

Jueves, 3 de Diciembre de 2009
Núm. 335/2009
Año XXII
Las reformas estructurales que requiere España, entre ellas la laboral, son imprescindibles con o sin acuerdo social, según el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán. A su juicio, la insistencia en los cambios que el país necesita para salir cuanto antes y de la mejor manera posible de la crisis ha provocado que «personas de la política y del sindicalismo» arremetan contra los empresarios para convertirlos en «culpables de todos los males y en socorrida cabeza de turco»: «Somos la solución y no el problema», subrayó.
La necesidad de la reforma laboral va ganando adeptos en el Gobierno, hasta el punto de que va a ser uno de los platos fuertes que acompañen a la estrategia que complementará la futura ley de Economía Sostenible. José Luis Rodríguez Zapatero trazó las fronteras que no podrá rebasar esta reforma y arrojó algo de luz sobre las iniciativas que someterá a partir de enero al diálogo social. Los límites que no sobrepasará esta reforma están claros para el presidente: el juicio sobre el acierto o el error no girará sobre la aceptación o el rechazo de una "muy concreta reforma laboral centrada en exigir un determinado tipo contractual", advirtió el presidente. Tampoco sobre una "reducción de las indemnizaciones por despido o sobre la exclusión de los conflictos laborales de los sistemas de control administrativo o judicial".
Quedó claro ayer que José Luis Rodríguez Zapatero ha convertido en un reto personal su Ley de Economía Sostenible, el compendio de reformas con el que pretende justificar su segunda legislatura. Y comprobó que debe emplearse a fondo para lograr en 2010 apoyo parlamentario. El presidente del Gobierno se estrelló contra todos los demás grupos con distinto nivel de virulencia, pero con elementos comunes como la crítica al exceso de propaganda, la imposibilidad de cambiar por ley el modelo económico, la falta de contenido y la mirada sólo al largo plazo, olvidando el día a día de las cifras, especialmente las del paro.
La virulencia del deterioro laboral en los últimos dos años comienza a remitir. El paro sigue creciendo y el empleo no levanta cabeza, pero los datos se suavizan mes a mes. Las oficinas de empleo registraron en noviembre 60.593 desempleados más que en octubre. Con ser elevado, este aumento representa aproximadamente la tercera parte del registrado hace un año, una proporción más benigna de lo esperado por muchos analistas y que sitúa en 3,8 millones el número total de parados registrados.
Pese a que la recesión ha podido tocar fondo, la crisis sigue cebándose con el comercio exterior de Euskadi, que continúa sufriendo severas caídas y tiene ante sí pocas perspectivas de mejora en el corto plazo. Así lo ponen de manifiesto los datos sobre la evolución de las exportaciones y las importaciones vascas en el tercer trimestre del año dados a conocer ayer por el Eustat. Las ventas exteriores de las empresas de Euskadi cerraron ese periodo con un derrumbe del 30,2%, hasta alcanzar los 3.446 millones de euros, frente a los 4.940 del mismo tramo del año anterior. Aún fue peor el comportamiento de las importaciones, que se hundieron un 43,4% en el tercer trimestre y quedaron en 3.032 millones.
El PP de Euskadi no tira la toalla en la pelea por el blindaje de las normas fiscales vascas, aunque sabe que su propio partido en Madrid es mucho rival para él. El grupo de Antonio Basagoiti afronta hoy un nuevo asalto en el seno de la comisión constitucional del Congreso, donde las formaciones parlamentarias volverán a reproducir sus posiciones en un debate que se ha convertido en un martirio para los populares vascos.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron ayer la creación de un sistema de vigilancia comunitaria para controlar con más rigor los bancos, las aseguradoras y los mercados bursátiles, para evitar futuras crisis. El acuerdo, que volverá a ser analizado por el próximo Consejo Europeo de mediados de diciembre, está todavía pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo, donde ya se han manifestado ciertas voces de rechazo.
El futuro de Gregorio Rojo al frente de la Caja Vital pende de un hilo. El juez ha estimado la demanda interpuesta por el Partido Popular contra la reelección del dirigente afín al PSE como presidente de la entidad alavesa, al declarar «nula» la sesión que la asamblea celebró el 30 de marzo de 2008 para elegir a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control, y en la que socialistas y peneuvistas se repartieron el poder. Un día después, fue el propio consejo de administración el que designó a Rojo como máximo mandatario de la entidad y a Iñaki Gerenabarrena, el líder del PNV en Álava, vicepresidente.
«Inaxio Uriaren oroimenez. 2008-XII-03». Esta sencilla inscripción grabada en un monolito, en el que se cobija una imagen de la virgen de Olatz, presidirá hoy en Azpeitia el acto de memoria por el constructor azpeitiarra asesinado por ETA hace justamente un año. El encuentro servirá para unir a todos los partidos políticos vascos y representantes de numerosas instituciones que desde primera hora de ayer fueron anunciando su asistencia. Será el primer aniversario del asesinato de un luchador infatigable, como ayer le recordaba el lehendakari. Patxi López viajará a Azpeitia para arropar a la familia Uria Mendizabal que, encabezada por los cinco hijos de Inaxio, acudirá en pleno a la concentración silenciosa de quince minutos.
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