20170603

El mercado laboral vasco está recuperando el terreno perdido durante la crisis, y lo está haciendo a grandes bocados pese a las amenazas de ralentización que pesaban sobre la economía para este año. Lo ocurrido el mes pasado lo demuestra. En mayo Euskadi sumó un total de 931.794 afiliados a la Seguridad Social, 5.250 más que en abril (+0,57%) y 19.400 más que un año antes (+2,13%). Eso supone que, tras pasar lo más doloroso de la crisis y consolidar una remontada que se inició en 2014, la comunidad autónoma ya tiene más trabajadores dados de alta que en mayo de 2010, cuando había registrados 930.494, según datos de Lanbide. En el conjunto de España se registraron, de media, 18.345.414 ocupados inscritos en la Seguridad Social (la mayor cifra desde diciembre de 2008), tras ascender en 223.192 personas (el 1,23%, el doble que en Euskadi) en sólo un mes. Se trata del mayor incremento mensual desde julio de 2005 y el mayor de la serie histórica en este mes.

Europa y China perdieron ayer una ocasión única para mostrar al mundo que pueden salvar el pacto del clima del golpe estadounidense. Tras ocho meses de negociaciones fructíferas y una ambiciosa declaración pactada, los líderes de ambos bloques fueron incapaces de aprobar ese plan conjunto de apoyo al Acuerdo de París por divergencias en otros dosieres. Bruselas y Pekín habían preparado una cumbre bilateral cuyo principal logro era ese espaldarazo al pacto de París, con compromisos adicionales en desarrollo de energías renovables. Pero la agenda de la cumbre contenía otros asuntos más controvertidos. Europa se negó a prometer a China que la catalogará como economía de mercado (lo que impide a la UE adoptar medidas antidumping en caso de que el país adopte prácticas desleales). Así que todos los acuerdos —y en particular el del clima— se convirtieron en rehenes de esas rencillas.

La decisión de Donald Trump de abandonar el pacto climático es un golpe al medio ambiente, pero también significa «un revés para la posición de liderazgo de Estados Unidos». Lloyd Blankfein, consejero delegado de Goldman Sachs, se estrenó en Twitter con este mensaje, que refleja el descontento entre grandes empresas, que intentaron en vano que el presidente no diera un paso que temen que les causará una desventaja competitiva. «La industria debe ahora asumir el liderazgo y no depender del Gobierno», retó General Electric.

Nuevo relevo al frente de un sindicato en Euskadi. Y al igual que hace una semana con LAB, también en CC OO la secretaría general tiene rostro femenino. En este caso Loli García es la primera mujer que lidera la central –en empate técnico en cuanto a número de afiliados precisamente con LAB, como segunda fuerza por detrás de ELA–. Y llega al cargo con el firme propósito de «adecuar» Comisiones Obreras a los cambios que se viven tanto en el marco de las relaciones laborales y la negociación colectiva como por «la nueva realidad en el ámbito de las empresas», con fenómenos como la «descentralización».

Loli García) fue elegida ayer secretaria general de CC OO en Euskadi, una candidatura de consenso auspiciada por Unai Sordo, quien aspira a dirigir la confederación. La línea de actuación prioritaria de García al frente del sindicato será redistribuir la riqueza que se está generando en esta fase de recuperación económica. Con este objetivo los delegados del sindicato pelearán en cada empresa para revertir la precariedad provocada por los años de crisis. «Si se generan conflictos, que se generen», advierte la líder del sindicato en Euskadi.

La batalla que enfrenta al Ministerio de Empleo con patronales y sindicatos por el destino de los fondos de formación se inclina del lado de los segundos por el momento. La Defensora del Pueblo, uno de los escenarios donde se dirimen las diferencias, ha exigido al departamento que dirige Fátima Báñez que gaste todo el dinero que recauda cada año para formación precisamente en eso, en formación. Lo hace en un escrito fechado el 29 de mayo que concluye con dos recomendaciones claras en ese sentido. A petición de la patronal catalana Cecot, la Defensora del Pueblo pidió al Ministerio de Empleo a finales del año pasado que le aclarara dónde había gastado el dinero que había recaudado para formación (un 0,7% sobre la base de cotización de cada afiliado a la Seguridad Social) en los últimos años. En su respuesta, el Ministerio de Empleo vino a admitir, aunque sin hacerlo abiertamente, que parte de lo ingresado para formar a los trabajadores no se había gastado en eso. Y lo justificaba diciendo que la ley presupuestaria permitía hacerlo hasta 2015.

grandes empresas –aquellas con una facturación superior a los seis millones de euros– mantuvieron casi congelado el sueldo a sus empleados durante el primer cuatrimestre del año. En concreto, la retribución avanzó de media un exiguo 0,1% hasta abril, según los datos de la Agencia Tributaria difundidos ayer. Esta mínima revalorización contrasta con la subida salarial media pactada en convenios que fue del 1,27% en abril. Además, también queda lejos del 1,5% de inflación media que el Gobierno estima para este año, lo que provocará una pérdida de poder adquisitivo para ese colectivo de trabajadores.

La ruptura de Donald Trump con los acuerdos de la cumbre del clima de París ha sido la gota que ha colmado la paciencia del mercado de crudo. Teme que, una vez liberado de las cortapisas ambientales, el dirigente tenga vía libre para impulsar de forma definitiva el fracking en EE UU. Así, el Brent registró el viernes descensos intradía cercanos al 3%, que le llevaron a poner en duda los 49 dólares por barril. A todo ello contribuyó Rusia, cuyo ministro de energía dibujó un panorama con el crudo por debajo de los 40 dólares.

Empresas, sindicatos y Gobierno dan ya prácticamente por hecho que este lunes comenzarán tres semanas de paros, la mayoría en jornadas y horas alternas, en los puertos reduciendo de forma considerable la carga y descarga de mercancías en los buques. De hecho, se ha creado un comité interministerial que desde primera hora de la mañana velará por el cumplimiento de los servicios mínimos, que llegarán hasta el 100% de las tareas para los productos de riesgo y los alimentos. No se espera que haya nuevos contactos entre los agentes sociales este fin de semana, mientras las apelaciones al diálogo se mezclan con reproches mutuos.

El sector aeronáutico vasco vuela alto. Tanto que en 2016 ya superó la facturación que su clúster se había fijado como objetivo para el año 2020 dentro del plan estratégico presentado hace sólo seis meses. Un plan que pronosticaba un ritmo de crecimientos anuales del 3% en su cifra de negocio y del 1% en el empleo, y que a la vista de los resultados hechos públicos ayer se han revelado excesivamente conservadores. Según los datos ofrecidos por Jorge Unda, presidente del Clúster de la Aeronáutica y el Espacio del País Vasco (Hegan) y director general de Sener, las 63 entidades que entre empresas, organizaciones tecnológicas y universidades conforman dicha asociación facturaron en su conjunto el pasado año 2.247 millones de euros, un 16,1% más que el ejercicio anterior. Su cifra de exportaciones aumentó un 11,4%, hasta los 1.366 millones, y sus plantillas se incrementaron un 9,4% para totalizar 13.612 trabajadores.

El sindicato ELA anunció ayer que en los próximos días presentará una denuncia judicial contra la dirección de la que planta que Mercedes tiene en Vitoria por la «precariedad en los contratos parciales» y por el «aumento de las escalas salariales», que según la central nacionalista han creado una brecha cercana al 30% entre sueldos dentro de la planta automovilística. A lo largo de la próxima semana, ELA presentará una denuncia ante un juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital alavesa después de que el acto de conciliación celebrado el jueves en el Preco se cerrara sin acuerdo.

La residencia Miravilla de Bilbao, un centro privado con 106 plazas y una plantilla de 70 trabajadores, se convirtió ayer en el primer geriátrico vizcaíno que pone fin a la huelga que sacude el sector desde hace más de un año. A las tres de la tarde, el geriátrico recuperó la normalidad gracias al preacuerdo de convenio suscrito con ELA después de dos días de negociaciones. Su directora, Cristina Sesma, no ocultaba su satisfacción por el compromiso alcanzado, que confía se extienda pronto a otras residencias si el final del conflicto a nivel general no se produce antes.

Ni blanco ni negro, ni un desastre ni la solución idónea para blindar el sistema de protección. Sensaciones ambivalentes despierta estos días entre las entidades sociales de Gipuzkoa el contenido de la esperada propuesta de modificación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). A la espera del recorrido que le aguarda al borrador en el Parlamento Vasco, el debate ya está sobre la mesa. La llamada al diálogo para analizar las emniendas, tal y como defiende estos días la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, se antoja más necesaria que nunca, puesto que está en juego fijar los cimientos sobre los que asentar el principal subsidio que existe en Euskadi, con 64.000 beneficiarios.