20170722

La recuperación del mercado laboral vasco avanza a buen ritmo, según los datos del segundo trimestre de la PRA, la encuesta elaborada por el Eustat. En el último año el número de ocupados ha aumentado en 19.600, un 2,2%. Este incremento sumado a la caída de la población activa, en gran medida por las jubilaciones, arroja un descenso de parados de 32.900. La tasa de desempleo baja de esta forma del 14% al 11% en el periodo y se acerca a gran velocidad al 10% que se ha puesto como objetivo el Gobierno vasco para el final de la legislatura. En el análisis anual (segundo trimestre de 2017 comparado con igual periodo de 2016) destaca el crecimiento de la ocupación en la industria, que ejerce de potente motor del empleo al sumar 12.500 trabajadores, el 66% del total. La cifra es el doble de la que presenta el sector servicios, estimada en 6.300.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria,  tiñó ayer de optimismo su mensaje de San Ignacio, adelantado diez días a la celebración de la festividad. Rementeria mostró «una ilusión avalada» por los datos. «Llevamos trece meses creciendo, hemos recaudado un 10,7% más que hace un año y un 30% más que en 2011». Un devenir positivo que pocos podían avecinar. «Si hace un año alguien me hubiera dicho que estaríamos creciendo en cifras de dos dígitos, habría sonreído», reconoció. Con este escenario, Rementeria se sumó a quienes defienden que los «trabajadores deben recuperar el poder adquisitivo perdido en la crisis».

La recuperación económica vasca ha quedado plasmada en los cinco primeros meses del año con el auge del comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, si bien hay superávit. En números absolutos, el valor de estas últimas ha sido de 9.818 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,5% comparado al mismo periodo de 2016. En proporción, sin embargo, el mayor incremento se percibió en las importaciones, cuya alza de enero a mayo fue del 25,3%, hasta situarse en 7.821 millones. Así lo difundió ayer la Dirección Provincial de Comercio de san Sebastián –dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio–, a partir de los datos provisionales de la Dirección General de Aduanas.

El Gobierno de Theresa May reconoció ayer que dejará a los europeos dos años de gracia tras el Brexit para que puedan seguir trabajando y viviendo en Reino Unido sin necesidad de tener un visado. Esta decisión muestra el cambio de talante producido en el Gobierno británico, que ahora es más proclive a llevar a cabo una salida de la Unión Europea poco traumática para las empresas. El ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, totalmente partidario del Brexit, indicó ayer que el Gobierno ofrecerá un periodo de transición que podría comenzar en marzo de 2019, después de que acaben los dos años de negociaciones oficiales con Bruselas. Otros miembros del Gobierno menos partidarios de lo que se conoce como un Brexit duro, presionan para que este periodo pudiera ser incluso de tres años, conscientes de que los dos años de negociaciones pueden dejar multitud de asuntos sin tratar. Si no se llega a un acuerdo claro entre Londres y Bruselas, las empresas temen un escenario de incertidumbre absoluta y declive económico.

«Las pensiones, el eje central del sistema de protección social, son las que mejor han soportado la crisis y las que menos se han deteriorado, pero a partir de 2017 esto va a dejar de ser así». Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CC OO, se mostró ayer así de categórico durante la presentación del informe ‘El sistema de protección social en España 2017’. Bravo alertó de que, de seguir las cosas como hasta ahora, los mayores podrían acumular en una década una pérdida de poder adquisitivo en el entorno del 15%, derivada sólo del nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que podría incluso duplicarse con la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad.

Hace años que las principales orquestas de Estados Unidos, preocupadas por el escaso número de mujeres que tenían entre sus músicos, comenzaron a hacer audiciones a ciegas. Los candidatos tocaban detrás de un biombo y hasta pisaban una alfombra para que la persona encargada de realizar la selección no pudiera identificar el sexo de los aspirantes. El objetivo no era otro que conseguir una plantilla más igualada entre hombres y mujeres, y muchas de ellas lo consiguieron. Es el mismo reto que se persigue con el currículo ciego, una práctica que en Estados Unidos, donde está prohibido incluir la fotografía y donde el informe debe estar centrado en la educación, la experiencia y en los objetivos profesionales, en las fortalezas, habilidades y competencias, lleva tiempo aplicándose. España, a través del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dado el primer paso para adherirse a esta práctica. El protocolo recoge inicialmente el compromiso de un total de 78 empresas, entre las que se encuentran Banco Santander, Gamesa y KPMG.

Thomas Wieser preside desde 2012 el Grupo de Trabajo del Eurogrupo, que prepara las reuniones de los ministros de Finanzas de la eurozona. Estuvo en la creación de los fondos de rescate, y diseñó el último de Grecia. Su mandato concluye en enero. Defiende la austeridad en las finanzas públicas, pero concede algún margen a las políticas de crecimiento. Matemático y economista austriaco, es un ortodoxo de raíz germánica, matizado por la ironía británica.

La compleja situación que atraviesa Edesa Industrial se enredó ayer un poco más, si cabe, al acusar el comité de empresa (LAB y ELA) a CNA Group, propietaria del fabricante de electrodomésticos, poco menos que de haberles ocultado información, cuando no de haberles engañado, en la reunión que, para conocer el estado real de la firma y los eventuales planes de viabilidad manejados por la catalana, mantuvieron ambas partes el jueves. Lo que sí ha quedado claro es el compromiso de los representantes de los trabajadores para intentar «incluir en la mesa de reuniones del Plan de Viabilidad a la Corporación Mondragón y a representantes del Gobierno Vasco» El comité confirmó que ya ha trasladado de manera informal esa intención al departamento de Arantxa Tapia. No obstante, si bien el Ejecutivo autonómico no tendría ningún inconveniente en reunirse con los representantes de los trabajadores parece que habría dejado claro que, por ahora, ahí acabaría su papel en esta crisis.

El empresario Manuel del Dago llegará el lunes a Madrid procedente de Miami, donde reside, para negociar con las entidades financieras acreedoras de La Naval un acuerdo de refinanciación de la deuda bancaria del astillero, que asciende a unos 150 millones de euros. Después,   el inversor asturiano viajará a Bilbao para mantener diversas reuniones con todas las partes empresariales, laborales e institucionales implicadas en este asunto. Las entidades bancarias ya se han mostrado dispuestas tanto a modificar los plazos de vencimiento de los créditos, como a dotar de tesorería adicional a la caja de la sociedad, con lo que La Naval podría normalizar sus pagos a los proveedores, a los que adeudan unos 40 millones de euros. Sin embargo, para poner en marcha este proceso de refinanciación, la banca esperaba que algún inversor privado asumiera el liderazgo de la empresa y también arriesgara su dinero.

Iberdrola sigue dispuesta a ejercer un efecto positivo como empresa tractora en el entorno empresarial vasco impulsando la innovación en sus empresas proveedoras. La compañía presidida por Ignacio Galán y la Diputación Foral de Bizkaia presentaron ayer un novedoso programa para apoyar la innovación en colaboración con sus empresas suministradoras. La citada iniciativa contará con unas condiciones de financiación y asesoramiento especiales. Esta novedosa iniciativa pretende promover y acelerar el desarrollo de nuevos productos y servicios que resuelvan las necesidades futuras de una empresa del sector energético como Iberdrola y le ayuden a dar respuesta a los retos actuales y futuros.

Nuclenor, empresa titular de la central nuclear de Garoña participada al 50% por Endesa e Iberdrola, no desistirá aparentemente de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización de explotación de la planta ante la ausencia de acuerdo entre los dos socios. La falta de consenso de las compañías eléctricas les llevará a que tampoco presenten alegaciones. La junta general de Nuclenor se reunió el miércoles para someter a votación la propuesta de Iberdrola Generación Nuclear de negarse ante el Ministerio de Energía a solicitar autorización de reapertura de la central. Iberdrola alegó que, si no desisten de forma inmediata, existe el riesgo de que el ministerio otorgue a Nuclenor la autorización para reanudar la actividad en la planta. La compañía puede rechazar este permiso hasta el 8 de agosto. Si no lo hace, podría verse obligada a hacer las inversiones necesarias para volver a ponerla en marcha, pese a ser inviable, según la eléctrica.

El ESS Bilbao, el centro de investigación neutrónica de Zamudio, consiguió ayer un importante balón de oxígeno que garantiza su supervivencia y la participación de esta entidad en uno de los proyectos científicos más importantes de Europa: la construcción del acelerador de partículas de Lund (Suecia), una iniciativa que permitirá avanzar en múltiples campos, como la lucha contra el cáncer o la mejora aerodinámica de materiales que se utilizan en el transporte ferroviario o aéreo. Las dos entidades que financian el ESS Bilbao –los gobiernos central y el vasco– acordaron ayer inyectar 64 millones de euros durante los próximos ocho años (42 saldrán de las arcas de Madrid y 22 de las de Vitoria). Con este dinero, España podrá entrar como miembro de pleno derecho en el consorcio ERIC, una condición ineludible si los científicos del país quieren tener acceso a los datos y ensayos que se realizarán en la ciudad escandinava.

El Gobierno continúa tapando vías de escape en plena cuenta atrás para evitar el choque de trenes del 1-O. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció ayer un acuerdo por el que el el Ministerio de Hacienda controlará semanalmente los gastos de la Generalitat de Cataluña para impedir que utilice dinero público para financiar el referéndum. En caso de incumplimiento por parte de la Generalitat, el Estado podría terminar retirándole las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Los interventores y responsables económico-financieros de la Generalitat catalana deberán remitir certificados individuales cada semana que garanticen que no se han iniciado o ni se tramitan expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum, haciéndose responsables de lo firmado.