20170801

 ‘Líneas rojas’. Las volvieron a fijar ayer los empresarios vascos ante la cercanía de la reforma fiscal en Euskadi, cuyo núcleo central se aprobará en septiembre. Una cuestión que las patronales observan con indisimulada preocupación por la poca claridad de los distintos mensajes institucionales. El número dos del SEA alavés, Juan Ugarte, advirtió del riesgo de que la nueva ordenación tributaria «lastre» la competitividad de las compañías vascas, por lo que pidió a las administraciones que sean sensibles y bajen los tipos del Impuesto de Sociedades, dado que la economía de la comunidad autónoma es «abierta y muchas de nuestras empresas exportan y tienen que competir con las de otros territorios». Es el mismo mensaje que ya explicaron de forma personal los líderes de Confebask –confederación en la que se integra SEA– la pasada semana al lehendakari y a cinco de sus consejeros, en un encuentro en el que ambas partes buscaron limar diferencias en torno a, precisamente, la reforma fiscal, así como sobre la controvertida subida de sueldos en consonancia con los buenos resultados económicos y la necesidad de mayores inversiones privadas.

El gobernador del Banco de España, Luis Maria Linde señaló ayer que la recuperación de la economía todavía no es muy firme e indicó que, pese a que la situación es mejor de la que era hace unos años, «no es lo bastante buena ni hay síntomas de que estemos ya en un camino de subida de la inflación». Sobre el llamamiento conjunto del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de los sindicatos de que se incrementen los salarios, Linde indicó que eso «no lo puede imponer ni el Gobierno ni tampoco el BCE». «Ese es un problema que se da no solamente en España, se da en todo el área euro, porque uno de los problemas en los que incide el BCE es que, efectivamente, los salarios no acaban de recuperarse y la cuestión es averiguar qué es lo que ocurre, y ahí los expertos no están muy de acuerdo»

Euskadi fue en 2016 la octava comunidad autónoma con más empresas activas, con un total de 140.290, de las cuales 11.408 pertenecían a la industria, 18.834 a la construcción, 31.954 al comercio, y el resto –78.093– a otros sectores. Estos datos se recogen en la última actualización del Directorio Central de Empresas (Dirce) publicado ayer por la Instituto Nacional de Estadística (INE). En España el número total de empresas activas aumentó un 1,4% en 2016, hasta situarse en 3,28 millones, con lo que acumula tres años consecutivos de subidas. Es el dato más alto desde mediados de 2010, aunque son casi 140.000 menos que entonces. Por comunidades autónomas, Cataluña fue la región que más compañías concentró –un 18,6% del total–, seguida por Madrid y Andalucía, con un 16% y 15,3 %, respectivamente. El País Vasco, por su parte, se sitúo en el octavo lugar.

Según los últimos datos de Lanbide, correspondientes al pasado mes de junio, en Euskadi la tasa de desempleo es del 12,6%. Pero ya hay 160 ayuntamientos (de un total de 251) por debajo del 10%. La cifra más que duplica a los 65 que estaban en esa situación hace sólo año y medio, lo que da una idea de que las cosas están mejorando, y lo hacen de un modo más o menos uniforme. Sin embargo, ninguna de las tres capitales entra en la lista. San Sebastián es la que más se acerca, con un muy meritorio 10,13% tras haber mejorado más de dos puntos en los últimos 18 meses (desde el 12,4% en el arranque del año pasado). Además, es la única capital con una tasa más positiva que el conjunto de su territorio, porque Gipuzkoa está en el 10,28%. Bilbao y Vitoria se encuentran lejos de esas marcas, y son ellas las determinantes en las cifras globales de la comunidad autónoma porque son las dos ciudades más pobladas de Euskadi.

Uno de los grandes problemas de la economía española es el pequeño tamaño de la inmensa mayoría de sus empresas. Las cifras son muy elocuentes: el 82,8% de las empresas españolas tiene dos o menos asalariados. Es decir, 2,7 de los 3,2 millones sociedades existentes. Es más, 1,8 millones de sociedades no tienen ningún trabajador, lo que supone el 55,5% de las empresas españolas. Así se desprende del Directorio Central de Empresas (Dirce), difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística. La preponderancia de las microempresas en el tejido productivo español explica muchos de los problemas que tiene la economía para crear empleo, reducir la ocupación temporal, mejorar la productividad y potenciar las exportaciones.

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Contratos del Sector Público supone un enorme balón de oxígeno para los miles de pymes que proveen bienes o servicios a las empresas que trabajan para las Administraciones Públicas, ya que los blinda frente a la morosidad que sufren, sobre todo por parte de las grandes constructoras. La norma permitirá incluso que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación. La nueva ley tendrá un gran impacto en el tejido empresarial español, ya que la contratación pública es un mercado con un volumen de alrededor de 200.000 millones de euros anuales, equivalente a nada menos que el 20% del PIB. De esa cantidad, un 60% se abona tarde: 120.000 millones.

Las comunidades autónomas que más crecen son aquellas situadas en la costa. Al menos eso es lo que se desprende de las previsiones de crecimiento regional avanzadas ayer por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Según estas predicciones, al cierre de junio los territorios en los que el PIB más avanza en tasas anuales son Canarias con un 3,8%; Baleares con un 3,7%; Valencia con un 3,5% y Cataluña con un 3,4%. Solo Navarra consigue un comportamiento de su economía en esos niveles al arrojar un 3,4% anual gracias al sector industrial. Todas crecen por encima de la media nacional del 3,1%. En claro contraste, salvo Madrid con un incremento del 3,2%, las comunidades del interior figuran mucho más rezagadas. Ese es el caso de Extremadura, que crece muy por debajo de la media: un 1,9%; de Castilla-La Mancha, con otro 1,9%; Castilla y León, un 2,6%, Aragón, un 2,8% y La Rioja, un 2,9%. País Vasco y Cantabria también se suman al vagón de cola con sendos crecimientos anuales del 2,7%.

Trabajar en el sector de la construcción en Castilla-La Mancha es la actividad que peor remunerada está en España: una media de 18.105 euros brutos al año. La cifra, en términos netos y si se divide entre 14 pagas, se queda en un promedio de unos 1.000 euros al mes, lo que supone que muchos de esos trabajadores que se dedican a esta actividad en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara o Toledo no llegan a ser mileuristas. Esto es lo que evidencia la encuesta anual de coste laboral de 2016 del Instituto Nacional de Estadística (INE), documento en el que también se observa que el salario de este grupo de trabajadores es casi la mitad del que reciben los empleados del sector industrial en la Comunidad de Madrid. Estos últimos, con un sueldo medio bruto de 35.147 euros, son los que más cobran del país y, en concreto, ganan un 94% que los que se dedican a la construcción en Castilla-La Mancha.

La recaudación impositiva en 2016 fue claramente inferior a la prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos de ese curso. En concreto, la desviación entre los ingresos recogidos en las cuentas públicas (193.520 millones de euros) y los realmente liquidados (186.249 millones) fue de 7.271 millones menos. Eso supone que el desfase entre ambas variables aumentó un 77% respecto a los 4.103 millones de diferencia en 2015, según el informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria publicado ayer.

Los grandes grupos empresariales pagaron al fisco español un 7,3% de su resultado contable durante el año pasado, según el informe anual de recaudación difundido ayer por la Agencia Tributaria. Aunque este gravamen está lejos del tipo oficial, en el 25%, es el doble que en 2011 y dos décimas mayor que el del ejercicio precedente. Las organizaciones empresariales advierten de que esta tasa a la que tributan los grupos consolidados no recoge ni los impuestos pagados por sus filiales en el extranjero, ni los ajustes por los créditos fiscales procedentes de las pérdidas acumuladas durante la crisis.

La muerte de tres trabajadores en Euskadi en la primera semana de julio ha encendido todas las alarmas devolviendo al primer plano una realidad que con la crisis había quedado algo amortiguada debido a la menor actividad productiva. Pero con la recuperación la siniestralidad laboral ha vuelto a repuntar y lo ha hecho más allá de la propia actividad económica, lo que ha provocado que los sindicatos e incluso Osalan reclamaran un mayor esfuerzo a las empresas en las medidas de prevención de riesgos laborales, además de exigir empleos más estables, ya que muchos de los accidentes se producen en subcontratas o en puestos temporales y precarios. De hecho, un tercio de los siniestros laborales en Euskadi suceden en el primer año de trabajo, y dentro de ese periodo el mayor porcentaje tiene lugar el primer mes, como recordó recientemente el director general del Insituto Vasco de de Seguridad y Salud Laboral, Alberto Alonso, en unas jornadas organizadas por Adegi.