Lunes, 8 de Febrero de 2010
Núm. 38/2010
Año XXII
Mientras los líderes de los sindicatos y de los empresarios se veían con Zapatero en La Moncloa el pasado viernes, sus respectivos negociadores estaban inmersos en el tira y afloja que les tiene que llevar al pacto salarial para los próximos años. El encuentro acabó pasadas las diez de la noche. Tenían prisa por cerrar el acuerdo y parece que lo harán hoy o mañana. Se trata de escribir este capítulo del "acuerdo marco de negociación colectiva", como se llama oficialmente, antes de abordar la reforma laboral que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.
Es "el único país del mundo" donde los salarios suben cuando el paro también lo hace y ese país es España. El vicepresidente de la organización empresarial CEOE y también presidente de la patronal tecnológica Aetic, Jesús Banegas, tildó ayer de "disparate" que no hubiese moderación salarial en un contexto de crisis económica como el actual, en el que el paro supera ya los cuatro millones de parados y continúa su tendencia alcista.
El lehendakari Patxi López no dejó pasar la oportunidad. Ayer tenía ante sí a altos representantes de 26 de los 27 países de la Unión Europea. Ante tan ilustre audiencia, el jefe del Gobierno Vasco mostró su confianza en que la cumbre que estos días se celebra en San Sebastián proyecte en Europa «la Euskadi que merece ser conocida, la Euskadi real. Una sociedad innovadora -añadió- con un tejido industrial puntero, con empresas y universidades del más alto nivel, y unos centros tecnológicos y de investigación que son nuestra mejor carta de presentación en el mundo».
El Ejecutivo decidió pasar ayer responder al aguacero de críticas que ha recaído sobre la propuesta del presidente para reformar el mercado laboral. El encargado de dar la cara fue el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien se refirió al programa de ocho puntos presentado el viernes como una hoja de ruta "muy firme y contundente" para solucionar los problemas del empleo. En una entrevista, Chaves matizó que una vez logrado el acuerdo con la patronal y los sindicatos espera que las medidas pactadas "empezarán a tener sus efectos a lo largo del año 2011".
En uno de los peores momentos para la imagen de la economía española, poco después de las sonrojantes comparaciones con Grecia o del derrumbe de la Bolsa ante la falta de confianza de los inversores internacionales, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, afrontan la dura tarea de resucitar la 'Marca España' en las principales plazas bursátiles de Europa. Ambos viajan este lunes a Londres. Allí se enfrentan a una intensa agenda.
El vicepresidente Manuel Chaves protagonizó en el Consejo de Ministros del 29 de enero, en el que se aprobó la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones, la oposición a las pretensiones más duras de la vicepresidenta económica, Elena Salgado. A esa reunión en La Moncloa en la que se aprobó la propuesta de alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, Salgado planteó también la ampliación del número de años para calcular la cuantía de la pensión lo que, por lo general, redundaría en una rebaja sustancial media en la prestación a cobrar al término de la vida laboral de los españoles.
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible elimina parcialmente un importante beneficio fiscal para los altos directivos. Hasta ahora, las llamadas rentas irregulares derivadas de los incentivos plurianuales por objetivos y las indemnizaciones por despido o por rescisiones de contrato tenían derecho a una reducción del 40% en el IRPF. Es decir, si un directivo cobraba una indemnización de tres millones de euros, 1,2 millones quedaban libres de impuestos. El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible limita a los primeros 600.000 euros la posibilidad de aplicar ese beneficio.
Europa no transige con la deficiente adaptación fiscal a la normativa comunitaria. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento contra España tras la queja de una empresa extranjera. La compañía cree que el reconocimiento de una medida para evitar la doble imposición exclusivamente a los socios residentes resulta discriminatorio. Así, las empresas extranjeras que hayan vendido participaciones de entidades españolas en los 4 últimos años y obtuvieron ganancias de capital sujetas a tributación en España, y que hayan tributado en sede de dicha entidad participada, podrán solicitar la devolución de lo ingresado.
El sector de construcción naval vasco acusó el pasado ejercicio los efectos del descenso del tráfico marítimo mundial y no cerró ninguna nueva contratación de buques para sus astilleros frente a los 20 barcos que se firmaron en el ya lejano 2008. Pese a ello, los astilleros vascos mantienen carga de trabajo para este año y parte de 2011. Y cerraron 2009 con una treintena de buques en cartera, aunque de seguir la actual situación podrían empezar a tener problemas aguas arriba en las cabeceras de producción implicando a las fases de prefabricación.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es un hombre de palabra, un político curtido a pie de calle, con un discurso directo sin florituras, que sólo cambia su tono afable y se pone muy serio cuando se le pregunta a bocajarro si no piensa tirar la toalla cada vez que la vicepresidenta económica le desautoriza: «Si constatara que me desautorizan, presentaría mi dimisión inmediata».
«No podemos esconder la cabeza debajo del ala». Sobre este argumento de responsabilidad ha propuesto el Gobierno el retraso a los 67 años de la edad de jubilación, según indica el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El 'señor de las pensiones' está preocupado por la incertidumbre que el proyecto del Gobierno ha podido originar. Incluso pide perdón por el posible desasosiego. Reclama que nadie hable del sistema de pensiones sin conocer a ciencia cierta su funcionamiento e insiste en la necesidad de poner orden en una sociedad cargada de mayores, como será la española dentro de 20 ó 30 años.
Interior ha dado orden de extremar la vigilancia ante la seria amenaza de que ETA lleve a cabo un secuesttro «inminente» con un objetivo concreto: el empresariado vasco. Fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado que la banda ha centrado su atención en los industriales, tradicionalmente en el punto de mira de los asesinos. Tras la reunión mantenida este jueves en Vitoria entre delegaciones del Ministerio y de la Consejería vasca de Interior, el departamento de Rodolfo Ares ha insistido internamente en que se intensifique al máximo la protección del entramado empresarial.
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