20170302

La responsable de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, cumplió ayer con el compromiso habitual de presentar y explicar su propuesta de presupuestos ante la comisión que en el seno del Parlamento de Vitoria se encarga de seguir y controlar el trabajo de su gabinete. La consejera, que al haber asumido en su cartera la responsabilidad de las insfraestructuras, planteó unas cuentas milmillonarias –en concreto, de 1.042,4 millones– en las que la parte del león (599 millones) se la lleva el TAV y los transportes. Sin embargo, no todo son trenes en el horizonte de Tapia. Ni mucho menos, pues los más de 400 millones restantes servirán, afirmó, para «generar y fortalecer la economía vasca» así como para «crear empleo en Euskadi y mejorar la competitividad de las empresas». Este sigue siendo el ‘leit motiv’ de la consejera responsable de reactivar la economía y el tejido productivo vascos.

El gran reto del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco es reducir la tasa de desempleo por debajo de los dos dígitos a lo largo de esta legislatura. Un listón que se ha marcado todo el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Un objetivo alcanzable, a pesar de que el paro desciende a menor ritmo del deseado en los últimos meses y a que el empleo que se crea no lo hace con el mismo brío que la economía. Una cuestión que preocupa y mucho a los agentes sociales. Pero más allá de la cantidad, hay otra cuestión que importa tanto o más, como es la calidad del empleo que se crea. Y ahí puso ayer el foco la consejera de Empleo, Beatriz Artolazabal, durante su comparecencia para dar a conocer los presupuestos para este ejercicio de su Departamento. El fomento del empleo estable y de calidad será uno de los ejes de su consejería. Para ello, destacó que se van a dedicar más fondos a políticas activas de empleo que se llevarán a cabo a través de Lanbide. En concreto, la partida crecerá en 28 millones respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 854 millones, lo que supone un incremento del 3,38%.

«Optimismo realista». Así define el informe ‘Perspectivas España 2017’, elaborado por la consultora KPMG, la percepción recogida entre los empresarios y directivos del País Vasco sobre la situación actual de la economía de Euskadi y sus estimaciones para este año. De hecho, los ejecutivos vascos son los terceros más optimistas de entre todas las comunidades autónomas en cuanto a su consideración de cómo evolucionará la economía del territorio en el presente ejercicio. A este respecto, además de que el 53% de los responsables empresariales encuestados en Euskadi califica de «buena» e incluso «excelente» la situación actual, un 48% espera que aún mejore a lo largo del año y otro 45% confía en que al menos se mantenga igual.

Prácticamente la mitad de las empresas, el 45%, proyecta que sus plantillas aumentarán durante los próximos doce meses, y un tercio considera que lo hará en más de un 5%. Así se desprende del informe Perspectivas España, elaborado por la consultora KPMG y la patronal CEOE. Los signos de desaceleración que experimenta la actividad no se trasladan por ahora a las perspectivas de su sector empresarial, a tenor de esta encuesta realizada entre casi 3.000 presidentes y ejecutivos del panorama español. Tres de cada cuatro compañías confía en que su facturación se incremente a lo largo de estos doces meses, mientras que un 60% tiene previsto incrementar sus inversiones. En ambos casos, la subida esperada es superior al 5% para alrededor de un 30% de los sondeados.

El Gobierno pone las herramientas encima de la mesa y son las empresas quienes crean empleo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, resumió así el rol que juega cada actor en la mejora del mercado laboral. Durante la presentación del Boletín trimestral de empleo en las pymes, elaborado por Randstad y Cepyme, Báñez defendió que la reforma laboral ha sido un factor determinante para que España, junto con Alemania, «haya liderado el crecimiento de empleo» en la Unión Europa. «El balance de 2016 fue extraordinario», aseguró la ministra, quien insistió en la idea de que el reto es alcanzar los 20 millones de ocupados al final de esta legislatura. La ministra de Empleo reclamó que los agentes sociales aceleren un pacto salarial. «Necesitamos avanzar en el diálogo bipartito. España necesita la responsabilidad y el compromiso de todos», señaló la ministra.

La negociación colectiva en el Estado ha entrado en vía muerta y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, intentó ayer darle un impulso llamando al orden a la CEOE y a la entente CCOO-UGT. Lo hizo en un acto organizado por Cepyme y se encontró con la respuesta que seguramente menos esperaba. El presidente de la CEOE. Juan Rosell le replicó que «cada uno tiene su responsabilidad». El mensaje encerrado es claro: los empresarios piden al Gobierno que no se inmiscuya en una cuestión que solo compete a empresarios y sindicatos. El cruce de declaraciones no fue a mayores, pero quedó la sensación de que las relaciones entre el Ejecutivo popular y la patronal no son tan buenas como cabía pensar.

Las  empresas de trabajo temporal  cada vez intermedian en más contratos. En el conjunto de España gestionaron 3,3 millones el año pasado. «Es el mayor registro de la historia», se felicita Alejandro Costanzo, director del gabinete técnico de la patronal del sector, Asempleo. Que disparen su actividad parece natural si se tiene en cuenta que la recuperación del mercado laboral se sustenta en el empleo temporal, y semejante coyuntura impulsa el papel de las ETT, cuyo protagonismo no deja de crecer desde 2012. En Euskadi también ocurre eso. El año pasado las empresas de trabajo temporal gestionaron 161.640 contrataciones tras encadenar cuatro años de espectaculares subidas desde las 99.130 de 2012. Eso se traduce en que durante 2016 por estas compañías pasó el 18,8% de los 861.069 contratos temporales que se firmaron en la comunidad autónoma, y el 17,4% del total de las contrataciones, que fueron 926.599 (incluyendo las indefinidas).

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 3,2% el pasado ejercicio, hasta sumar 368.617 millones de euros, lo que supone el 33,2% del PIB, según los últimos datos del Banco de España. Así, España suma cuatro años seguidos por encima del 33% y el peso del sector exterior ya supera al de Francia, Italia o Reino Unido.

Los ciudadanos siguen quitándose de encima el lastre de la deuda bancaria. Los compromisos financieros que mantienen los hogares por todo tipo de pasivos han descendido hasta situarse en 710.316 millones al comienzo del año, lo que supone una caída del 1,7% con respecto al mismo periodo de 2016, según el Banco de España. Este menor peso permite respirar a las familias con mayor tranquilidad, al registrar ahora el mismo nivel de endeudamiento que el que tenían en el mes de junio de 2006, cuando los primeros avisos de la recesión aún no se vislumbraban en el horizonte bancario. Atrás quedaron años como 2009, en el que la deuda acumulada superaba máximos de 900.000 millones.

Bruselas presentó ayer su esperado Libro Blanco sobre la futura Unión Europea. Paradójicamente, lo más interesante de ese ejercicio de prospectiva es la mirada por el retrovisor: la Comisión hace una inusual y dura autocrítica sobre su papel en la crisis del último decenio. Hasta ahora, la Comisión se había limitado a corregir el tiro de las políticas económicas con algo más de flexibilidad fiscal y un plan de inversión; nunca había reconocido sus errores de forma tan contundente. «La Unión ha estado por debajo de las expectativas en la peor crisis financiera, económica y social de la posguerra», resume el texto. El Libro Blanco advierte de que la recuperación es desigual y anticipa un difícil futuro a los jóvenes

El Gobierno va a crear cuatro nuevas autoridades administrativas independientes que se encargarán de la defensa de la competencia y la supervisión en el ámbito económico y financiero tras la extinción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ministerio de Economía abrió ayer a consulta pública el anteproyecto de ley que divide la CNMC en dos entidades: una de ellas asumirá las tareas de supervisión y regulación sectorial y la otra controlará la competencia. La fecha límite para la remisión de observaciones es el 17 de marzo. El texto detalla que también se prevé crear una Entidad de control de Seguros y Planes de Pensiones independiente en sustitución de la Dirección General de Seguros, ahora adscrita a Economía, y una Entidad de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros.

Hasta 550.000 viviendas se podrán beneficiar de la devolución de la plusvalía municipal cobrada erróneamente. Es decir, a sus propietarios se les debería devolver el impuesto que los ayuntamientos les exigieron por el aumento de valor de los inmuebles vendidos, que en realidad se habían depreciado y, por tanto, el gravamen no era aplicable. Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 16 de febrero declaró inconstitucionales varios artículos de la norma foral de Guipúzcoa referente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, conocido como plusvalía municipal). El TC no anuló el impuesto, sino su aplicación automática en casos en que no haya revalorización.

El consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado esta semana un paquete de subvenciones englobadas en el denominado Programa de Apoyo a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en Gipuzkoa con el que el Gobierno foral inyectará en el presente ejercicio 4.341.800 euros para impulsar la investigación y el desarrollo en el territorio. El propio diputado general, Markel Olano, que visitó ayer junto a la responsable de Promoción Económica, Ainhoa Aizpurua, la empresa Ulma, en Oñati, destacó que «la innovación es uno de los principales motores para impulsar la competitividad de nuestras empresas».

Desde que en octubre de 2016 llegaron a su fin las ayudas del Plan PIVE, la compra de coches ha experimentado un frenazo. La tendencia se confirmó ayer con las ventas de turismos y todoterrenos en febrero, difundidas por las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto). La casi plana subida del 0,2% en España, donde sólo se adquirieron 97.776 unidades el mes pasado, contrastó con el dato de Euskadi. El repunte en el País Vasco fue de un 0,57% respecto al mismo periodo de 2016 hasta alcanzar las 2.982 matriculaciones, con lo que rompe la tendencia de situarse por debajo de la media nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió el martes  por primera vez a la Cámara de Representantes a través de un discurso que fue televisado en horario de máxima audiencia. Su tono fue el más presidencial desde que el magnate tomó las riendas de la mayor potencia internacional, aunque no se alejó de sí mismo. Olvidando su habitual estilo beligerante, Trump llamó por primera vez a la unidad entre demócratas y republicanos para «escribir un nuevo capítulo en la gran América que está ahora empezando». Para comenzar la reconstrucción de EEUU, Trump tiene varios planes. Por un lado, el presidente ha asegurado que pedirá al Congreso que apruebe una ley para invertir «un billón de dólares en infraestructuras en Estados Unidos que se financiarán con capital público y privado y crearán millones de empleos». La principal dificultad de este plan es la pesada deuda que ya pesa sobre el país y que asciende a 18 billones de dólares.

«Las ayudas de la RGI están bien concedidas, pero quizá haya que mejorar el control». Sólo 48 horas después de que Iñigo Urkullu pronunciara estas palabras, el «proceso de reflexión» que anunció el lehendakari comienza a tomar forma. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunció ayer que «en breve» hará públicas «distintas iniciativas» para «contrarrestar situaciones de fraude y de cobros indebidos» en las ayudas sociales gestionadas por Lanbide. Una entidad en la que reconoció, sin ambages, que «ha habido problemas».

El Ministerio de Empleo, que tiene las competencias de Inmigración, ha adjudicado la vigilancia de los cuatro CAR que hay en España (dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla) a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, conocida y temida en el sector por reventar los precios con su convenio colectivo. En él se reducen en más de un 90% los pluses de nocturnidad o festivos. El contrato, un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias.