Viernes, 20 de Noviembre de 2009
Núm. 322/2009
Año XXII
La OCDE mejora las previsiones sobre la economía española, pero certifica que España se recuperará más tarde que los países desarrollados, que se acercan al final de la crisis. La reactivación española, lastrada por un paro que alcanzará el 20% el año que viene, deberá esperar hasta 2011 para experimentar "un lento" crecimiento -el menor entre las grandes economías-, según las estimaciones publicadas ayer. La OCDE además: reclamó al Gobierno que retrase las subidas de impuestos anunciadas hasta 2011, entre ellas la del IVA, "a fin de que la economía se recupere de manera más sólida".
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, niega que 2010 vaya a ser el año más duro de la crisis, pero a la vez reconoce que en materia de empleo el próximo ejercicio será peor que este. La ministra explicó ayer que «en la primera parte de 2010 el número de personas sin empleo seguirá creciendo», aunque de forma más moderada, si bien subrayó que, en todo lo demás, «será el año de la recuperación».
Los jóvenes son los grandes perdedores de esta crisis. Desde su inicio, los menores de 25 años han visto crecer el desempleo entre ellos a ritmos interanuales que han llegado a superar el 60%, según cifras aportadas por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), que sitúa el estallido de las dificultades allá por el tercer trimestre de 2007. La patronal de las ETT detalla que, entre los recién incorporados al mercado laboral, el número de desempleados ha crecido un 93,4%, porcentaje que equivale a casi 428.000 parados más en sólo dos años.
Los sindicatos se movilizan en plena crisis económica. Hasta aquí, la protesta sindical es totalmente comprensible. El desempleo se ha disparado y el Gobierno no ha presentado ninguna medida de calado para resolver la situación. Pero lo sorprendente es que los sindicatos dirijan su manifestación contra los empresarios. Después de que se hayan destruido unas 330.000 empresas, sólo en los nueve primeros meses de 2009, de que muchas compañías sufran una considerable merma de liquidez, la caída del consumo y de las exportaciones y, sobre todo, tras firmar un acuerdo de compromiso para cerrar la negociación colectiva de este año, el mundo empresarial no ve con buenos ojos la protesta. Eso sí, respetan la decisión.
Cruzando la frontera de sus más puras competencias porque, según dijo, «en este Gobierno todos los miembros tienen una visión global de los asuntos del país» el ministro de Fomento, José Blanco, dio ayer las claves de la posición del Ejecutivo ante el diálogo social durante los próximos meses. El también vicesecretario general del PSOE abrió la puerta a admitir una reforma del mercado de trabajo para «elevar la eficiencia, reducir la temporalidad y potenciar la formación», y aseguró que el Gobierno «está dispuesto a reflexionar sobre ello dentro del criterio de no abaratar el despido» porque «hay campo y espacio para hacerlo».
Las empresas están salido relativamente bien paradas de la recesión. Un análisis del reparto primario de la renta nacional disponible (una medida muy similar al producto interior bruto) denota que, mientras el conjunto de los asalariados mantiene prácticamente inalterada su participación en la tarta y el Estado sufre un desplome histórico, las empresas han ganado tres puntos de cuota respecto a los datos de 2007. Ese año, el excedente bruto de explotación suponía el 43% de la renta nacional disponible, en tanto que, según los datos recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre de este año alcanzaban el 46%.
La representación sindical en el Consejo Económico y Social de Euskadi (CES) estará compuesta exclusivamente por miembros de CC OO (5) y de UGT (3). Las centrales nacionalistas ELA y LAB quedarán fuera del organismo hasta la próxima renovación, dentro de cuatro años, dada su renuncia a designar representantes en el mismo. La situación será oficial en cuanto el lehendakari, que ya ha tomado la decisión según un portavoz de su equipo, lo certifique con la publicación de los nombramientos en el boletín oficial.
Casi el 40% de las empresas guipuzcoanas atraviesa por dificultades financieras, pese a que la financiación empresarial «se va normalizando», según informó ayer Adegi. La patronal guipuzcoana reunirá a un centenar de empresas del territorio el próximo día 26, en una jornada con objeto de estudiar las posibles herramientas de refinanciación de deuda.
El Gobierno vasco «trabaja» con la mirada puesta en el 1 de enero para asumir la transferencia de las políticas activas de empleo, aunque reconoce que hay dificultades para cumplir este compromiso. «No podemos trabajar con otra fecha», dijo ayer la portavoz y consejera de Justicia y Administración Pública. Idoia Mendia enfatizó, no obstante, que el asunto es de una «enorme complejidad técnica», por lo que llegó a admitir que no sabe «si habrá retraso o no».
Una de las grandes apuestas del Gobierno vasco, la transferencia de las políticas activas de empleo, ha naufragado en el terreno práctico tras ser colocada en el escaparate político como un trofeo del talante negociador de López. Como consecuencia, los agentes sociales se mostraron ayer muy críticos el Gabinete socialista.
Guillermo Ulacia asumió ayer la presidencia de innobasque, la entidad privada constituida como agencia de innovación pero cuya creación fue impulsada por el Gobierno vasco en la anterior legislatura. Ulacia sustituye en el cargo a Pedro Luis Uriarte, quien anunció el pasado mes de septiembre su deseo de abandonar el cargo por «razones personales» y también ante «los cambios institucionales», lo que se interpretó como una declaración de incompatibilidad con el nuevo gabinete de Patxi López. El Ejecutivo de Vitoria es el principal sostén económico de esta entidad y quien aporta la mayor parte de su presupuesto anual.
La firma de ELA en el convenio colectivo acordado con el Gobierno Vasco y CCOO para la función pública cayó ayer como un jarro de agua fría en el sindicato LAB, cuya secretaria general, Ainhoa Etxaide, no ocultó su sorpresa y decepción. A la espera de comprobar que esta decisión de ELA es "ajena" a la dinámica impulsada conjuntamente con LAB y otros sindicatos nacionalistas, la máxima responsable de la central abertzale aseguró que este acuerdo "no rompe" la unidad de acción sindical, pero sí supone, puntualizó, un hecho objetivo: "Patxi López ha conseguido una victoria gracias a una firma de ELA".
UGT decidirá hoy suscribir el convenio de los funcionarios junto a CCOO y ELA pese a que mantiene discrepancias con alguno de los puntos que se contienen en el mismo. Las ejecutivas de las Federaciones de Enseñanza y de Servicios Públicos (FETE y FSP) se reunirán hoy para estudiar el convenio, aunque fuentes próximas al sindicato aseguran que está ya tomada la decisión de firmar.
No oculta su satisfacción. La consejera de Justicia y Administración Pública y portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, subraya la importancia del acuerdo logrado el miércoles con los sindicatos sobre las condiciones laborales para los más de 70.000 trabajadores del Ejecutivo autónomo, que fija un 0,8% de subida y notables mejoras en el empleo. Tanto por la relevancia de la materia como por el hecho de que, por primera vez en nueve años, además de CC OO se ha logrado el apoyo de ELA, la organización mayoritaria, pese al abierto enfrentamiento que la central abertzale mantiene con el Ejecutivo de Patxi López. Mendia afirma que ese pacto demuestra que «somos un Gobierno para todos», aunque no alberga muchas esperanzas de que vaya a suponer un cambio de actitud del sindicato que dirige Adolfo 'Txiki' Muñoz.
ELA reconoció ayer que no estar presente en las instituciones sociolaborales le está saliendo muy caro. El secretario general del sindicato, Adolfo Muñoz, aseguró que tomar la decisión de salir de instituciones como el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) y el CES les ha supuesto dejar de recibir «hasta un millón de euros», lo que supone el 5% del presupuesto del sindicato. Muñoz, que participó en el Congreso de la Federación del Metal de la central, consideró que esta financiación ha sido utilizada por los Gobierno como un «chantaje».
La dirección de Seat presentó ayer en el Departamento de Trabajo de la Generalitat catalana un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará, de forma rotatoria y durante el año que viene, a 7.484 trabajadores, cerca de dos tercios de la plantilla (el 64%). El ERE tendrá un periodo máximo de dos meses por operario y es el cuarto que ejecuta la filial del grupo Volkswagen desde 2008. La medida se aplicará según las ventas y hasta que se inicie la producción del Audi Q3 en Martorell.
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