20170901

En unas semanas en las que casos singulares hacen dudar del imán inversor de Euskadi, algunas estadísticas muestran que la comunidad vuelve a ser territorio propicio para arrancar negocios. Quizá no proyectos tradicionales o de sectores maduros, pero el País Vasco atrae ya inversiones empresariales al nivel del año 2008. Así lo muestra el último informe sobre demografía empresarial publicado por la consultora Informa D&B, donde se apunta que en el primer semestre del año, la inversión total que ha servido para activar nuevas empresas en Euskadi se eleva hasta los 201,7 millones de euros. Una cuantía que supone un 97% más que en el mismo periodo del pasado año cuando se habían invertido 102,3 millones y ya se sitúa por encima de los 197,4 con los que finalizó 2016.

Las administraciones vascas suelen aparecer repetidamente en los puestos de cabeza de mejores pagadoras del Estado en lo que a tiempo se refiere. Pero parece que eso de abonar las facturas de forma rápida o en plazo también es habitual en el sector privado y, sobre todo, en la industria. Así lo refleja el informe sobre pagos de las empresas de Informa D&B correspondiente al segundo trimestre de 2017. Así, el retraso medio en el pago de las facturas de las firmas industriales de Euskadi se sitúa en los 6,6 días, la segunda mejor marca del Estado por detrás de Navarra (6,5 días). La tardanza media de la industria española se eleva hasta los 10,18 días, con Extremadura (15,3 días), Canarias (18,1) y Melilla (46,3 días) como los que más se demoran.

Los sindicatos quieren ponerse manos a la obra y negociar un pacto salarial para el año próximo tras el fracaso cosechado en este 2017. Por eso, los secretarios de Política Sindical y de Acción Sindical de UGT y CC OO, Gonzalo Pino y Mercedes González, respectivamente, han enviado una carta a los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi. En ella, les instan a convocar «lo antes posible (a poder ser en la primera quincena de septiembre)» la Comisión de Seguimiento del III Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), cuya vigencia además finaliza el próximo 31 de diciembre.

La tasa de paro en la Eurozona se mantuvo en julio en el 9,1%, su nivel más bajo desde febrero de 2009, mientras que en la UE siguió estable en el 7,7%, la menor cota desde diciembre de 2008, según informó ayer la oficina de estadística comunitaria Eurostat. España –donde la tasa fue del 17,1%, estable con respecto a junio– se mantuvo como el segundo Estado miembro con más desempleo, sólo por detrás de Grecia.

Euskadi registró el pasado mes de julio un total de 41.888 autónomos en el sector del comercio, lo que supone un 21% menos (-8.782 personas) que en mayo de 2008, cuando arrancó la crisis. De este modo, el País Vasco se situó como la comunidad con una mayor pérdida de autónomos en este sector en términos porcentuales, según los datos hechos públicos ayer por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). En función de las cifras recopiladas por ATA, en el conjunto de España se han perdido, en esta década, casi 91.000 autónomos, lo que representa un 11,2%, hasta quedar en poco más de 800.000 personas. En términos porcentuales, Euskadi (-21%), Cataluña (-18,1%) y Navarra (-17,4%) son las comunidades autónomas con mayores caídas, mientras que Andalucía es la que registra la menor pérdida (-4,5%).

A pesar de haber sufrido un mes difícil, por la polémica de la turismofobia, el turismo sale de julio más fuerte que nunca. Por primera vez en la historia de España, las llegadas de turistas superaron los 10 millones en un sólo mes y rozaron los 47 millones entre enero y julio, según el último informe Frontur, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dos récords en uno.

Los bancos concedieron en junio un total de 29.516 créditos hipotecarios para la compra de vivienda, según informó ayer el INE. Es un 16,5% más que el mismo mes del año pasado. La cifra mejora claramente el modesto dato de mayo, con una subida interanual del 9,2%, y la caída inesperada del mes de abril, del 11,4% respecto al mismo mes de 2016. La financiación de viviendas pisa el acelerador en medio de una nueva guerra de precios que libran las entidades por aumentar el número de préstamos firmados. Y con un euríbor que sigue desplomado (marcará un nuevo mínimo histórico en agosto, el -0,156%, y cerrará su decimonoveno mes consecutivo en negativo).

Nadie esperaba grandes avances y la tercera ronda de discusiones sobre el Brexit cumplió con las pobres expectativas. El negociador europeo, Michel Barnier, aseguró ayer que solo ha habido pasos adelante en asuntos secundarios como el estatus de los trabajadores fronterizos, los procedimientos en marcha ante los tribunales de justicia o el área de viaje común entre Reino Unido e Irlanda. «No hay progresos decisivos sobre los temas principales», lamentó.

Hasta un millón de trabajadores europeos, el 3,1% de la población activa del Reino Unido, puede abandonar el país tras el Brexit, según un estudio internacional encargado por KPMG. El estudio, Efectos del Brexit sobre los ciudadanos de la Unión Europea (UE), revela que, aunque el 45% de los ciudadanos europeos que trabajan en el país planean quedarse, un 35% se está planteando marcharse, y el 8% ya ha tomado la decisión de hacerlo. Las empresas serán las que desempeñen una función «crucial» en este sentido, pues el 51% de los ciudadanos europeos que trabaja en Reino Unido espera que sus compañías les pidan que se queden.

Emmanuel Macron ha dado por fin a conocer su prometida reforma laboral, bastión de su programa electoral, tras meses de concreciones y una cincuentena de reuniones bilaterales entre Gobierno y sindicatos. El Gobierno francés publicó ayer el esqueleto de la reforma. Un informe de 159 páginas y 36 medidas que simplifican un código que contiene más de 3.000. En el punto de mira se encuentran las empresas y atraer la inversión. Se trata de una de las reformas más importantes de derecho laboral en Francia en los últimos años. El Gobierno pretende aprobar la reforma por decreto en menos de un mes, aunque ayer Macron precisó que los resultados no serán palpables hasta, por lo menos, 18 meses.

Aunque el objetivo ‘número uno’ es intentar que el astillero La Naval de Sestao pueda mantener su actividad en el futuro, todas las opciones alternativas comienzan a ponerse sobre la mesa. Su delicada situación, que le ha colocado al borde mismo de la quiebra y a las puertas de un procedimiento concursal, abre ahora un buen número de incertidumbres. Los sindicatos no dudan, señalaron ayer fuentes de las organizaciones de trabajadores, que una de esas alternativas será exigir al Estado la recolocación de al menos una parte de la plantilla de la empresa. Se trata de un colectivo de 155 trabajadores –la nómina total en estos momentos es de 215, aunque hay otros 1.600 operarios de contratas–, que formaban parte del astillero cuando el mismo fue privatizado en el segundo semestre de 2006. Aunque el asunto está sometido a varias interpretaciones, este colectivo estaría amparado –según defienden fuentes sindicales– por un acuerdo que preveía  su vuelta al grupo de astilleros de titularidad pública, hoy Navantia, si la privatización se convertía en un fracaso y ellos perdían su puesto de trabajo.

Acompañar en la solución, sí. Poner dinero, no. Ese es el ‘modus operandi’ del Gobierno Vasco con las empresas en crisis y La Naval, pese a ser emblemática, no es una excepción. El lehendakari descartó ayer que el Ejecutivo vasco vaya a invertir en el astillero sestaoarra, aunque aseguró que ayudará en la «búsqueda de alternativas» para lograr su continuidad. Iñigo Urkullu recordó que la opción de solicitar la quiebra ante la falta de inversores era la opción «no deseada», y que lo que ahora espera es que la empresa proceda de la manera «más ordenada posible» y se pongan las mejores condiciones para el procedimiento concursal. En este contexto, subrayó que el Gobierno Vasco va a «acompañar» a buscar soluciones, y por ello mantiene una interlocución permanente con la empresa.

El anuncio de que La Naval de Sestao camina hacia el concurso de acreedores ha caído como una losa entre sus trabajadores y en toda una industria auxiliar que puede verse abocada al cierre, incluso aunque el destino último del procedimiento concursal no sea la liquidación del histórico astillero. La Naval debe unos 42 millones de euros a alrededor de 70 empresas a las que una quita de la deuda (el perdón de una parte de la misma que puede llevar implícito el proceso concursal) puede llevar literalmente a la ruina. Hay que tener en cuenta que entre esas empresas, que aglutinan casi 1.600 trabajadores - de los 1.800 que dependen de La Naval sólo 215 pertenecen a la plantilla- hay algunas de cierta entidad, pero otras son pequeños talleres a los que perder ese dinero que se les adeuda puede suponer un daño irreparable.

«Tenemos que leer el laudo aún. Pero vamos a acatarlo y lo aplicaremos», declaró ayer Emilio García, director general de Eulen, al recibir el texto de manos del árbitro. Por su parte, el comité de huelga de Eulen recibió la decisión arbitral «con decepción y enfado». «Lo que figura en el laudo es aún peor que la propuesta que hizo la Generalitat», criticó Genoveva Sierra, presidenta de este comité, que ha denunciado ante los tribunales la designación de un arbitraje obligatorio. La responsable lamentó que el laudo no obligue a la empresa a que haya paridad entre hombres y mujeres entre los vigilantes para facilitar las tareas. «No ha arreglado nada, solo ha incendiado aún más a los trabajadores», advirtió.