20170201

Desde octubre de 2012 no se registraba una inflación del 3% en España, así que el dato conocido ayer ha hecho saltar todas las alarmas. Aún así, al ciudadano la subida de precios no le ha pillado desprevenido porque la cesta de la compra está imposible desde hace semanas, culpa sobre todo de la luz –con recibos históricos– y de los carburantes. La escalada del IPC ha sido mayor de la esperada por el Gobierno y casa mal con los criterios de moderación aplicados en la revalorización de pensiones y salarios. En este último caso, parece lógico que la negociación de sueldos se verá tensionada.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que el Gobierno aprobará en los próximos días el Real Decreto de Desindexación para que el repunte de la inflación «no dañe a la competitividad de la economía». La Ley de Desindexación entró en vigor el 1 de abril de 2015 con el fin de desvincular los precios de los servicios públicos del IPC. Su desarrollo reglamentario quedó pendiente, cuando además los precios eran negativos, y en 2016 no pudo aprobarse por estar el Gobierno en funciones. Guindos concretó ayer que espera aprobar el Real Decreto el viernes con el fin de evitar los «efectos de segunda ronda» y que el repunte «preocupante» de la inflación se haga estructural y se traslade a los contratos públicos, los precios del transporte, de la educación, etcétera.

La inflación de la zona euro se ha disparado del 1,1% de diciembre hasta el 1,8% de enero como consecuencia de los precios de la energía y debido, sobre todo, al fuerte repunte registrado en España (3%). En Alemania, que es un clamor a sólo ocho meses de sus elecciones, cerró en el 1,9%. Se redobla la presión sobre el BCE para que retire los estímulos y suba los tipos, pero todo apunta a que Draghi, su presidente, aguantará el tipo.

La recuperación de la industria vasca fue la principal buena noticia del pasado año en lo que a creación de empleo se refiere. El sector alcanzó los niveles previos a la crisis al aumentar en 23.200 personas, con lo que ya representa el 23% del total de puestos de trabajo de Euskadi. Los datos, apoyados en la Encuesta de Población Activa (EPA), los resalta el Informe Laboral Euskadi 2016 de la UPV/EHU, presentado ayer por su directora, la catedrática de Economía Sara de la Rica. La tendencia, aunque «positiva», no significa que el País Vasco tenga en la industria al mismo número de empleados que hace una década. De hecho, son unos 28.000 menos. Tampoco despeja las dudas que planean en el mercado laboral vasco porque, según advirtió De la Rica, «la creación neta de empleo es demasiado débil».

Más crecimiento, más inflación, menos paro: la eurozona recupera el resuello no sin dificultad. El desempleo cerró 2016 en el 9,6%, la menor tasa en cuatro años, y el PIB avanzó el 1,8% a pesar de Donald Trump y sus tentaciones proteccionistas. Hasta la inflación, con el petróleo al alza, comienza a dar signos de vida: el IPC de la eurozona aumentó el 1,8% en enero, según Eurostat.

Combatir el fraude del mercado laboral será uno de los objetivos del Gobierno vasco para esta legislatura. La consejera de Trabajo, la socialista María Jesús San José, así lo avanzó ayer en el Parlamento autonómico al esbozar los ejes de actuación de su departamento para estos cuatro años. Como principales medidas citó reforzar con seis personas más la plantilla de inspectores para combatir irregularidades en las contrataciones, así como la puesta en marcha de un buzón telemático con el fin de que los empleados puedan enviar denuncias anónimas.

El Consejo de Gobierno vasco autorizó ayer la realización de operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 1.451 millones de euros. El decreto se ha aprobado de conformidad con lo previsto para este ejercicio en materia de endeudamiento por la Ley de Presupuestos para el año 2016, actualmente prorrogada. Considerando las operaciones de endeudamiento al cierre de 2016 y las amortizaciones a realizar durante este 2017, se ha acordado que el importe máximo de endeudamiento a formalizar en el presente ejercicio se sitúe en los citados 1.451 millones de euros. Además, el endeudamiento que se formalice durante el presente año deberá garantizar el cumplimiento del objetivo de deuda pública acordado para este 2017.

Euskadi registró hasta noviembre pasado un superávit de 44 millones de euros, un 0,06% de su PIB, según los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Hacienda. El País Vasco fue, de esta forma, una de las cuatro autonomías con superávit junto a Asturias, con 36 millones (0,16% de su PIB); Baleares, 33 millones (0,12%) y Canarias, con 250 millones (0,59%). En el conjunto de España, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo a las corporaciones locales, se situó en 37.243 millones, con lo que se sitúa en el 3,3% del PIB.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, afirmó ayer que, tras la reciente firma del acuerdo interprofesional de negociación colectiva, «no ha cambiado en modo alguno el fondo del conflicto con la patronal». «Es una patronal que pone por escrito, en sus propios documentos, que no tiene necesidad de negociar», dijo el dirigente sindical.

El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, da un paso firme en la escalada de reacciones contra la nueva etapa de la política de EE UU y dice que lo que hace Washington se incluye en las amenazas externas a las que se enfrenta la UE. Junto a «una China cada vez más segura de sí misma», la «agresividad rusa» y el «islamismo radical», el representante de los jefes de Estado y de Gobierno europeos cita «las preocupantes declaraciones de la nueva Administración americana» en una carta dirigida a los Veintiocho. Ante la cumbre europea del viernes en Malta, Tusk reitera su juicio sobre el agitado arranque de Trump: «El cambio en Washington pone a la UE en una situación difícil; parece que la nueva Administración cuestiona los últimos 70 años de política exterior americana». Como respuesta a todo ello, Tusk insta a «defender con claridad la dignidad de la Europa unida».

La reducción de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos de 37,5 a 35 horas tendría un coste estimado de 3.029 millones si se aplicara en todas las CCAA, el equivalente a tres décimas de déficit autonómico, según estimaciones de los expertos, sobre un gasto de personal autonómico total estimado de 75.700 millones a cierre de 2017. De momento, Andalucía ha optado por esta medida y Castilla y León pugna por unirse, pese al rechazo del Tribunal Constitucional a la tentativa anterior de Castilla-La Mancha y el del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al intento de Euskadi.

Los futuros hipotecados tendrán que confirmar de su puño y letra que aceptan las condiciones de sus préstamos para adquirir una vivienda, sobre todo si se trata de algunas de las cláusulas que han generado más conflictos en los últimos años con la banca. Así lo exigirá la ley hipotecaria que prepara el Ministerio de Economía, y que llevará al Congreso en los próximos meses, según afirmó ayer Luis de Guindos. Con esa declaración manuscrita, el consumidor declarará que asume y comprende tanto las estipulaciones del contrato como el contenido de la ficha estandarizada que su entidad le facilitará en la negociación de la hipoteca, antes de firmarla.

Medio centenar de pequeñas y medianas empresas de Bizkaia quisieron acogerse el pasado año al programa 3i, una iniciativa foral de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión. Sin embargo, sólo una docena de ellas consiguió la financiación necesaria para impulsar su competitividad, con ayudas a fondo perdido de hasta 500.000 euros. La Diputación quiere atender en 2017 un mayor número de solicitudes. Por eso ha incrementado su aportación hasta los 4,8 millones euros, un 128% más que en el ejercicio anterior. El Consejo de Gobierno foral dio ayer luz verde a dicha consignación.

El mantenimiento de los centros de decisión de las empresas guipuzcoanas en el territorio es una prioridad para evitar deslocalizaciones y su consecuencia más dura, la pérdida de empleos. Ahora bien, el logro de este objetivo en un mundo globalizado es casi como poner puertas al campo. En Gipuzkoa ha arrancado un proyecto de colaboración público-privado que, a pesar de la dificultad aludida, pretende promover que en las pymes, especialmente familiares, se produzca un relevo generacional que las ancle en el territorio. La iniciativa está impulsada por Deusto Bussines School, la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (Aefame), la Fundación Antonio Aranzábal y la Diputación. El proyecto fue presentado ayer en el campus de la Universidad de Deusto en Donostia, con la presencia del diputado general, Markel Olano y del vicerrector Josean Rodríguez Ranz.

L a Diputación Foral de Gipuzkoa lanzó el pasado verano una herramienta de financiación para las empresas del territorio con la colaboración de Elkargi SGR. sociedad de garantía recíproca, y a la que posteriormente se adhirieron nueve entidades bancarias con presencia en el territorio. El objetivo final de la nueva herramienta es el apoyo a las pymes en las apuestas de futuro que necesiten realizar, en unos momentos en los que el tejido económico en general y la industria en particular se encuentran en plena fase de transformación y con muchos retos por delante (internacionalización, fabricación avanzada, redimensión ... ), para los cuales las pymes no siempre se encuentran con facilidades para acceder a la financiación necesaria.

Las empresas de Bizkaia vaticinan un año 2017 dinámico, pero algo más estable que el anterior, según los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales que realiza la Cámara de Comercio de Bilbao junto al resto de Cámaras de Comercio europeas.  Ese estudio ha evidenciado que «todos los sectores presentan saldos positivos en cifras de negocio, ventas en el mercado nacional, exportaciones y empleo», lo que indica, según el análisis de la Cámara, que el porcentaje de empresas optimistas sea superior al de pesimistas.

El Gobierno vasco hizo ayer un gesto significativo para dejar atrás la etapa de tensión y enfrentamiento con la dirección de ArcelorMittal a raíz del cierre de Zumarraga y la parada de la ACB, ahora reabierta y sin pérdidas pero con una actividad muy limitada, a una cuarta parte de su capacidad. Así, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en el pasado sumamente crítica con la gestión del grupo, visitó la planta de Sestao con la excusa de que se ha trasladado allí el centro de I+D para el País Vasco que la compañía tenía en Zamudio.

«¡Vaya con Montoro! El PP ha modificado el Impuesto de Sociedades en el Estado retirando deducciones que permitían a las grandes empresas pagar poco o nada por ese impuesto. La CEOE ha reaccionado criticando duramente la medida del PP. No solo eso, la CEOE, de la que forma parte Confebask, aplaude la decisión de DonaId Trump de bajar a la mitad los impuestos de las empresas. […] Montoro no se ha caído del caballo para convertirse al socialismo. No, lo que sucede es que el Estado tiene serios problemas para financiar servicios esenciales y cumplir los objetivos de déficit y lo de la contribución fiscal de las empresas más importantes es un escándalo: no pagan impuestos. ¿Qué sucede en las Haciendas vascas?' Aquí sucede lo mismo que en el Estado, pero sin que tenga las mismas consecuencias. Aquí no se plantea ningún cambio. De lo que hace el Estado español aquí se copia todo, absolutamente todo, menos aquello que pueda perjudicar a la patronal.»