20170706

El secretario general de ELA, Adolfo Txiki Muñoz, dijo ayer que su sindicato «no va a la mesa de diálogo social» porque «no hay diálogo social y el Gobierno vasco está aplicando políticas unilaterales» y no hace «nada distinto a lo que hace en España el PP». La consejera de Trabajo, Maria Jesús San José, tiene previsto convocar la primera reunión del diálogo social de la legislatura el próximo 18 de julio, aunque se da por hecho que por la parte sindical solo asistirán CC.OO. y UGT. Tras emplazar a que se explique «una sola cosa en siete años de la mesa de diálogo social que se ha logrado que beneficie las condiciones de trabajo», Muñoz denunció que en este foro «lo único que se ha hecho es destrozar la democracia sindical para apoyar a la patronal y al Gobierno y que se hagan acuerdos de eficacia limitada con la minoría sindical».

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, insinuó el martes a los empresarios que es el momento de aprovechar el crecimiento del empleo –un 3,8% anual– para subir los salarios de forma acompasada y, ayer mismo, el presidente de la patronal, Juan Rosell, mostró su disposición a mejorar la situación de los sueldos más bajos. Por encima de la oferta que CEOE está haciendo a los sindicatos para la negociación colectiva de este año. Con una horquilla comprendida entre el 1% y el 2,5%. Rosell dijo ayer que «quizá ha llegado el momento en los acuerdos con los sindicatos de hacer planteamientos distintos para los salarios muy bajos y los no tan bajos». En este punto añadió, «para los más bajos deberían aceptarse incrementos muchísimos más importantes». Es decir, por encima del techo del 2,5% que, con carácter general, están ofreciendo CEOE y Cepyme a los sindicatos para este año. «Podríamos hablarlo [con los sindicatos]», añadió Rosell.

En la jerga anglofinanciera se llama ‘tapering’ y llegará, tarde o temprano, llegará. La clave es saber el cuándo y éste es el secreto mejor guardado en la torre de cristal del Banco Central Europeo. ¿Cuándo comenzará la retirada de estímulos? Todo apunta a que no será a corto plazo, pese a las expectativas levantadas la semana pasada por el propio presidente de la entidad, Mario Draghi. Ayer, en un encuentro con medios internacionales, Benoît Coeuré, enfrío las expectativas y sugirió que la cosa va para largo. «El consejo de gobierno aún no ha discutido los cambios de política monetaria que puedan llegar a futuro», zanjó.

El tejido empresarial que reviste España tiene 130 nudos normativos que pueden entorpecer a la pyme española en su travesía para convertirse en gran empresa. El Gobierno se ha propuesto cambiar esta situación, que repercute en el gran reto de la productividad. El presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer que el Ejecutivo está trabajando en la elaboración de una estrategia de crecimiento empresarial. Para ello, ha realizado un ejercicio de revisión de la normativa estatal y «hemos encontrado más de 130 regulaciones vinculadas al tamaño, que se activan cuando las empresas superan determinados umbrales», señaló ayer, en la inauguración de las Jornadas sobre Crecimiento Empresarial y Competitividad, organizadas en la Cámara de Comercio de España. El Ministerio de Economía está preparando un informe con el objetivo de eliminar o simplificar posteriormente la normativa.

Petronor ha decidido exigir por vía judicial a Iberdrola una indemnización de 18'9 millones de euros, cifra en la que ha valorado los daños que causó en la filial de Repsol un corte de energía ocurrido a finales de julio del pasado año. Un juzgado de Bilbao ha admitido la demanda después de que las negociaciones entre las dos compañías hayan resultado infructuosas. 

El Gobierno alcanzó ayer un principio de acuerdo con Ciudadanos para aprobar una rebaja del IRPF por importe de 2.000 millones. El detalle se concretará más adelante. Pero en cualquier caso, el recorte entra en vigor el 1 de enero de 2018 y se centrará en las rentas bajas con una combinación de reducciones y deducciones, explican fuentes de las negociaciones. Por el momento, se baraja que beneficie a rentas por debajo de 18.000 euros.

La Ley de Autónomos que aprobarán las Cortes en semanas tendrá un coste de 1.000 millones. Así lo cuantificó ayer Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, en una jornada sobre los Presupuestos de 2017 que organizaron Deloitte y la APD. Nadal explicó que el coste de esta ley, que contiene medidas como la tarifa plana que ya supone unos 600 millones, y otras partidas que deben negociarse con hasta siete grupos políticos, implican que el salario de los funcionarios en 2018 «subirá un poco, lo que se pueda», por encima del 1% del alza de 2017, como se ha prometido al sector público. Algunas medidas de la Ley de Autónomos entrarán en vigor cuando se apruebe en las próximas semanas; otras alcanzarán vigencia en 2018.

El Gobierno relajará a las comunidades autónomas el objetivo de déficit para 2018, del 0,3% establecido hasta el 0,4% del PIB, esto es, unos 1.000 millones menos de ajuste. También suavizará la meta de 2019 desde el 0% al 0,1%, otros 1.000 millones. Una semana después de haber impuesto esos objetivos contra el criterio de todas las comunidades no pertenecientes al PP, el ministro Montoro ha dado un giro de 180 grados. «Se trata de una rectificación en toda regla», apuntan fuentes autonómicas. El Ejecutivo se ha lanzado a lograr el apoyo para el techo de gasto y los presupuestos con todas las armas a su alcance.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el real decreto por el que se desarrolla la ley de 2015 que regula el nuevo sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, que entra en vigor este miércoles y modifica el sistema vigente con el objetivo de extender una formación entre los trabajadores «que mejore la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional». El real decreto especifica que el Gobierno se compromete a crear un calendario plurianual que responda a las necesidades formativas de los ocupados. Se trata sobre todo de dar respuesta al 51% delos parados estructurales en España que no acabó la educación secundaria obligatoria (ESO).

España mejora en la percepción de los inversores extranjeros, además de los aspectos socioeconomicos, políticos e institucionales, recuperando así los niveles de confianza y prestigio internacionales previos a 2009. Marca España celebró ayer su V Aniversario para presentar y analizar la evolución que la imagen exterior del país ha adquirido. Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture, presentó el índice Imafin , que tiene como objetivo analizar la percepción exterior de la imagen financiera de España. El último periodo, que recoge la recuperación de la imagen del país, que comprende entre enero y marzo de este año, llegó a los 89 puntos. Este nivel es el valor más alto después de la crisis económica. Otro de los informes presentados, el Country RepTrak, elaborado por Reputation Institute para el Real Instituto Elcano, indica que España se encuentra en la posición número 13 en la clasificación global de los países con mejor reputación del mundo, mejorando cuatro posiciones más respecto al año pasado.

La asamblea general de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) reeligió ayer como presidente, por unanimidad, a Antonio Garamendi, único candidato al cargo. Antes de la celebración de la asamblea, Garamendi resaltó la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía al generar «4.000 de los 4.800 empleos diarios que se crean actualmente». También se refirió a la subida de salarios que actualmente negocian sindicatos y empresarios. «Somos partidarios de la subida de salarios. Por eso, hace dos meses que hemos hecho una oferta que es seria y responsable y que lo es también con las empresas y su productividad. No olvidemos que casi la mitad de las empresas está todavía en pérdidas y son esas las que tienen que crear esos empleos estables».

El Parlamento vasco votó el 18 de febrero de 2005 el proyecto de Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres con el fin último de «conseguir una sociedad igualitaria independientemente del sexo al que se pertenezca».El equipo de equipo de investigación sobre democracia participativa de la UPV/EHU denominado Parte Hartuz y encabezado por el profesor Igor Ahedo, ha reunido por encargo de Emakunde a 57 entidades para conocer su punto de vista sobre esta normativa. Ayer se presentaron los resultados de este análisis en una jornada de trabajo en Vitoria. La responsable de Emakunde, Izaskun Landaida, recordó el carácter «pionero» de la una ley que «ha aportado transparencia y rigor» y «un importante despliegue de planes para la igualdad» en ayuntamientos y diputaciones y en lo positiva y necesaria que resulta la voluntad de legislar sobre todo ello. Pero de paso puso el dedo en la llaga sobre una de las grandes debilidades de la norma: su nula repercusión en el ámbito privado.

La segunda edición del programa Bind 4.0, la aceleradora público-privada vasca de ‘startups’, realizó ayer el lanzamiento internacional de su segunda convocatoria de la mano de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y de las 27 empresas punteras del sector industrial que participan en el mismo. En esta ocasión se han sumado como socios tecnológicos Google y Amazon, que participarán junto a Microsoft y Siemens, que ya tomaron parte en 2016. Según explicó Tapia en la presentación en San Sebastián del programa, en total son 12 las nuevas compañías tractoras que han decidido colaborar en esta edición de Bind, motivadas por el «éxito» de la primera convocatoria.

No hay vuelta atrás. A la vuelta del verano, previsiblemente a finales de septiembre, General Electric iniciará los trámites legales para cerrar de forma definitiva la fábrica que tiene en la localidad vizcaína de Ortuella, en la que trabajan 147 personas y que se dedicaba hasta ahora a la fabricación de pequeños generadores para centrales hidroeléctricas. El responsable para Europa de la división Renewable Hydro de la multinacional norteamericana, Bill Armstrong, transmitió ayer esta mala noticia a los trabajadores y también a la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, con la que se entrevistó a primera hora de la tarde.

Toca volver a levantar el castillo de la confianza derribado de un plumazo en los últimos días. Con ese cometido llega hoy al País Vasco el presidente de CNA, Jorge Parladé, que deberá dar explicaciones para calmar las aguas revueltas por la solicitud de preconcurso de acreedores de Fagor CNA. Tendrá dos citas claves. La primera por la mañana en la planta de Garagartza, donde le esperan representantes de las centrales sindicales ELA y LAB y parte del comité de empresa de Edesa Industrial para conocer de primera mano algo del plan de viabilidad que prepara la compañía. Una vez concluida esa primera parada, viajará hasta Vitoria para reunirse con el Gobierno Vasco, cuya representación estará encabezada por el director de Industria, Javier Zarraonandia. CNA admitirá sus errores en la comunicación con el Ejecutivo vasco y tratará de reconducir una relación rota, ya que la consejera Tapia siente como una traición esa ocultación de la situación real de la compañía por parte del grupo catalán.

Después de un mes en concurso de acreedores y con una deuda con entidades bancarias, proveedores y trabajadores prácticamente inasumible y que ronda los 30 millones de euros, la dirección de Muebles Xey comunicó ayer al comité de empresa el cierre inminente de la empresa. «Nos han dicho que sin una inyección de capital urgente no pueden hacer nada», afirmaron fuentes del comité tras la reunión celebrada en la planta zumaiarra. La liquidación se llevará por delante un negocio con 56 años de historia y lo que es más importante, dejará sin empleo a 170 trabajadores que componen la plantilla total del grupo, 140 de ellos en la fábrica situada en el barrio de Oikia de Zumaia.

Mondragón mantiene firme los objetivos de lograr una mayor rentabilidad e impulsar proyectos tractores más potentes. A su vez, se ratifica en los principios de solidaridad, pero no hasta el punto de que los malos resultados de una cooperativa puedan poner en jake a toda la corporación. El mazazo que supuso la caída de Fagor Electrodomésticos  ha obligado a establecer cortafuegos. Estas son algunas de las conclusiones del Congreso que el grupo mantuvo ayer en el Palacio del Kursaal. En esta convocatoria anual la corporación determina las pautas por las que se rige y también rinde cuentas del ejercicio precedente.

Garen denunció ayer el intento de Adegi y de la Federación Mercantil de boicotear la primera reunión de la mesa de negociación del comercio textil de Gipuzkoa. La mesa se constituyó el 19 de junio, con Garen y Dendartean en representación de la patronal, sin asistencia de la Federación Mercantil. Esta última, que sí acudió a la reunión del martes, rehusó formar parte de la mesa por considerar que Garen y Dendartean no han acreditado su legitimidad. Garen denunció ayer el intento de impugnación y manifestó su voluntad de aunar esfuerzos.

Artículo de Opinión de Graham Allison, de la Kennedy School de Harvard

Este mes, bajo inmensas presiones de China, el nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, dejó en suspenso parte del sistema antimisiles que estaba desplegando Estados Unidos en su país. Este episodio no es más que el último ejemplo del duelo de influencias entre Estados Unidos y China en la región de Asia-Pacífico. ¿Es posible que el duelo acabe convirtiéndose en una guerra abierta?

En mi nuevo libro —Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?— argumento que, con el rumbo actual, el estallido de una guerra entre los dos países en las próximas décadas no solo es posible, sino mucho más probable de lo que se piensa.