Domingo, 18 de Octubre de 2009
Núm. 289/2009
Año XXII
Los datos del CRL constatan que hasta el pasado mes de agosto prácticamente la mitad de los trabajadores vascos que debían haber renovado sus convenios, concretamente 318.000, estaban pendientes de hacerlo, frente a 55.653 que ya lo han solventado. La situación de crisis económica y sociolaboral está ralentizando -prácticamente abortando- la negociación colectiva en la CAV, y generando si cabe más incertidumbre sociolaboral. La otra mitad, 268.779 empleados, tiene vigentes sus condiciones este año, y por tanto no tienen que y otros 55.653 precitados que sí los han negociado y pactado este año.
La fortaleza del euro inquieta a las autoridades económicas europeas. La abordarán los ministros de Finanzas y el presidente del Banco Central Europeo en un encuentro que mantendrán el próximo lunes. La divisa común registra una fuerte y rápida revalorización -ha pasado de valer 1,253 dólares en marzo de este año a un máximo de 1,496 el pasado jueves, aunque el cambio oficial quedó en 1,489 al cierre del viernes- que puede comprometer la todavía incipiente y tambaleante recuperación económica de la zona. La economía de los socios del euro ya sufre los primeros efectos. En agosto registró un déficit comercial de 4.000 millones de euros, frente al superávit de 12.300 millones del mes de julio.
La innovación se ha convertido en uno de los ejes básicos de las pequeñas y medianas empresas vascas. El programa Euskadi+Innova ha puesto a disposición de estas pymes un itinerario de la innovación compuesto por Foros, en los que se explica la necesidad de innovar y las ayudas públicas que se pueden solicitar. A ello se suman las Agendas de la Innovación, a través de las cuales se planifica la estrategia a seguir con ayuda de consultores acreditados. Además, los programas formativos Lider21 o Directiv@21, dirigidos a los responsables de las empresas; y el plan Aldatu, para el desarrollo de proyectos de innovación en organización y mercado.
En medio de la peor crisis de los últimos tiempos, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, espera que no haya que retocar más los impuestos, pero avisa: «Estamos ante una quiebra de la recaudación», que puede hacer necesario volver a quitar deducciones y exenciones en los principales impuestos.
No oculta las dificultades para afrontar un 2010 cargado de incertidumbres, ambiente de recesión, paro creciente y estrecheces económicas por todos los lados. También en la institución que preside, que ha pasado en poco tiempo de la abundancia a la necesidad de aplicar recortes. José Luis Bilbao cree que, pese a la crisis, es el momento de mirar en la distancia, de hacer apuestas de futuro, a 10 ó 20 años vista, porque ésas serán las que creen riqueza. Y ahí el diputado general de Vizcaya dirige su mirada crítica hacia la gestión del Gobierno de Patxi López, a quien acusa de tener planteamientos «cortoplacistas».
En la sede del Partido Popular de Euskadi han saltado todas las alarmas. El problema procede de las comunidades autónomas vecinas, donde las direcciones regionales del PP se han empeñado en llevar la contraria a sus compañeros vascos y ultiman un frente común para rechazar que las normas fiscales vascas tengan rango de ley. Desbordado por el 'no' de los suyos a lo que se viene en llamar el blindaje del Concierto, la formación que lidera Antonio Basagoiti se ha visto en la obligación de descolgar el teléfono rojo y llamar de emergencia a Génova, central del partido en Madrid.
Josu Erkoreka reconoce que el PSOE se ha tenido que comer un «caramelo amargo» con el blindaje del Concierto a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales, y está convencido de que sin el efecto «palanca» ejercido por su partido, la proposición de ley, consensuada en el Parlamento Vasco, no hubiese salido adelante en Madrid. Superado el primer trámite, el más complicado y «de más enjundia», ahora comienza la verdadera negociación presupuestaria, la de las inversiones para el País Vasco, donde el PNV quiere luchar por «el desarrollo y la tecnología».
Algunos economistas han buceado en crisis anteriores para encontrar precedentes a la crisis financiera actual; la Gran Depresión de los años 30, las crisis financiera en economías emergentes de los años 90... Existe la coincidencia en que la crisis con la que guarda más similitud la situación por la que atraviesa la economía española es la que precedió al decenio perdido en Japón. En ambos casos se ha producido un estallido de la burbuja inmobiliaria, crisis bancaria, parálisis crediticia, deflación e importantes estímulos fiscales y monetarios, entre otros.
Los empresarios de La Rioja prefieren el amparo de la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León a la del País Vasco. No tienen SGR regional propia que avale sus operaciones técnicas y financieras y de hecho recurrían a la vasca Elkargi. En breve, la situación cambiará e Iberaval les prestará sus garantías. Para ello, la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER), organismo adscrito al Ejecutivo autonómico, entrará en el capital de la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León, Iberaval.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al menos en materia energética, ha decidido vivir -y legislar- al día. El objetivo: intentar alcanzar el equilibrio entre la apuesta medioambiental del Gobierno, el apoyo a la gran empresa tradicional y la falta de recursos en plena crisis. Muy difícil. El resultado, al menos durante esta semana, con la tramitación de una enmienda para limitar las ayudas a las renovables que modificaba lo establecido por segunda vez en cuatro meses, fue el caos.
Los últimos informes sobre la situación de la banca española elaborados por Moody´s, Variant o por Iberian Equities, han provocado una oleada de réplicas del sector financiero y político rebatiendo los argumentos de esas compañías. Lo que más ha dolido en el ámbito bancario, sobre todo del informe de Moody´s, ha sido la acusación de que las entidades españolas ocultan o que evitan reconocer en sus balances la magnitud real del deterioro de sus activos a través de diferentes operaciones.
Casi un 40% de los menores de 25 años no encuentra trabajo. Muchos de ellos no van a tener más remedio que recurrir a la ayuda de sus padres, que también afrontan especiales dificultades. En los mayores de 45 años la proporción de desocupados es muy inferior, pero también son mucho menores sus posibilidades de reengancharse al mercado laboral una vez se han quedado en la calle. Son dos generaciones, una cargada de ilusión y la otra de experiencia, que corren el riesgo de perderse por culpa de la crisis.
El clima general de buen entendimiento reinante entre el PNV y Hamaikabat (EA hasta su escisión en junio pasado) en el seno del Gobierno foral guipuzcoano se ha visto jalonado en sus dos años y medio de convivencia por un indisimulado enfrentamiento en materia fiscal, llevado al extremo por las desavenencias con el Impuesto de Sociedades y de forma más soterrada con el de Patrimonio. Superado el ecuador de la actual legislatura, ambas formaciones nacionalistas han convenido limar sus asperezas y afrontar el tramo que resta hasta los citados comicios con mucha mayor armonía interna. De este modo, el PNV consigue garantizarse la paz fiscal en Guipúzcoa y evita entrar de nuevo la ruptura de la estructura impositiva con Vizcaya y Álava.
Los ejecutivos de las cajas están desorientados. Los gobiernos de las comunidades autónomas, que fueron sus mejores amigos y protectores, ahora se han convertido en los peores jefes. Antes les protegieron de la voracidad de los bancos tanto en España como en Bruselas, o incluso frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). El poder político hizo piña para repeler los ataques y mantener la naturaleza jurídica de las cajas. De este modo, ellas pueden comprar bancos, pero éstos no tienen permiso para hacerse con una caja. Sin embargo, las ventajas del pasado son ahora los mayores inconvenientes. Hace sólo unas semanas, Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) dijo que los Gobiernos autonómicos eran "órganos extraños a las cajas" y "perturbadores" que están frenando o aniquilando oportunidades de fusión.
No hay nada peor que acusar a un banquero de ocultar pérdidas en su balance. El negocio financiero se basa en la confianza y si alguien engaña, se acabó la relación. Nadie querrá dejar su dinero. El martes pasado la agencia estadounidense de calificación de riesgos Moody's anunció que llegan tiempos difíciles para la banca española. La agencia mantiene en "negativo» su perspectiva sobre el sistema financiero, para el que calcula un déficit de provisiones de unos 57.000 millones.
El pasado martes, mientras José Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama volvían a erigirse, en este caso juntos y desde Washington, en adalides internacionales de la lucha contra el cambio climático y el impulso a las energías renovables, en España se fraguaba la enésima rebelión de este sector contra el Gobierno. Esta vez, sin embargo, la batalla ha adquirido tintes más polémicos de lo habitual, al extenderse por escabrosos flancos políticos. No sólo las empresas que producen energía eólica y solar se han enfrentado, de nuevo, al Gobierno por su política errática en el diseño de las reglas del sector y los sorpresivos cambios legislativos.
Decenas de miles de personas se echaron ayer a a la calle en San Sebastián para protestar por las últimas detenciones de diez dirigentes de la izquierda abertzale. Convocados por los sindicatos nacionalistas, la totalidad de partidos políticos abertzales se hicieron eco del llamamiento y mostraron una imagen unitaria que en la última década se había visto en ocasiones muy puntuales y no tan masivas. Dirigentes de la mayoría de las fuerzas abertzales tomaron parte en la manifestación y mostraron su apoyo y solidaridad con los diez detenidos el pasado martes. Entre los participantes, Joseba Egibar, presidente del PNV en Gipuzkoa, no dudó en saludar y estrechar la mano a Rufi Etxeberia que, junto a Txelui Moreno, fueron dos de los cinco arrestados y luego liberados -uno de ellos tras pagar una fianza- que ayer tomaron parte en la convocatoria.
La operación diseñada por ETA para este otoño de cara a la creación de un nuevo frente soberanista tenía previsto repetir los escenarios que en 1998 permitieron la creación del denominado Pacto de Lizarra, aunque con bastantes diferencias clave. Una de ellas era que ETA pretendía contar con las siglas de Eusko Alkartasuna (EA) como garantía para una hipotética legalización que les permitiera regresar a las instituciones. La segunda era que el plan pretendía ningunear al PNV, al que se pretendía dejar fuera de la iniciativa soberanista de tal forma que el partido liderado por Iñigo Urkullu dejase de ostentar «el estatus de primer interlocutor con el Estado».
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