20161230

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, y el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, se reunieron ayer con el objetivo de intercambiar impresiones sobre la actual coyuntura laboral y económica. Los dos analizaron diversos aspectos de la situación económica y del empleo en Euskadi en lo que constituyó su primer encuentro oficial al inicio de la nueva legislatura.

La actividad continuará creciendo el próximo año en las fábricas vascas a pesar de las incertidumbres políticas exteriores que asoman por el horizonte, que en principio invitan a pensar en un menor ritmo y «altibajos» en la producción. Dentro de ese panorama, dibujado ayer por la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, no habrá «sobresaltos» y se reforzará la recuperación del sector industrial. Los dientes de sierra en el crecimiento serán «permanentes» y comunes a todos los sectores de la CAV y tendrán reflejo en la evolución del PlB. Sin embargo, la economía vasca navega ya a velocidad de crucero y podrá sortear sin grandes problemas los obstáculos que encontrará en el camino.

A diferencia de lo que sucedía hace bien poco, el tejido productivo vasco, en términos generales, ya no sufre problemas de financiación. Hay dinero más que suficiente en el sistema, y lo que se hace necesario ahora es vencer miedos del pasado y movilizar esa ingente cantidad de liquidez para generar actividad, empleo, riqueza y recaudación. Por eso el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha encargado a su equipo económico –los consejeros de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu–que aceleren al máximo los programas de colaboración público-privada. El primer hito en ese viaje hacia la colaboración entre los distintos agentes económicos de Euskadi se oficializó ayer en la puesta de largo de los convenios firmados entre el Gobierno Vasco, las principales entidades financieras que trabajan en el país (Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Caja Rural de Navarra, Banco Santander, Bankinter y Caixabank) y las SGR Oinarri y Elkargi en el marco de un programa de apoyo financiero a la inversión en I+D+i y eficiencia energética.

No conviene olvidar que, junto al Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y a la banca tradicional, otro de los agentes esenciales en el proyecto de apoyo a la inversión en I+D y eficiencia energética de las pymes y los centros tecnológicos de Euskadi son las dos Sociedades de Garantía Recíproca vascas (Elkargi y Oinarri), que ya fusionadas trabajan como una sola entidad que echará a andar el 1 de enero. Ellas y sólo ellas  se harán cargo de los avales en los proyectos de entre 250.000 euros y un millón de inversión. Esta apuesta de Elkargi por la innovación resulta beneficiosa para todos los agentes involucrados en este plan. En caso de que el aval de la sociedad de garantía recíproca pilotada por Pío Aguirre no fuera posible, por el motivo que fuere, las solicitudes podrán ser analizadas en segunda instancia por el Comité de Valoración y Seguimiento para ser apoyadas por Fondo de Garantía de las grandes operaciones.

Las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa han decidido trasladar en el impulso al I+D+i una filosofía similar a la que se aplica ya y con notable éxito a la producción cinematográfica. Salvando las distancias, tiene también un nexo común con el mecanismo del ‘tax lease’. En la práctica se consigue que determinada actividad que se considera estratégica para la dinamización de la economía, en este caso la creación y diseño de nuevos productos y servicios, reciba una financiación barata –en este caso incluso gratuita– desde otros actores privados. La Administración es en el último término quien hace el esfuerzo económico, aunque en vez de aplicar la vía de las subvenciones lo hace mediante la concesión de deducciones fiscales a los financiadores.

Fiel al guion de años anteriores, el Gobierno vasco va a abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas representadas en el Parlamento autonómico en busca «del mayor consenso posible» que le permita sacar adelante los Presupuestos. Y aunque EH Bildu tomó ayer la delantera al ofrecerse a entablar conversaciones con el PNV de cara a un «acuerdo global en política económica», en Ajuria Enea se va instalando cada vez con más peso la sensación de que el apoyo que el Ejecutivo PNV-PSE –sin mayoría– necesita para sacar adelante las Cuentas debería venir de la mano del PP si al final cristaliza el entendimiento de los jeltzales con el Gobierno de Rajoy.

La consejera de Desarrollo Economíco e Infraestructuras Arantxa Tapia se reunirá en Madrid con el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital con el objetivo de reactivar la reclamación de que se aborden cambios de calado en las normas estatales que fijan los precios de la energía eléctrica para las empresas. El primer encuentro entre Tapia y Nadal se celebrará el próximo miércoles 11 de enero y en él la consejera vasca insistirá en los argumentos ya esgrimidos con poco éxito ante el ex ministro José Manuel Soria en la pasada legislatura para abordar cambios tan concretos como el establecimiento de precios eléctricos industriales o la inclusión de exenciones temporales dirigidas a determinados sectores industriales o aplicadas durante momentos concretos.

El PSOE insistió ayer en su «firme voluntad» de «derogar» la reforma laboral del PP, a pesar de los llamamientos del Gobierno y del Grupo Popular en el Congreso para negociar el cambio de aspectos concretos de la legislación laboral aprobada la pasada legislatura. El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Rafael Simancas, recordó ayer que su partido ya ha obtenido el respaldo de la mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados para derogar la norma. A partir de ahora, el PSOE dedicará «todos los esfuerzos para desmontar y derogar las leyes y normas que implican reducción de derechos », como la reforma laboral, afirmó en rueda de prensa.

Las modificaciones introducidas en el impuesto sobre sociedades han provocado un duro enfrentamiento  entre el Gobierno y la patronal CEOE. Ante el anuncio de los empresarios de que estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley aprobado con los cambios en el impuesto, porque consideran que atenta contra derechos fundamentales, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respondió ayer que la reforma no generará inseguridad jurídica. Además, se comprometió a clarificar las dudas de las empresas sobre el desarrollo reglamentario del decreto e hizo un llamamiento a la patronal para que todos se comprometan con la reducción del déficit público. CEOE reprocha al Ejecutivo que los cambios tengan efectos retroactivos y que se hayan aprobado a menos de un mes del cierre del ejercicio y sin consultar a las partes su posible impacto.

Los españoles notarán pronto en su bolsillo que 2017 supondrá un encarecimiento de recibos como el de la luz o el gas. Y es que los bajos precios del petróleo, que hasta ahora habían beneficiado a la economía doméstica, se acabarán por la menor producción. Así, el precio del barril pasará de 43 a 50 dólares de media –según el Gobierno– lo que impulsará la inflación, encarecerá los combustibles y endurecerá la temida cuesta de enero.

El Puerto de Bilbao albergará al menos dos proyectos de carácter industrial en sus instalaciones, aprovechando el terreno ganado con la construcción de uno de los últimos muelles, en los que se prevé la creación de unos 300 puestos de trabajo cuando alcancen su plena maduración. Así lo anunció ayer el presidente de la institución, Asier Atutxa, quien anticipó también que previsiblemente la concesión de los terrenos se realizará en un consejo de administración el próximo mes de febrero. Si se cumplen los planes previstos, ambas empresas iniciarían su actividad en el primer trimestre de 2018, según apuntó Atutxa. El presidente del Puerto aclaró que hasta que se produzca la aprobación de la concesión ellos no podrán desvelar la identidad de las empresas. Fuentes ajenas a la institución portuaria, sin embargo, aseguran que dichas iniciativas tienen como protagonistas a las empresas Tubacex y Tecnoaranda.

José Juez es el director gerente de Hegan, el clúster aeroespacial, que acaba de presentar su plan estratégico para los próximos años. Como cualquier sector industrial advierte incertidumbres en su futuro, pero antepone el buen hacer de las empresas del sector, el posicionamiento conseguido en esta última década y la innovación a cualquier amenaza que pudiera ponerles la zancadilla. El clúster Hegan fue uno de los que avisó en los últimos meses de 2015 de la dificultad creciente en el sector de la aeronáutica para encontrar determinados perfiles en Euskadi para reforzar las plantillas. Otros sectores industriales le siguieron y alzaron la voz con el objetivo de entablar una colaboración mayor con Educación que impulse la fórmula de la Formación Profesional dual, para retener el talento en Euskadi y atender a la creciente necesidad de perfiles concretos.

«Sin duda el problema no es que a las mejorables políticas de inversión pública con una reducción a lo testimonial de la licitación –que premia las bajas en las adjudicaciones y rompe la más básica relación entre calidad y precio de las ofertas en términos de la propia directiva 2014/24 sobre contratación pública–, vayamos ahora a añadir el cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter social y medioambiental que exceden las previsiones normativas de su materia específica. El problema es que nuestras empresas no pueden soportar la relación de correspondencia entre el cumplimiento de determinados requerimientos como medallistas de oro y su contraprestación con precios negociados a pocos minutos de desmontar los desvencijados mostradores de un mercadillo de baratijas».