20161227

El fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en contra de la jornada laboral de 35 horas que el Gobierno Urkullu decidió recuperar en 2016 en contra del criterio del Gobierno del PP, tendrá consecuencias directas sobre los 70.000 empleados públicos que integran la Administración vasca. La sentencia es rotunda y estima el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra el decreto 12/2016 del pasado 2 de febrero. El fallo, apelable ante el Supremo, exige a Euskadi reimplantar las 37,5 horas semanales que el PP estableció en una ley básica de 2012

El fin de año dejará a España una buena noticia: la recuperación del PIB previo a la crisis, los 1,16 billones que tocó la economía en el año 2008, antes de que la recesión más severa en décadas se llevara por delante casi 80.000 millones de riqueza. La tasa interanual de crecimiento, que doblará a la de la Unión Europea y se situará previsiblemente entre el 3,2% y el 3,3%, servirá para volver a alcanzar ese nivel ocho años después. El Banco de España ya avisó la semana pasada de que el PIB del cuarto trimestre va camino de crecer el 0,7%. Mientras, las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF) dibujan un avance incluso mayor, del 0.8%.

La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), que reúne a varios de los grandes expertos en Derecho del Trabajo de España, ha publicado un informe en el que recomienda al Gobierno y a los partidos políticos un cambio del Estatuto de los Trabajadores ante los problemas que está dando su redacción actual. «Una ordenación consensuada de las relaciones laborales que tenga como objetivo el empleo, el trabajo de calidad, de la productividad y de la competitividad». Los expertos piden una reforma laboral en la que en definitiva «los empleos sean dignos, productivos, respetuosos con los derechos de quienes los ejercen, útiles para las empresas, estables y flexibles». Un mensaje contrario a la elevada precariedad laboral, con salarios muy bajos, que están criticando la oposición y los sindicatos.

El Gobierno busca reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres y a tal fin estudia incorporar a la normativa vigente algunas medidas, como la obligación, para las empresas de al menos cincuenta trabajadores, de informar periódicamente a los empleados y comités sobre la remuneración media por niveles profesionales, desglosada por sexos. Así lo señala el Ejecutivo en su respuesta por escrito a la pregunta realizada por la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Aina Vidal, en la que se interesa por la opinión del Gobierno sobre la brecha salarial existente en España ente hombres y mujeres.

El Ministerio de Fomento cerrará 2016 con un nuevo mínimo histórico en cuanto al volumen de obras contratadas, en caso de que mantenga el mismo ritmo de adjudicación registrado a cierre de los nueve primeros meses. Entre enero y octubre, el Departamento que ahora dirige Íñigo de la Serna adjudicó contratos por 1.155 millones de euros, volumen un 19% inferior al del pasado año, según datos oficiales del Ministerio. En el supuesto de que Fomento haya continuado con este ritmo de contratación en los dos últimos meses, al cierre del año la adjudicación se situará en unos 1.400 millones de euros, el volumen más bajo desde el de 907,6 millones contabilizado en 2009, que ya marcó un mínimo histórico.

Los robots se hacen fuertes en las empresas y están revolucionando los entornos de trabajo. Para adelantarse a un futuro con puestos totalmente automatizados, sobre la mesa del Parlamento Europeo descansa una propuesta, conocida como Informe sobre Personas Electrónicas, que pretende que las máquinas inteligentes paguen impuestos y coticen a la Seguridad Social. Esta idea, que cuenta tanto con apoyos incondicionales como con detractores, propone «la creación de un estatuto jurídico específico para los robots, para que al menos los que sean autónomos y más sofisticados tengan la condición de personas electrónicas, con derechos y obligaciones específicas».

No habrá una corporación destinada a tomar participaciones accionariales en empresas formada por las antiguas cajas de ahorros vascas BBK, Vital y Kutxa. Esta opción, que se ha manejado como hipótesis en numerosas ocasiones, ha quedado completamente descartada –aseguran fuentes de las tres instituciones–, para iniciar un camino en el que cada una de ellas, en solitario, hará sus propias inversiones y será accionista de aquellas empresas que estima «interesantes». La compra del 2% de CAF por parte de Kutxa la pasada semana ha sido el pistoletazo de salida para un proceso que será largo y al que por el momento le falta definición. Kutxa tiene claro que quiere seguir ese camino; BBK no tendrá recursos para jugar ese papel previsiblemente hasta 2020 y la alavesa Vital está a la espera de que el nuevo equipo al frente de la fundación fije la estrategia.

Los ministerios de Hacienda y Función Pública y de Empleo y de Seguridad Social ya han empezado a hacer cálculos para saber cuánta deuda pública necesitará colocar el Tesoro, de forma adicional y a partir del próximo año, para poder hacer frente a las pagas extraordinarias de los pensionistas en 2017 y 2018. Los primeros cálculos elevan la cuantía a 20.000 millones de euros, según fuentes gubernamentales.

¿Por qué dejar que un negocio se cierre sólo porque el dueño desee jubilarse? ¿Por qué no buscar a emprendedores que quieran dar una nueva vida a ese comercio o restaurante? Con esta idea han surgido varios programas institucionales como el Berriz Enpresa promovido por el Gobierno vasco y las Cámaras de Comercio. Ahora esta iniciativa se amplía con un acuerdo con Tknika, un organismo vinculado a la viceconsejería de Formación Profesional. Con esta colaboración se pretende encontrar entre los alumnos de la FP candidatos para el relevo generacional en Euskadi.

Euskadi aprieta el acelerador para aprovechar la buena sintonía de los gobiernos central y vasco respecto al Tren de Alta Velocidad (TAV). Después de que el el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciara la semana pasada que su equipo aceptará el soterramiento de los accesos del TAV –y las correspondientes estaciones– en Bilbao y Vitoria, una reivindicación histórica rechazada hasta ahora en Madrid por su «excesivo» coste, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, anunció ayer que las instituciones vascas pedirán una nueva reunión con Fomento para abordar diversas cuestiones técnicas. Acto seguido, el Ejecutivo autonómico convocará las tres comisiones interinstitucionales que detallarán las obras necesarias en Vitoria, Bilbao y San Sebastián. El objetivo es que cada uno de los proyectos constructivos estén cerrados «en el plazo de un año» para sacarlos a licitación, recalcó Tapia.

La voracidad recaudatoria de las administraciones ha hecho que, en los últimos tres ejercicios, los impuestos hayan aumentado a un ritmo de casi 10 nuevas tasas por año. Como consecuencia, y a falta de los que se creen en 2017, el total de gravámenes roza ya los 100.

Lejos de los focos de la prensa, la Agencia Tributaria y representantes de compañías relevantes se reunieron el martes pasado en el Foro de Grandes Empresas. El encuentro, el primero tras la formación de Gobierno y que estuvo presidido por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, sirvió para dar un espaldarazo y detallar el acuerdo alcanzado hace un año, cuando las compañías y el fisco pusieron en marcha un proyecto que contemplaba que las empresas que así lo quisieran entregarían un informe de transparencia a la Agencia Tributaria. El encuentro, al que acudieron 25 sociedades, sirvió para detallar qué tipo de información se remitirá.

El proceso independentista ha hecho estallar la guerra en la patronal catalana. La principal organización, Fomento del Trabajo, y, dentro de ella, la patronal Cecot —que reúne a empresas de las comarcas industriales del Vallès— tratan de evitar su ruptura por segunda vez en un año. Antoni Abad, presidente de Cecot —que se sumó el pasado viernes a la cumbre prorreferéndum—, ha manifestado además su intención de disputar la presidencia de Fomento, lo que una parte del empresariado ve como un intento de «asalto» del sector nacionalista.