20161228

La patronal vasca Confebask no ha bajado del todo los brazos, pero casi, en su lucha por conseguir una rebaja de la presión fiscal en el País Vasco, con el objeto de enderezar un Impuesto de Sociedades cuyo tipo impositivo general se sitúa tres puntos por encima del que pagan las empresas que tributan con normativa del Estado. Tras más de un año de campaña infructuosa, el presidente de los empresarios vascos, Roberto Larrañaga, mostró ayer su convicción de que no habrá tal rebaja y que «ahora prima el ajuste presupuestario».  Larrañaga transmitió esa señal de resignación en una comparecencia en la que hizo un balance de la coyuntura económica que Euskadi ha vivido en 2016 y las estimaciones que existen de cara a 2017. Un escenario que se presenta con tono de desaceleración aunque de moderado optimismo porque, pese a todo, se mantendrá la senda de crecimiento iniciada hace ahora tres años. Confebask da por buenas las estimaciones del Ejecutivo vasco que sitúan el repunte del PIB este año en el entorno del 3%, para moderarse en el 2,5% en 2017. La actividad industrial, en especial la de bienes de equipo y el consumo privado son los pilares sobre los que se asientan esas tasas.

El repunte de la conflictividad laboral que está registrando Euskadi está íntimamente vinculado al bloqueo que sufre la negociación colectiva en la comunidad autónoma. De hecho, casi la mitad de las huelgas de este año, 150 hasta noviembre, son protestas por las dificultades para acordar un convenio, según constata el último informe mensual del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). De ahí que haya tantas esperanzas puestas en que en enero se alcance un acuerdo entre patronal y sindicatos para dar prioridad a los convenios vascos y que este consenso ayude a superar la parálisis e impulse la firma de pactos sectoriales.

El desequilibrio del Estado no se contiene. A falta de un mes para el cierre del ejercicio, el déficit público de la Administración Central alcanzó hasta noviembre los 26.413 millones de euros, equivalente al 2,36% del PIB. Esta cifra supone un incremento del 3,7% frente al mismo período analizado de 2015, a pesar de la batería de medidas adoptadas hasta la fecha para reconducir la consolidación fiscal, como la reinstauración de los pagos fraccionados en Sociedades, el cierre adelantado de caja a julio pasado y el Acuerdo de No Disponibilidad aprobado por el Ejecutivo en esas mismas fechas. Las medidas de gasto deberían ascender, teóricamente a 5.000 millones. Aunque ya tuvo cierto efecto en octubre pasado, el Gobierno confía en que la recaudación de los pagos fraccionados dé en diciembre un alivio a las arcas públicas.

La pensión media de jubilación ha llegado este mes hasta los 1.050 euros, y la pensión media del sistema, que incluye también la de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, superó hace ya unos meses los 900 euros. A ello hay que sumar que el número de perceptores crece a ritmos cercanos al 1% y si, además, se tiene en cuenta que la tendencia se agudiza cada vez más, el resultado es que la Seguridad Social está sufriendo mucho para hacer frente a la llegada de los nuevos cotizantes y a sus mayores pagas mensuales. Tanto, que «en el periodo enero- octubre, los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit de 6.462 millones», lo que supone «3.926 millones de euros más que en el mismo periodo de 2015» en términos de contabilidad nacional.

La banca está concentrando la concesión de crédito nuevo en las pymes, que recibieron 11.620 millones de euros en octubre frente a los 10.149 millones concedidos a las grandes empresas, que están encontrando en las emisiones de renta fija una clara alternativa de financiación. En los diez primeros meses del año, los créditos por hasta 250.000 euros crecen el 4,2%.

Los 70.000 empleados públicos vascos seguirán trabajando 35 horas semanales en 2017. El recurso de casación que el Gobierno Vasco va a presentar de forma inminente ante el Tribunal Supremo paraliza de momento la sentencia del TSJPV que tumba el decreto marco que Euskadi aprobó el pasado febrero para fijar el horario de sus funcionarios, sin atender la ley estatal que obliga a cumplir 37,5 horas. Esa última palabra judicial puede tardar en llegar entre seis y nueve meses. Pero en Lakua esperan aprovechar ese tiempo para derogar por la vía política una norma básica –la disposición aprobada por el gabinete de Mariano Rajoy en los Presupuestos de 2012–, que por la vía judicial asumen que es muy complicado combatir.

El salario medio de las ofertas de trabajo de las agencias colocadoras en España ha bajado hasta los 20.235 euros anuales a finales de 2016, según se desprende del Observatorio de Empleo de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC). A lo largo del último año, la contratación indefinida ha subido hasta alcanzar el 20,11% de los puestos de trabajo publicados. Por regiones, Ceuta y Melilla (22.300 euros) son las que ofrecen salarios más altos, por delante de Baleares (20.592 euros) y Aragón (20.573 euros). En el extremo opuesto, los salarios más bajos los ofrecen las empresas de Castilla-La Mancha (19.168 euros) y Galicia (19.407 euros). Según el estudio, los sueldos medios más elevados se están registrando en las ofertas para asalariados ‘freelances’, con una media de 21.676 euros anuales, por lo que, según ANAC, «las actividades de emprendimiento seguirán al alza en 2017».

La licitación de obra pública concluirá el año en el entorno de los 9.100 millones de euros. Esta cifra significa el volumen más bajo de licitación de, por lo menos, la última década y encadena dos años consecutivos de caídas, según la patronal de las grandes constructoras y concesionarias Seopan. La promoción de obra pública está lastrada, fundamentalmente, por el parón que registra la construcción de nuevas líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE), que cerrará el año con un desplome del 78% respecto a 2015. Entre enero y noviembre las distintas administraciones públicas sacaron a concurso obras por valor de 8.352,60 millones de euros, un 3,2% menos que un año antes.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales Beatriz Artolazabal ha nombrado viceconsejero de Empleo y Trabajo a Marcos Muro Nájera que en la legislatura pasada era director general de Visesa, la sociedad del Gobierno vasco que promociona la generación de vivienda pública en propiedad y en alquiler que en el nuevo Ejecutivo forma parte del departamento del socialista Iñaki Arriola. El traslado de Marcos Muro a Empleo permite a Artolazabal realizar un esperado nombramiento ya que había decretado la destitución de José Andrés Blasco la semana pasada sin designar automáticamente sucesor. El viceconsejero Marcos Muro será determinante para abordar la transformación de Lanbide en un servicio de empleo más efectivo y tendrá que dirimir en breve si apuesta por la continuidad de Adolfo Alustizaal frente del Servicio Vasco de Empleo o, como todo apunta, procede a su relevo.

Fichar a los mejores. Esta es la clave para que las empresas guipuzcoanas compitan de tú a tú en el mercado global. Si a estos ‘cocos’ no los encuentran en casa, habrá que ir a buscarlos fuera. Este es el objetivo del programa foral Gipuzkoa Talent, cruzar los intereses de las compañías del territorio con el de los profesionales guipuzcoanos que trabajan en el exterior y que volverían si se les ofrecieran condiciones interesantes. El maridaje tuvo lugar ayer en el Parque Tecnológico de Miramón. Doscientos profesionales se reunieron con responsables de treinta compañías para analizar si sus intereses casan. Entre las compañías dispuestas a cazar talentos se encontraban CAF, Ampo, Indaux, Etxe-Tar, Laulagun, Nem Solutions, Orona, Danobat Group, Uvesco y Ulma. También echaron el anzuelo IK4 Research Alliance y Tecnalia.

Luxemburgo recula en el cuerpo a cuerpo fiscal con Bruselas. El Gobierno anunció ayer un endurecimiento de las condiciones que marcan las transacciones financieras entre empresas de un mismo grupo, una práctica utilizada recurrentemente por las multinacionales para eludir impuestos de forma legal. A partir del próximo 1 de enero, cualquier préstamo a otra compañía que forme parte de un mismo grupo empresarial deberá hacerse en condiciones de mercado, esto es, como si ambas no tuvieran ninguna relación. La modificación supondrá el fin de numerosos tax rulings en vigor —acuerdos fiscales entre Gobierno y empresas— y no implica el cierre en falso de las investigaciones que mantiene abiertas por posibles ayudas de Estado a multinacionales mediante rebajas de impuestos ilegales.

La relación entre los gobiernos vasco y central volvió ayer, o al menos lo pareció, a la ‘casilla de salida’. Tras el aparente acercamiento que ambas administraciones protagonizaron la pasada semana, la última ofensiva judicial del Gabinete de Mariano Rajoy ha viciado de nuevo el ambiente, según el Ejecutivo de Vitoria. Dos fueron los detonantes: el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a favor del recurso presentado por Madrid contra el decreto de Lakua que rebajaba el horario laboral de los funcionarios a 35 horas y la denuncia que el pasado viernes registró el PP contra la 26 promoción de la Ertzaintza. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, fue tajante. «Es una agresión que quiebra el ambiente de entendimiento», espetó.