20170510

El presidente de la patronal vizcaína Cebek, Iñaki Garcinuño, reclamó ayer que las anunciadas modificaciones fiscales que prepara la Administración vasca contribuyan a «mejorar la competitividad de la empresa». Un mensaje que sale al paso de la propuesta de aumentar la presión fiscal sobre las sociedades mercantiles, lanzada desde el Gobierno de Vitoria por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. Garcinuño, que será reelegido hoy como presidente de la organización empresarial vizcaína para un nuevo mandato de cuatro años, también reivindicó un trato fiscal «igualitario con las cooperativas». La reclamación, aunque novedosa en boca de un dirigente empresarial vasco, pone el dedo en una llaga que este colectivo observa con sentimiento de discriminación desde hace décadas. Mientras que las sociedades mercantiles convencionales tienen en Euskadi un tipo de gravamen sobre sus beneficios del 28% –el 24% las de menor dimensión–, el que se aplica a las cooperativas es de tan solo el 20%.

La falta de acuerdo entre los grupos políticos municipales sobre las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas –que tuvo su reflejo en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria del viernes– ha supuesto, a juicio de la patronal SEA-Empresarios Alaveses, un «acto de irresponsabilidad» que le puede «costar caro» a alrededor de 840 compañías de la capital, sobre todo pymes, autónomos, emprendedores y el pequeño comercio. Son quienes tienen que pagar por primera vez este año el IAE tras modificarse la norma foral, que ahora obliga también a abonar ese tributo a quienes facturan entre 1 y 2 millones de euros. Esa normativa, sin embargo, incluye bonificaciones de hasta el 75% en este 2017, del 50% en 2018 y del 25% en 2019. Pero por el momento las empresas vitorianas no se pueden beneficiar de dichos descuentos, «por la total incapacidad para el acuerdo de los grupos municipales y su falta de altura de miras», denunció ayer el presidente de la patronal, Pascal Gómez.

La economía española muestra signos de un vigor cada vez mayor, lo que le podría permitir superar el año con un crecimiento superior al 3%, tal como el que se registró en los dos años anteriores (en 2015 y 2016, el PIB creció un 3,2% anual). El Indicador Sintético de Actividad, que utiliza el Ministerio de Economía para tratar de anticipar el rumbo de la economía a seis meses vista, se acelera hasta un ritmo interanual del 3,2% en el primer trimestre, frente al 2,9% del trimestre previo, con fuertes acelerones en los componentes de la industria, la inversión en bienes de equipo o las exportaciones. Y todo ello, en un contexto en el que el Gobierno y los centros de análisis apuntan a revisiones al alza de las perspectivas de crecimiento.

La Comisión Europea revisará mañana al alza las previsiones de crecimiento de España, al igual que hizo el propio Gobierno y el Fondo Monetario Internacional hace apenas tres semanas. Pero según las fuentes consultadas, Bruselas irá incluso un poco más allá. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ya anticipó ayer que espera que la previsión de crecimiento del PIB del Ejecutivo comunitario para 2017 añadirá «medio punto adicional» al 2,3% actual. Es decir, el 2,8%, cuando el FMI deja el dato en el 2,6% y el Gobierno en el 2,7%.

El Gobierno asume que la fragmentación parlamentaria dificultará sacar adelante su programa de reformas. Lo ha comprobado en lo ajustado de la votación para evitar el veto a los Presupuestos –precisó de tres empates–. Por ese motivo centrará sus esfuerzos en evitar la «liquidación» de las normativas aprobadas en materia laboral o de estabilidad fiscal, como propone parte de la oposición, antes que en abordar nuevas reformas de calado. «Mi preocupación no es hacer reformas, sino que se mantengan las que ya se han hecho y están funcionando», explicó ayer el presidente Rajoy.

Las tres haciendas vascas se encuentran volcadas en el diseño de medidas para mejorar la reforma fiscal aprobada en 2013 con la intención de que los cambios estén listos para su entrada en vigor el próximo año. El diputado general de Álava, Ramiro González, planteó la atracción de talento a Euskadi como uno de los objetivos a estudiar dentro de ese proyecto de modificaciones. «Nuestras empresas tienen que ser competitivas con las del Estado y con las de Europa y pagar una fiscalidad justa además de ser capaces de atraer personas con talento», defendió ayer el líder jeltzale en su comparecencia semanal tras el Consejo de Gobierno foral.

La Diputación de Gipuzkoa mostró ayer su decidida apuesta por una reforma fiscal armonizada entre los tres territorios de la CA V, en respuesta al anuncio realizado el pasado lunes por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, de su intención de modificar el Impuesto de Sociedades para ganar en competitividad empresarial. «Una reforma armonizada es la mejor política fiscal de Eus kadi», afirmó ayer el portavoz de la entidad foral guipuzcoana, lmanol Lasa. El representante foral evitó entrar en detalles acerca de la posibilidad de que la reforma en la que actualmente trabajan los departamentos forales de Hacienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa junto con el Gobierno Vasco contemple una modificación del impuesto de Sociedades.

La nueva piel del capitalismo tiene tres rasgos fundamentales: globalización, hiper financiarización y desigualdad. Bruselas publica hoy un documento en el que defiende los beneficios de la globalización frente a los repliegues nacional-populistas, el Brexit o las tentaciones proteccionistas de Trump. La novedad es que la Comisión Europea es consciente de que los excesos de los últimos años deben corregirse: aboga por «dar forma» a la globalización, por ponerle riendas, por fijar «un conjunto de reglas globales, que ahora mismo están incompletas». Revertir ese proceso sería un desastre, apunta Bruselas, pero no hacer nada tampoco es la solución: en 10 años, la globalización (combinada con el cambio tecnológico) «dejará tantos ganadores como perdedores».

El Instituto de Empresa Familiar, que engloba a cien de las mayores compañías de España, presentó ayer las mejores perspectivas de empleo, ventas e inversión desde que se inició la recuperación. En la clausura de la asamblea anual del IEF, que cumple 25 años, el organismo mostró los resultados de una encuesta realizada a sus socios, que da una puntuación de 5,88 puntos sobre 9 puntos a la situación económica actual, la más elevada desde 2013, año en el que comenzó a realizar esa encuesta (el suelo se tocó ese ejercicio, con 2,6 puntos).

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones de pago aumentaron un 3,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.319, según la estadística de procedimiento concursal publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 263, lo que supone un incremento del 42,9% respecto al mismo trimestre de 2016, mientras que las empresas concursadas disminuyeron un 2,7%, hasta sumar 1.056 procedimientos de quiebra. En Euskadi, un total de 79 empresas y personas físicas se declararon en concurso de acreedores en el primer trimestre, lo que supone una bajada del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

El paro y el acceso a la vivienda continúan siendo los principales problemas de la juventud vasca, según expuso ayer en el Parlamento Vasco la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK). Maialen Olabe. «EI 18,4% de las personas jóvenes entre 16 y 29 años está en paro según los datos del primer trimestre de 2017, es decir, 24.000 personas jóvenes», señaló Olabe, quien denunció que esta situación «dificulta realizar un proyecto de vida» aunque por primera vez en la última década el dato de desempleo juvenil no duplica el de la tasa general de paro, que es del 11,4%. Aun así, Olabe pidió «seguir trabajando y reflexionando» porque aún queda «mucho por hacer en materia de empleo».

ELA, igual que todos los sindicatos, ha sufrido una intensa pérdida de afiliados en los últimos años. Es lógico. Primero fue la destrucción de empleo –los parados no están para andar pagando cuotas–; y luego la llegada de contratos precarios. Así que es normal que el sindicato abertzale haya visto menguar su base un 6%, de las 105.312 personas de septiembre de 2012 a las 98.960 que se registraban el pasado 31 de marzo. Lo que resulta llamativo es que toda esa pérdida se haya producido en Euskadi, donde la cifra de quienes pagan su cuota se ha quedado en 88.742 (unos 7.000 menos), mientras en Navarra se mantiene e incluso crece ligeramente hasta los 10.218. ‘Txiki’ Muñoz desvincula el retroceso de su enfrentamiento con el PNV y destaca que la autonomía financiera del sindicato sale reforzada de la crisis.

Siemens ha consumado su asalto a los puestos clave del organigrama de gestión de Gamesa, tras el nombramiento dado a conocer ayer de Markus Tacke como consejero delegado y primer ejecutivo de la compañía. Tacke era el responsable de la división eólica de Siemens antes de la integración y sustituirá a Ignacio Martín, expresidente de Gamesa y que el pasado mes de abril fue designado consejero delegado de forma provisional. Martín, que asumió la dirección de la empresa en 2012 cuando esta se encontraba sumida en una profunda crisis, ha decidido apartarse tras haber reflotado la firma y culminado la integración con Siemens.

Elkargi y Kutxabank acordaron ayer una nueva línea de financiación para microempresas, autónomos y emprendedores, que complementará y pasará a formar parte de las otras fórmulas de financiación establecidas previamente entre ambas entidades, según informó el banco de las kutxas. El acuerdo fue suscrito por el ejecutivo de Kutxabank Eduardo Ruíz de Gordejuela y el director general de Elkargi, Pío Aguirre.

Recién cerrados los sustanciosos acuerdos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la actualización de la Ley del Cupo, el Gobierno vasco y el PNV ponen ya sus nuevos objetivos sobre la mesa. Toda una declaración de intenciones dirigida a Rajoy y al PP, que en apenas unos meses tienen que volver a buscar socios para aprobar el techo de gasto y las Cuentas de 2018. El portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, marcó ayer las transferencias de Prisiones y de la tesorería de la Seguridad Social como «prioridades» para el Ejecutivo autónomo. Se trata de dos cuestiones espinosas que los diferentes gobiernos del Estado se han negado a ceder. Ambas figuran en el pacto que PNV y PSE firmaron a finales del año pasado para sostener el Ejecutivo autonómico.

El PP conserva su liderazgo y volvería a ganar las elecciones generales, con el 31,5% de los votos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado ayer. El estudio revela que el PSOE avanza en su recuperación y vuelve a la segunda posición que le había arrebatado Unidos Podemos, con el 19,9% de los votos. El partido de Pablo Iglesias pierde dos puntos desde su congreso (19,7%) mientras Ciudadanos se mantiene como cuarta fuerza con el 14,9%.