20170521

El Registro de Convenios Colectivos recibió a lo largo del primer trimestre de este año en Euskadi una decena de inaplicaciones de convenios colectivos que afectaron a 121 trabajadores. Esta cifra supone tres menos que las presentadas en el mismo periodo de 2016, así como una reducción también del número de personas concernidas, que en el primer trimestre del pasado año fueron 141. Según recoge el último informe del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi, todos los descuelgues de convenios depositados ante la Autoridad Laboral vasca en los tres primeros meses del año lo fueron con el acuerdo entre las partes. En nueve de los diez casos este acuerdo se obtuvo en el periodo de consultas, mientras que en el restante se produjo en la comisión paritaria del convenio.

En España la última huelga general se vivió en noviembre de 2012, cuando se protestó contra las políticas de recorte del Gobierno de Mariano Rajoy, que sufrió en un mismo año el segundo paro de 24 horas, tras el previo de marzo, debido a la reforma laboral. Pero desde entonces ha habido cerca de 4.200 protestas de trabajadores, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y es que el derecho a huelga está recogido en la Constitución, aunque se trata del único derecho fundamental que se rige por una norma anterior a las primeras elecciones democráticas: un real decreto ley de 1977. Bien es verdad que posteriormente una sentencia del Tribunal Constitucional, en 1981, lo modificó parcialmente y reinterpretó algunos de los aspectos más importantes. Posteriormente otros fallos de los tribunales lo han ido dando forma. Y así continúa, puesto que hasta el momento ningún gobierno ha querido reformular este tema, salvo Felipe González, que en el año 1993 presentó una propuesta de regulación que se quedó sólo en un intento, puesto que cuando se iba a llevar al Congreso dimitió y se convocaron nuevas elecciones.

El aún secretario general de CCOO de Euskadi y candidato a dirigir el sindicato en España, Unai Sordo, cree que ELA y LAB avanzan hacia «una dinámica de confluencia en clave más política que sindical» que va a «complicar todavía más» la negociación colectiva y las relaciones entre los agentes sociales. El dirigente sindical analiza en una entrevista la situación socio-laboral a la que deberá hacer frente su probable sucesora, Loli García -candidata de consenso-, a escasos días de ser relevado en el cargo en el congreso que la central vasca celebrará los días 1 y 2 de junio en Vitoria

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco ha abierto hasta el próximo 22 de junio el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas del Programa Gauzatu 2017, dotado con cinco millones de euros, para impulsar proyectos de implantaciones productivas de pymes vascas en el exterior. El objeto de este programa es apoyar la consolidación de la empresa vasca, aumentando la inversión productiva en el mercado exterior como fórmula para incrementar su competitividad y, por lo tanto, su viabilidad futura.

El Gobierno vasco va a iniciar conversaciones con el Ejecutivo español para conseguir la competencia sobre prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Es el reto de mayor calado político que se ha fijado el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka. Será él quien se encargue de llevar el peso de las gestiones en este terreno, y espera encarrilar esta reivindicación en el marco de su fluida interlocución con la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría. En cuanto a las pensiones, el Gobierno vasco se remite al Estatuto y, en estricto cumplimiento de su letra, pide la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Para el Gobierno vasco, esto supone que la comunidad autónoma recaudaría las cotizaciones y pagaría la prestación. Sin embargo, fijar la cuantía de las pensiones, es decir, el dinero que va a recibir cada ciudadano, sería competencia del Estado. De ese modo, entiende que la caja única de la Seguridad Social se mantendría intacta.

Tan sólo nueve de las 50 provincias que tiene España concentran el 71,1% de la población ocupada en actividades relacionadas con las tecnologías de la Información y la comunicación (TICs) y, además, reúnen el 60,5% de la concesión de patentes de todo el país. Entre ese grupo puntero de provincias –que en población representan el 44,5% de España y el 50,7% del PIB nacional– se encuentran las vascas de Bizkaia y Álava, junto con Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Cádiz. Según un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), «las empresas y los trabajadores alcanzan niveles más elevados de productividad allí donde las aglomeraciones urbanas son más densas y de mayor dimensión, y también es en estas zonas donde suele concentrarse la mayor parte de la actividad innovadora que se lleva a cabo en un país».

«Hasta ahora hablar de ciberseguridad era predicar en el desierto. Ojalá el impacto social que ha tenido el ‘WannaCry’ sirva para concienciarse y adoptar medidas», decía la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, antes de entrar en un congreso sobre este asunto celebrado el jueves en San Sebastián. En el interior, los ponentes hacían la misma reflexión. Esperan que el mayor ciberataque global de la historia sea un revulsivo para que las empresas se tomen muy en serio los riesgos que acechan desde la red y, por el temor desatado, así parece que va a ser. Esta mayor sensibilidad supone un impulso para el ecosistema de compañías vascas que trabajan en la lucha contra el ‘malware’ y que son una referencia en toda España. Entre ellas hay firmas emblemáticas como el fabricante de antivirus Panda Security y consultoras especializadas de renombre como la guipuzcoana S21sec y la vizcaína Nextel. A estas, de larga trayectoria, se están sumando otras ligadas a la industria 4.0 –ITS Security y Titanium–, así como un grupo creciente de ‘startups’, muy concentradas en Gipuzkoa.

Mucho ha llovido desde que China se presentaba como un paraíso donde producir barato. Hoy han surgido nuevos polos de fabricación ‘asequible’, como Vietnam o Tailandia. China podría, simplemente, haber seguido compitiendo en costes. Pero ha optado por aprovechar la oportunidad. La deslocalización masiva de la fabricación tecnológica al gigante asiático provocó que hoy sea el primer país del mundo en producción científica y de patentes, por delante de EEUU, y segunda potencia mundial económica.  Y mientras el país asiático avanza a pasos de gigante hacia la llamada Industria 4.0, ¿qué pasa con España? «Aún estamos por delante», afirma el profesor de economía en Deusto Business School Massimo Cermelli. «No hemos perdido el tren del know how industrial, pero sí que hemos ralentizado la velocidad, mientras que China la ha acelerado», añade. «En España contamos con sectores punteros como la automoción, la máquina-herramienta o los bienes de equipo. Por mucho que China lo haga bien, no llega a nuestro nivel. De hecho, sigue importando maquinaria industrial de Europa».

El fenómeno no es nuevo, pero sí creciente. Y la mejoría de la economía española —con una tasa de paro que, aunque aún está en niveles insosteniblemente altos, ha descendido ocho puntos en cuatro años— lo refuerza. A todo emigrante le llega un momento en el que debe plantearse si su apuesta por el extranjero es definitiva o no. En 2015, 52.109 españoles dieron el paso, un 27% más que en el año anterior. El INE aún no ha publicado los datos de 2016, pero la tendencia al alza continuó en el primer semestre, con casi 28.000 viajes de vuelta.

La polémica de las últimas semanas sobre la situación en la que se encuentran los becarios en los restaurantes de algunos chefs mediáticos, y la justificación de que los aprendices de cocina pudieran no cobrar por su trabajo –teniendo en cuenta el valor de la experiencia recibida– es la punta de un iceberg descomunal. Hay que recordar que no hace mucho la propia revista Fortune se refería a la tendencia a trabajar gratis como «una corriente de futuro en recursos humanos. Algo que en una década será la norma». Todo esto tiene que ver con multitud de cuestiones que convergen en el ámbito profesional, como la confusión entre trabajo y formación; la aparición de nuevos modelos laborales; la ignorancia acerca de la flexibilidad y la integración; la aceptación o no de ciertas exigencias por parte de las empresas, que implican una dedicación antes nunca vista; o el hecho de que muchas organizaciones se ven obligadas a invertir tiempo, esfuerzo y dinero para adaptar los perfiles profesionales que llegan desde la Universidad a las necesidades reales de las propias compañías.

La clase media es la que hace crecer económicamente a un país, la que permite que la población con menos recursos prospere y la que, a su vez, sirve para que las capas medias puedan acercarse a las más altas. Y es, precisamente, la que más ha sufrido la crisis económica en España, razón por la que la depresión ha sido tan marcada. La muestra más evidente de esta situación es un estudio que el año pasado publicó el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas junto a la Fundación BBVA, y que arrojó un dato demoledor: «Cerca de tres millones de personas se han desplazado de la zona central a la parte baja de la distribución de la renta y han pasado de verse como clases medias participantes del progreso a sentirse vulnerables a las consecuencias de situaciones difíciles». Esto quiere decir que desde el inicio de la crisis hasta 2013, que es el último año que analiza la investigación, tres millones de personas fueron expulsadas de la clase media.

Una cantidad creciente de estudios están poniendo de manifiesto que el sueño americano, o sea, la idea de que, sólo con esfuerzo e inteligencia, una persona puede llegar a donde quiera en la mayor potencia del mundo, si es que alguna vez existió, se está extinguiendo. Un equipo dirigido por Raj Chetty, de la universidad de Stanford, ha publicado en la revista Science un monumental estudio estadístico que declara que la movilidad absoluta –o sea, el porcentaje de niños que van a tener unos ingresos superiores a los de sus padres –ha caído de aproximadamente el 90% en la década de los 40 al 50% hoy. «El mayor declive es en la clase media», declara el estudio.

José Antonio Jainaga, el presidente y desde mediados de 2016 dueño de Sidenor, sorprendió a todo el mundo al apostar por un negocio teóricamente maduro en donde el dueño, la multinacional brasileña Gerdau, estaba de salida y que no había levantado entusiasmo entre los potenciales compradores. Más que una compra, todos los que se habían acercado al proceso visualizaban una reconversión profunda, que siempre se salda con pérdida de muchos puestos de trabajo. Las cosas han cambiado en tan sólo doce meses. La recuperación del mercado ha hecho de motor pero, admite Jainaga, la posibilidad de tomar decisiones rápidas sin perder meses dando explicaciones y tratando de convencer al dueño de lo que quieres hacer, ha sido clave para que la compañía recupere la rentabilidad y vuelva a ganar dinero. El grupo tiene en la actualidad 2.250 empleados y sus principales plantas de producción se encuentran en Basauri, Reinosa, Azkoitia y Vitoria.

En la víspera de la votación de la reforma de la estiba el presidente de la patronal catalana Foment y vicepresidente de CEOE, el influyente Joaquín Gay de Montellà, almorzaba con el coordinador del grupo parlamentario del PDeCAT (Convergència), Jordi Xuclà. Su mensaje en el restaurante Paradis próximo al Congreso de los Diputados fue éste: «El PNV es más listo, deberiais tener una actitud parlamentaria más útil para la economía de Cataluña y España». El veterano Xuclà, partidario de pactos, estuvo de acuerdo. El antaño influyente grupo parlamentario catalán ha hecho el ridículo mientras estaba al frente el ya fulminado Francesc Homs. Éste, perdido en el Grupo Mixto, se negaba a hablar con el PP, mientras el PNV forjaba un rentable grupo parlamentario que ha arrancado 1.400 millones por el Cupo Vasco y un calendario cerrado para el AVE de Euskadi.