20170827

Euskadi ya logra crear más riqueza que en 2008, cuando arrancó la gran recesión, aunque lo hace con 64.000 trabajadores menos, porque el nuevo entorno laboral, el incremento de las exportaciones y el mayor tamaño hacen más competitivas a las empresas vascas. A cambio, y ese es el pero, necesitan menos personal. El optimismo oficial se sustenta en la macroeconomía. Pero Euskadi se enfrenta este otoño a una serie de tareas pendientes. El paro preside muchas de las preocupaciones. La negociación colectiva  es el segundo frente. Dos de los cuatro grandes sindicatos, LAB y Comisiones Obreras, han cambiado de líder. Una renovación que todavía no se nota, pero sobre la que algunos medios creen posible asentar un nuevo clima que se traduzca en más acuerdos y, consiguientemente, en una subida de sueldos, la gasolina necesaria para que la economía aún repunte más. También está pendiente la reforma fiscal, cómo sacar más dinero sin agotar ni a las empresas ni a los trabajadores, un equilibrio al que se aprestan los departamentos de Hacienda de los tres territorios.

La crisis económica ha impactado en el mercado laboral, salarial, presupuestario y, por supuesto, en el sistema fiscal. Y es que la composición de la ‘tarta impositiva’ ha variado significativamente desde 2007 hasta la actualidad como consecuencia de los problemas recaudatorios producto de la recesión, pero también como consecuencia de las políticas impositivas adoptadas. Así, en esta década el Impuesto sobre Sociedades ha perdido diez puntos de peso en la recaudación total, mientras que el IVA ha ganado casi seis puntos en este reparto como consecuencia de las distintas subidas de tipos. Estos cambios también se trasladan en el avance de la imposición indirecta (más regresiva) en detrimento de la directa (basada en la progresividad).

Cuando se dice que España es un país de camareros, se exagera. Pero hay datos del mercado laboral que contribuyen a alimentar el mito. A saber: de los casi 20 millones de contratos que se firmaron en 2016, casi 2,5 millones fueron de camareros. Y en los seis primeros meses de este año, la relación se mantiene: el 12,5% de 10,5 millones. Hace 10 años el porcentaje era del 6,5%. La menguante duración de los contratos —más de la mitad duran menos de siete días—, el empuje de las jornadas parciales —el 61,7% de los compromisos firmados— y la gran fuerza del turismo en los últimos años sirven como causas. Sindicatos y economistas ven en esto una «gran precariedad»; las patronales apuntan que se ha aflorado empleo sumergido.

La esperada reunión del jueves y viernes en Jackson Hole, que cada año congrega a banqueros centrales, ministros y demás amos de las finanzas, no arrojado demasiada luz sobre los pasos que prepara Draghi. El jefe del Eurobanco ha adoptado una posición de máxima cautela. Cualquier palabra poco medida puede tener efectos desastrosos. El italiano debe elegir entre ser el aguafiestas que retire los estímulos monetarios que han impulsado el crecimiento —y quizás evitado la catástrofe en el peor momento de la crisis— o mantener los tipos de interés nulos y las compras masivas de deuda pese a la recuperación económica y a los resquemores que esta política despierta en el norte de Europa. La respuesta de Draghi es tirar por la calle de en medio: poner fin a las medidas extraordinarias, sí, pero muy poco a poco.

Tener la oportunidad de escoger dónde trabajar es un privilegio del que hoy en día, con los aún altos índices de desempleo y la precariedad a la que están sujetos tantos empleados, pocos pueden presumir. Y en ese punto, es determinante no errar en la elección y analizar muy bien los pros y los contras. Pues bien, tras el salario a percibir –el factor que siempre ha sido determinante–, los españoles desean desarrollar su vida profesional en una compañía que les permita equilibrio entre el trabajo y la vida personal y que les ofrezca un buen ambiente en sus puestos. Así lo concluye el informe Randstad Employer Brand Research 2017: un 63% de las 7.200 personas encuestadas en España, casi dos de cada tres, se decantan por el sueldo si están en condiciones de elegir entre dos empresas. Como segunda opción se sitúa la conciliación laboral, que sube diez puntos porcentuales respecto al mismo estudio del año pasado; en tercer lugar se encuentra disfrutar de una atmósfera agradable, la opción elegida por el 49%.

Sus proyectos son aún tan incipientes que ni aparecen en ninguna estadística. Éstas sólo recogen que cada vez más jóvenes universitarios o recién licenciados –cerca del 20%– «quieren» emprender en vez de trabajar para otros y su predilección por las ideas que suman fines sociales, innovación y un modelo de negocio sostenible. Ya sea recaudando fondos para proyectos solidarios, buscando fuentes de energía alternativas o desarrollando sistemas de salvamento en catástrofes naturales, se preparan para dar el salto definitivo entre el querer y hacer desde ya.

Agentes públicos y privados de Gipuzkoa se han unido para diseñar la estrategia que guiará la transformación de la industria del sector de almacenamiento de energía y movilidad sostenible con el objetivo de situar al territorio en posiciones líderes en este ámbito de la actividad económica. La apuesta parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa que, dentro de su objetivo de identificar los sectores que considera claves en el desarrollo futuro de la economía del territorio para potenciarlos, ha considerado que existe un tejido industrial con un amplio potencial en el ámbito del almacenamiento de energía aplicado a la movilidad. Este reto, además, encaja dentro de las actividades de futuro contempladas por el RIS 3, tal y como explica el director foral de Promoción Económica, Antton Tomasena, quien también sitúa esta iniciativa dentro del Plan de Reactivación Económica que ha elaborado la Diputación de Gipuzkoa para la legislatura. El objetivo final es situar la industria relacionada con el almacenamiento de energía y la movilidad sostenible existente en el territorio entre las punteras a nivel mundial.

El próximo jueves termina el plazo para que el árbitro designado por Fomento dicte el laudo vinculante con el que el Gobierno pretende poner fin al conflicto en El Prat entre Eulen y sus vigilantes de seguridad. Pero lo ocurrido en el aeropuerto barcelonés es sólo la punta del iceberg de los problemas que afronta desde hace tiempo el sector de la seguridad privada en España: salarios precarios, jornadas maratonianas, competencia desleal, intrusismo, bajos precios de licitación...La crisis de El Prat y el temor a que el conflicto se extienda a otros aeropuertos o infraestructuras estratégicas llevó al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a anunciar hace unos días «la creación de un grupo de trabajo para abordar de forma global y para todo el ámbito nacional la situación de la seguridad privada».

«En estos días finales del mes de agosto, cuando empezamos a notar en el cogote el fétido aliento de la vuelta al trabajo, solemos encontrarnos con titulares que pretenden medir la temperatura política, económica y social imperante a lo largo del próximo otoño. Y, si guardan memoria de las previsiones anteriores, casi siempre se nos augura un «otoño caliente». Este año sucede lo mismo y la previsión se repite, aunque siendo sinceros de este aumento de la temperatura no podemos echarle la culpa a las negativas a aceptar el cambio climático del presidente Donald Trump».