Viernes, 27 de Noviembre de 2009
Núm. 329/2009
Año XXII
El diálogo social comienza a recomponerse lejos de los focos. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, convocó el pasado lunes a los líderes de UGT y Comisiones Obreras a una reunión discreta. Se trataba de perfilar las líneas que definirán la reforma laboral que el Gobierno ha acabado por admitir como necesaria, aunque con una orientación diferente a la que reclama la patronal. Los sindicatos salieron del encuentro con la sensación de que hay "sintonía" en el diagnóstico de los problemas, aunque queda por concretar la solución.
La enquistada negociación de los convenios colectivos, que ha venido enfrentando a patronal y sindicatos por los incrementos salariales de 2009, comenzó a solucionarse la pasada semana con la firma de un acuerdo entre las principales organizaciones de ambas partes. Entonces, los representantes de CC OO y UGT dejaron claro que para sellar un pacto de moderación salarial y recuperar el diálogo social tripartito, sería necesario el desbloqueo del 100% de los convenios colectivos. Ayer, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, advirtió que eso será "difícil". El representante de la patronal argumentó que en algunos de los convenios los problemas vienen "arrastrados desde años anteriores".
Superado el 'shock' de saber que sus compañeros en Madrid habían otorgado derecho de veto al PNV en la negociación de la transferencia de las políticas activas de empleo, el Gobierno vasco intenta resituarse. La posibilidad de que la competencia llegue el 1 de enero está descartada, y no porque el PNV la haya bloqueado, sino porque técnicamente ha sido imposible. Lo que ahora espera el Ejecutivo autónomo es que la demora no se eternice y el traspaso efectúe a mediados del año que viene, en todo caso, antes de septiembre.
La Ley de Economía Sostenible, que el Consejo de Ministros trata hoy, no solo debe sentar las bases para el cambio de modelo productivo. También tendrá que simplificar los trámites administrativos que soportan las empresas. En España, esta carga supone a las compañías un coste similar al 4,6% del PIB (unos 46.000 millones de euros), un punto por encima que la media de la Unión Europea, según un informe presentado ayer por la CEOE.
El acuerdo de bases firmado entre el PP y el PSE-EE no evitó ayer que los populares acordaran una enmienda con Aralar en contra de la postura socialista. En el Pleno de ayer, los populares dejaron solos al PSE-EE en materia de empleo, ámbito especialmente controvertido en los últimos días. Se trata de la segunda vez que los populares dan la espalda al Ejecutivo, después de que, a principios de este mismo mes, se posicionaran a favor del envío de militares para proteger a los atuneros vascos que faenan en aguas somalíes, debate propiciado por el secuestro del Alakrana.
Las patronales reclaman planes específicos para sus sectores Los representantes de la industria y del turismo reclamaron ayer una inclusión específica de sus sectores en la futura Ley de Economía Sostenible, que hoy estudiará el Consejo de Ministros. A su juicio, según lo que se conoce de ella, la norma pasará difícilmente de una declaración de buenas intenciones.
Convertida en un contenedor de medidas pendientes y reformas legales, la ley de Economía Sostenible se someterá hoy al examen final del Consejo de Ministros. Tras el pulso mantenido con varios ministerios, y con notable retraso, la norma será presentada a los agentes sociales pocas horas más tarde. Entre las medidas más avanzadas figura el reconocimiento de la experiencia laboral, en todas sus vertientes, con títulos oficiales. La formación profesional se considera pieza clave para conectar las ofertas de empleo, mientras las reformas del mercado de trabajo quedan al margen.
Las cifras del comercio minorista siguen reflejando la mala situación económica aunque los datos de octubre muestran un escenario menos sombrío que en meses anteriores. Las ventas del comercio minorista, a precios constantes y eliminado el efecto calendario, cayeron en octubre un 2,7% respecto al mismo mes del año anterior, según el índice publicado ayer por el INE. Se trata del mejor dato desde abril de 2008. Sin eliminar los efectos del calendario el descenso es del 3,9%, una caída superior a la registrada en el mes pasado pero alejada de los dos dígitos que registró a principios de año.
El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco ha remitido a las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa un documento que contiene varias alternativas para tratar de evitar que las Sicav -las sociedades utilizadas por las grandes fortunas para maximizar el rendimiento de sus inversiones- huyan del País Vasco antes del próximo 1 de enero. La iniciativa responde al compromiso público adquirido la pasada semana por el consejero Carlos Aguirre, quien reconoció que cuando se decidió aumentar la presión fiscal de las Sicav «quizá sólo se tuvieron en cuenta los aspectos fiscales y no su incidencia en la actividad del sector financiero».
El departamento de Industria del Gobierno vasco ha ampliado en cinco millones de euros la partida inicial, de también. cinco millones, destinada al plan renove de máquina herramienta, con el fin de ayudar a este sector a hacer frente a la crisis. Las ayudas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009. El próximo año, estas subvenciones se mantendrán en los presupuestos, con una partida concreta de dos millones de euros.
El Comité Ejecutivo de la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM), que abandonó la ejecutiva de Cebek por discrepancias en su composición, se reunió ayer, en su nueva sede, con la Junta Directiva de la patronal vizcaina. Tras la reunión, el presidente de la FVEM, Ignacio Sáenz de Gorbea, afirmó que "compartimos la misma problemática y buscamos las mismas soluciones".
El comercio exterior de Gipuzkoa modera su fuerte caída, aunque sigue sin ofrecer síntomas claros de reactivación y refleja el todavía bajo nivel de actividad de las empresas del territorio debido a la crisis. Así, en septiembre las exportaciones guipuzcoanas cayeron el 22,7% y las importaciones lo hicieron en el 34,1% con respecto a igual mes del año anterior, cifras ligeramente mejores en varios puntos a los de meses anteriores, según los datos hechos públicos ayer por la Dirección Provincial del Ministerio de Comercio. En los nueve primeros meses del año los descensos fueron del 23,4% y del 36,8%, respectivamente.
Golpeada por la crisis financiera tras años de crecimiento ininterrumpido, la economía de confirmó ayer que está en caída libre al reiterar que su joya de la corona, Dubai World, es incapaz de pagar sus deudas y debe refinanciarlas a seis meses vista. El emirato árabe desenterró viejos fantasmas -la posibilidad de suspender pagos a la argentina, más algo parecido a la vuelta del pánico en los bancos más expuestos a Dubai- y conmocionó a las Bolsas mundiales.
La actividad del Puerto de Bilbao se vio seriamente perjudicada ayer por el conflicto que se ha suscitado en el seno del colectivo de estibadores, que se ha fracturado en dos en plena negociación del convenio. Así, mientras que la plantilla ligada a la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios decidió mantener la actividad habitual, los afiliados a UGT, LAB y ELA optaron por protagonizar un paro. Fuentes de la entidad portuaria señalaron que la conflictividad redujo la actividad de los muelles en un 50%.
Cándido Méndez es amigo de las expresiones redondas, de las que tiene un extenso repertorio que renueva periódicamente, a medida que los temas de actualidad lo exigen. En esta ocasión ha recurrido a parafrasear la exitosa película de Manuel Gómez Pereira y se pregunta por qué empresarios y sectores de la derecha llaman «reforma» a lo que él considera, simplemente, un «recorte de los derechos». La expresión avanza las posibilidades de éxito que tiene la negociación de una nueva reforma laboral si no se renuncia antes al abaratamiento del despido.
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la UPV-EHU, acusó a las haciendas forales de favorecer a las rentas de capital y a la élite económica, a la vez que dejó claro que que se permite el alto nivel de fraude fiscal que se produce, tanto España como en el ámbito vasco. Explicó que desde hace 20 años los impuestos no han aumentado y que sólo la mejora de la economía ha generado más ingresos, que se han aprovechado para reducir la presión fiscal.
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