción industrial vasca. Por territorios, la evolución interanual del Índice de Producción Industrial tuvo signo positivo en Gipuzkoa, donde ascendió un 2,9%, y en Bizkaia, con un incremento de 1%, mientras que en Álava se dio un descenso del 3,6%. En el caso vizcaíno, la estadística hasta julio no recogía aún el impacto que puede tener la práctica paralización de las actividades en el astillero La Naval, de Sestao, que extiende sus efectos a un buen número de empresas proveedoras del territorio.

La consejera ofreció los datos de matriculación, entre los que destacó la reducción de un 2,10% en los niños del primer ciclo de Infantil (0-2 años) y del 2,7% entre los de 3 a 5, que achacó al «efecto del descenso de la natalidad». Resaltó, además, como una de las grandes sorpresas de este curso es el incremento en dos puntos de los estudiantes de la FP – 600 más–, a pesar de que la mejoría de la situación económica hacía suponer que un mayor número de jóvenes dejaría las aulas para incorporarse al mercado laboral.

El BCE está listo para iniciar la retirada de los estímulos a la economía europea, reajustando el programa de compras de deuda en la próxima reunión de octubre. Tal y como esperaba el mercado, Mario Draghi ni tocó los tipos de interés ni hizo cambios en el programa de adquisición de activos. Pero sí dio señales claras sobre el futuro, indicando, además, que la subida del euro no altera, al menos de momento, los planes de la entidad. El mercado baraja una reducción a 40.000 millones al mes de las compras de deuda –y a 20.000 millones a partir de la segunda mitad de 2018–, prorrogando el programa al menos medio año.

El Banco de España da por perdidos 40.000 millones de euros en ayudas públicas concedidas a la banca durante la crisis, según el último balance publicado por el supervisor, de carácter todavía provisional. Desde 2009, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), ha inyectado 54.353 millones en entidades en crisis, cajas de ahorros en su práctica totalidad. De este importe y con datos a cierre del 31 de diciembre de 2016, el Frob ha recuperado 3.873 millones mediante reintegros directos de ayudas o ingresos obtenidos con las subastas de las entidades nacionalizadas. El supervisor calcula que los fondos recuperables se elevan a 14.275 millones, apenas la cuarta parte del total (26%).

La agencia de calificación crediticia Fitch ha mantenido la nota de «aprobado alto (BBB+) para el Gobierno vasco y ha mejorado de «estable» a «positiva» la perspectiva sobre la evolución de su solvencia financiera. El Departamento vasco de Hacienda dio a conocer ayer el informe de Fitch sobre sus cuentas, en el que destaca la «fortaleza» de la economía vasca gracias al crecimiento del PIB y a la creación de empleo. También tiene en cuenta los buenos resultados de la recaudación durante el primer semestre de 2017 y que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no tenga riesgos de liquidez. Además, mejora de estable a positiva sus perspectivas para negociar la deuda pública, lo que permitirá al Ejecutivo de Vitoria obtener «una mayor confianza de las entidades de crédito, mayor volumen de solicitudes y un tipo de interés más favorable».

Ayer se reanudó en el Congreso la comisión de investigación sobre el rescate de las cajas de ahorros, por la que ya han pasado Jaime Caruana y Luis María Linde. El compareciente estrella de la sesión fue José Viñals, subgobernador del Banco de España entre 2006 y 2009, año en el que fue fichado por el FMI como director de Asuntos Monetarios y Mercado de Capitales. Viñals defendió la actuación supervisora del Banco de España durante la crisis, negó presiones de cualquier tipo para no pinchar la burbuja inmobiliaria y recordó que ningún banco central es infalible. «Pudo haber errores, pero nunca dejación de funciones». En su opinión, la recapitalización masiva con dinero público al principio de la crisis «no estaba justificada en España», a diferencia de Estados Unidos, porque el problema era «de liquidez». «Cuando pasó a ser de solvencia, no teníamos los recursos públicos necesarios», añadió.

Las empresas licitadoras que intenten presionar, obtener información confidencial o influir en los técnicos que integren la mesa de contratación de un concurso de la Diputación de Gipuzkoa verán rechazada de plano su propuesta. Así lo establece el nuevo código ético para las contrataciones aprobado esta semana por la institución foral, que será de obligado cumplimiento para cargos públicos, funcionarios de la Diputación y compañías licitadoras, y que tiene un «carácter preventivo» y de refuerzo de los principios de igualdad, transparencia, eficiencia e integridad. «Queremos asegurar el interés público y prevenir disfunciones, ineficiencias y fraudes en la contratación», explicó el diputado foral de Gobernanza, Imanol Lasa.

El reguero de sentencias en las que se anulan sanciones de Competencia no se detiene. La última la ha ganado Telefónica y deja sin efecto una multa de 25,78 millones, con lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya acumula en apenas un mes casi 200 millones de euros en sanciones encalladas en los tribunales. Como en otros casos similares, ha sido la sección sexta de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, presidida por Berta Santillán, la que ha tomado la decisión que exime a Telefónica. La filial de móviles de la compañía había sido sancionada en octubre de 2014 con 25,78 millones de euros por establecer unos compromisos de permanencia en los contratos con pequeñas y medianas empresas que limitaban la capacidad de los clientes para cambiar de operador.

Los accionistas del astillero La Naval certificaron ayer ante los representantes sindicales que la empresa camina de forma inexorable a la quiebra y que no hay posibilidad alguna de salvarla antes de que se inicie el procedimiento concursal. La confirmación de los propietarios de una hipótesis sobradamente madurada desde hace semanas se produjo en el transcurso de una reunión celebrada ayer, en las propias oficinas del astillero, entre el comité, representantes sindicales y de las empresas accionistas.

Los trabajadores de CEL reciben un día una noticia esperanzadora y al siguiente otra inquietante. Después de que el pasado miércoles el grupo empresarial chileno Triple I les reafirmará su «interés real» por hacerse con las plantas que componen el conglomerado papelero, manteniendo además a toda la plantilla, ayer supieron que la juez de lo Mercantil 1 de Vitoria ha admitido a trámite el ERE de extinción de contratos solicitado por el actual propietario y que afectará a 211 de sus 254 empleados en cuatro de las cinco firmas que componen el grupo.

La industria vasca sigue acumulando malas noticias y es que los problemas de unas empresas afectan a otras de su cadena de suministros. Esta es una de las causas que han motivado la entrada en concurso de acreedores de la alavesa Talleres Gometegui, con sede en Llodio y 84 trabajadores en plantilla, casi todos fijos. Especializada en la fabricación de bienes de equipo de gran tamaño, en las cuentas del año pasado sus responsables explican que acusaron el descenso de pedidos por «la reducida actividad» de dos de sus principales clientes, ambos propiedad de Alstom en el pasado: la fábrica de motores para minería Ring Motors de ABB en Trapagaran y la de General Electric de motores para centrales eléctricas en Ortuella, que se encuentra en proceso de cierre.

Otra mesa de negociación colectiva, la de Industria y Comercio de Alimentación, está encontrando dificultades para constituirse tras la negativa de Adegi y la Federación Mercantil de Gipuzkoa a reconocer la presencia de Garen y Dendartean, sin que previamente hayan acreditado su representatividad, según denunció ayer Garen, que pide avanzar en la negociación «sin dificultades añadidas».

Los poderes del Estado respondieron ayer con contundencia a la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament y al decreto de su convocatoria, firmado por el Govern catalán en pleno. El Tribunal Constitucional suspendió anoche cautelarmente ambos acuerdos institucionales, al tiempo que apercibía a los 947 alcaldes de Cataluña y a 62 cargos de la Generalitat de que no pueden participar en la organización de la consulta.  Por su parte, Mariano Rajoy reaccionó con dureza dialéctica y mesura jurídica a la convocatoria del referéndum. Lanzó una seria advertencia a Carles Puigdemont: «Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada» para evitar la votación el 1 de octubre. Pero se guardó balas legales en coherencia con su idea de proporcionalidad en la respuesta. En la Generalitat, al menos de puertas para afuera, ni se inmutaron y denunciaron que sufren «un estado de sitio encubierto» implantado por el Gobierno de España.