Jueves, 12 de Noviembre de 2009
Núm. 314/2009
Año XXII
La Junta Directiva de la CEDE aprobó ayer por unanimidad la suscripción de un acuerdo con CCOO y UGT para desbloquear la negociación colectiva de 2009. La patronal considera la firma de este acuerdo como "un paso positivo" para que antes de terminar el año se inicie un proceso de negociación entre los agentes sociales que dé lugar a un acuerdo interconfederal plurianual sobre este tipo de convenios. La CEOE confió además en que este acuerdo contribuya a restaurar el diálogo en las relaciones laborales y reducir la conflictividad, "cuestiones básicas para afrontar la crisis y sus principales consecuencias", subrayaba.
El conocido como 'contrato alemán', que plantea la posibilidad de que las empresas puedan reducir la jornada laboral mientras el Estado compensa a los empleados por las horas no trabajadas, será previsiblemente uno de los principales elementos a debatir cuando se reanude el diálogo social en España. Así lo aseguró el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien consideró que puede haber un «amplio consenso» entre sindicatos y patronal para abordar un nuevo sistema que permita a las empresas hacer «suspensiones de horarios» como ocurre en Alemania.
La adopción de la medida aplicada en Alemania que permite combinar la reducción horaria y cobrar el paro permitiría salvar en torno a medio millón de puestos de trabajo, según los cálculos de CC OO. "La medida puede tener una eficacia en España superior a la registrada en Alemania", expuso el secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo. En este último país, CC OO estima que "se han salvado no menos de 450.000 puestos de trabajo".
La vicepresidenta Salgado está dispuesta a introducir savia nueva en el mercado laboral, a través del "contrato alemán", que permite realizar "ajustes de horarios" y que, a cambio, el trabajador perciba una prestación por desempleo. Pero veinticuatro horas después del anuncio, los juristas consultados coincidieron ayer en deshinchar los efectos de esta medida que, además, precisa de ajustes legales si quiere mantener a largo plazo el empleo generado.
España ya aplica algo parecido a lo que en Alemania denominan Kurzarbeit, un sistema que permite a las empresas germanas reducir la jornada laboral sin que afecte al salario de su plantilla, ya que el Estado compensa económicamente a los empleados por las horas no trabajadas. Esta fórmula, que desde España algunos ven como la panacea al problema del paro, permite entender, en parte, por qué el empleo alemán no ha sucumbido a la virulenta crisis económica. Sin embargo, en España, ya existe algo parecido: los ERE de reducción temporal de jornada, que hasta agosto, han afectado a 16.000 empleados, sólo el 4% del total de trabajadores que han sufrido un ERE en 2009.
El Gobierno vasco autorizó en octubre 185 expedientes de regulación de empleo (ERE), que afectaron a un total de 4.712 trabajadores, en su mayoría bajo la modalidad de suspensión de jornada. Los despidos fueron 175, menos del 4% del total. Las cifras del mes pasado muestran un repunte sobre los meses de agosto y septiembre, que el Departamento de Empleo atribuye al parón registrado con motivo de las vacaciones de verano. No obstante, la evolución constata una moderación en el recurso a esta herramienta, ya que está claramente por debajo de las cifras registradas entre febrero y julio.
España recibió ayer, como Francia, un año más, hasta 2013, para reducir su excesivo déficit presupuestario y así volver a situarlo por debajo del 3%. Mientras, el Reino Unido e Irlanda contarán aún con más tiempo, hasta 2014, en línea con las exigencias del Pacto de Estabilidad, según el acuerdo de la Comisión europea que será transmitido al Ecofin. A cambio del plazo extra otorgado a España, el Ejecutivo comunitario exigió al Gobierno un fuerte ajuste presupuestario anual del 1,75% del PIB durante el periodo 2010-2013. Para lograrlo, Bruselas recomienda reformas en el mercado laboral y en las pensiones y pide que las comunidades autónomas y los ayuntamientos contribuyan también a reducir el déficit.
La economía española «atraviesa un momento crítico y lasituación se va a prolongar durante 2010». Con estas palabras resumía un destacado miembro de la Junta Directiva de CEOE el escenario que el responsable de análisis económico de la patronal, José Luis Feito, dibujó durante la reunión de ayer de la cúpula de la organización. Un escenario que empeora sensiblemente las previsiones del Gobierno, que está más próximo al que anuncian los principales organismos internacionales y que mantiene el crecimiento negativo de la economía y la situación de deflación para el próximo ejercicio, año en el que la tasa de paro se elevará hasta el 20 por ciento de la población activa.
Escarmentados por la experiencia acumulada durante años, PNV y PSOE están decididos a no dejar ni un resquicio que permita atacar las normas fiscales de las diputaciones vascas en otra instancia que no sea el Tribunal Constitucional, o por agentes ajenos al Gobierno central, el Defensor del Pueblo o las Cortes. Con este objetivo, socialistas y nacionalistas registraron ayer en el Congreso cuatro enmiendas conjuntas a la proposición de ley del Parlamento vasco sobre lo que se ha dado en llamar el blindaje del Concierto Económico, la equiparación de la protección jurídica de la fiscalidad vasca con la de las leyes emanadas de los parlamentos autonómicos.
El desempleo seguirá aumentando en noviembre y diciembre, aunque en menor medida que en los mismos meses de 2008, lo que hace «factible» que al cierre de 2009 se alcancen los cuatro millones de desempleados, según el informe de AFI- Agett. El estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal ( Agett ), recuerda que ya hay más de 3,8 millones de desempleados y que noviembre y diciembre son meses en los que suele incrementarse el paro incluso en las fases expansivas del ciclo.
Se acabaron las fases de concienciación y movilización, las empresas ya han asumido que los procesos innovadores son una herramienta productiva más. Ahora toca "pasar a la acción", dijo ayer el consejero vasco de Industria, Bernabé Unda en la inauguración de la VIII edición del congreso Business Global Conference+i, que se celebra en el Palacio Euskalduna bajo el lema La innovación en red y que reúne a 500 congresistas. El consejero dijo que las compañías "deben materializar sus proyectos y ajustarlos a la realidad". Además se impone la necesidad de buscar modelos de colaboración entre empresas que permitan "compartir costes y riesgos a la vez que beneficios".
La consejera de Empleo y asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, reconoció ayer que la asunción de las políticas activas de empleo es un proceso aún abierto y pendiente de "flecos", que evitó precisar, limitándose a aclarar que el suelo mínimo de la transferencia es "no menor de 300 millones de euros", lo que supondría una pérdida de al menos 175 millones si no se reivindica y consigue del Gobierno español el traspaso de las bonificaciones -valorado en el conjunto del Estado en 2.800 millones de euros- al no transferirse el correspondiente 6,24%.
El futuro servicio vasco de empleo, que nacerá el próximo enero con la transferencia a Euskadi de las políticas activas, tendrá la forma jurídica de 'ente público de derecho privado'; es decir, será gestionado como una empresa privada, según anunció ayer en el Parlamento vasco la consejera Gemma Zabaleta. La titular de Empleo y Asuntos Sociales defendió la idoneidad de esta fórmula, que permitirá, a su juicio, «un mayor margen de autonomía de actuación y agilidad de funcionamiento» de cara a afrontar el «reto» de mejorar el mercado de trabajo y la «lucha contra la exclusión social» en la actual coyuntura de crisis económica.
El número de efectos de comercio devueltos por impago de familias y empresas bajó un 33,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2008, hasta sumar un total de 409.887, según los datos hechos públicos ayer por el INE. De este modo, el importe de los impagos alcanzó los 816 millones de euros, lo que supone un 57,2% menos en tasa interanual.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha echado el pestillo a la puerta que ya había cerrado el 30 de junio con su sentencia favorable a la ilegalización de Batasuna. Los cinco jueces de la Gran Sala de la Corte rechazaron el pasado viernes por unanimidad los recursos presentados por los letrados del partido de la izquierda abertzale contra la sentencia que avaló su ilegalización por parte del Tribunal Supremo de España el 17 de marzo de 2003, medida avalada a continuación por el Constitucional. La resolución se dio a conocer ayer, tan sólo unas horas antes de que el Parlamento vasco celebre precisamente esta mañana un debate sobre la sentencia de Estrasburgo.
Confebask
Copyright © 2003-2005 Confebask. All Rights Reserved
